Viernes, 7 Enero, 2011 - 19:38

Ley 6028: el Estado debe garantizar las sentencias judiciales firmes

Durante la semana pasada el Gobierno provincial emitió a través del Ministro de Gobierno y del Secretario de la Gobernación, algunas señales de que no estarían dispuestos a cumplir con la letra de la ley 6028, declarada constitucional por el STJ de la Provincia. Creo que hace falta construir un Estado responsable, que respete a las instituciones y los derechos sociales, no un Estado que de excusas poco serias frente a derechos reconocidos en la Ley 6028, lo que debe resultar para los trabajadores que dejaron en el camino efectivo y no ilusorio.

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Resulta llamativo los fundamentos que otorgan estos dos “hombres de derecho” para esquivar el cumplimiento de la ley. El Ministro de Gobierno dice que el Ejecutivo aún no ha sido notificado de lo dictaminado por la Corte Suprema y que por trascendidos, la cuestión no fue tratada por el máximo órgano de Justicia de la Nación, ya que los jueces desestimaron la competencia federal y devolvieron el fallo, sin efectuar consideraciones al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.



Ambas cuestiones, no tienen ni seriedad ni entidad para no cumplir la manda de la norma. Veamos, la notificación es sólo una cuestión de tiempo y que la Corte “no haya agregado nada” es simplemente porque al ser una cuestión de derecho común, es decir, que se trata de un conflicto que se debe resolver en esta provincia, no afecta al orden federal y en consecuencia no corresponde que la Corte trate el tema, porque de hacerlo estaría afectando la Unión Nacional. Estos tibios argumentos también fueron utilizados por otro “hombre de derecho” como lo es el Diputado Sánchez.



Por su parte el Secretario de la Gobernación, quizás conociendo el fallo del Superior Tribunal de Justicia, avanzó un paso más, afirmando que ese fallo es de imposible cumplimiento y atreviéndose incluso a decir que: “de ninguna manera estaríamos ante una situación de legalidad, por cuanto esas leyes no resisten el menor análisis de tiempo u oportunidad que son necesarios para hablar de legitimidad”, observándose mayor irresponsabilidad en sus dichos, por cuanto el Estado Provincial –comprensible de los tres poderes- se encuentra obligado a garantizar el cumplimiento de las sentencias dictadas por el poder Judicial en forma sencilla, rápida y efectiva, debiendo arbitrar los medios a fin de impedir que las mismas sean sometidas a la discrecionalidad de la Administración.



El lector debe saber, que es obligación del Estado agotar todos los recursos internos para resguardar el efectivo ejercicio de los derechos de los trabajadores garantizados por la Constitución Nacional y por el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.



Una versión más ortodoxa hubiera sido, que al no estar formalmente notificado el Ejecutivo del rechazo del recurso extraordinario federal, no estarían en mora con los derechos de los trabajadores que han afectado al no renovarles el contrato que mantenían con el Estado Provincial y que las expresiones efectuadas son solamente apreciaciones personales y subjetivas de los funcionarios de turno y que respetarán un fallo dictado por jueces a los que el propio Ejecutivo les presentó el caso.



Pero con todos estos datos ¿Alguien considera que el Ejecutivo Provincial va a respetar la ley 6028? Personalmente creo que no hay margen de maniobra para evitar el cumplimiento, pero sin duda que pueden intentarlo. Es más creo que esta declaraciones adelantan la conducta del Gobierno en relación al tema



Y allí está la clave de la cuestión, obviamente sobre esta realidad están buscando montar otras realidades, que la ley 6028 se trato de una operación política, que no cuentan con fondos suficientes, que la cuestión es abstracta porque todos los trabajadores se encuentran comprendidos en la ley 6655, en síntesis cualquiera que sea la versión que se tenga de estos “hombres de derecho” ninguna está dirigida a respetar el cumplimiento de la ley 6028, porque todos sabemos que a la fecha existen trabajadores que esperan esperanzados en sus casas que se le reconozca su derecho.



Y aquí surge otra paradoja. Estas manifestaciones se verifican hoy, en el momento en que desde el Ejecutivo Provincial anuncian récord la recaudación fiscal y el gasto, récord en proyecciones de obras y servicios y con el estatismo como la “idea predominante” de la sociedad. Pero sabemos que no hay Estado para brindar los servicios básicos a toda la población y no hay Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos, de sus vidas y de sus bienes y tampoco hay Estado cuando no se respetan los derechos de trabajadores reconocidos en la ley 6028.-



La historia de nuestra provincia nos ha demostrado que el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes es irreversible, demorarlos es más costoso que aceptarlo.



Por ello es que resulta llamativo que estos interlocutores busquen opciones para no reconocer los derechos de los trabajadores cuando años atrás eran fervientes defensores de las sentencias judiciales que se dictaban en contra del Estado Provincial, recordemos los fallos de los empleados judiciales, que en una época de plena crisis han sido pagados por el Estado Provincial.



Creo que hace falta, entonces, construir un Estado responsable, que respete a las instituciones y los derechos sociales, no un Estado que de excusas poco serias frente a derechos reconocidos en la Ley 6028, lo que debe resultar para los trabajadores que dejaron en el camino efectivo y no ilusorio.





* Diputado provincial