Jueves, 6 Enero, 2011 - 09:16

Aunque catalogó de "desopilante" la sugerencia del intendente
Martínez promete hacerse un examen psiquiátrico si Carbajal se presenta ante la Justicia Federal

La pelea entre el diputado Carlos Martínez y el intendente de La Leonesa, José Carbajal parece no tener límites. Lo que empezó con la denuncia del legislador sobre los efectos contaminantes de agroquímicos sobre la población de dicha localidad terminó en sospechas de su sanidad mental esgrimidas por el jefe comunal, con incidentes violentos, presentaciones judiciales y continuos ataques mediáticos. Martínez promete seguir denunciando el efecto de los plaguicidas en la salud y recomienda a Carbajal acostumbrarse a las críticas porque es funcionario público. “La citada estratagema de sentirse injuriado y calumniado ya la utilizó", remató.

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En el día de ayer, el intendente de La Leonesa José Ramón Carbajal ha formulado, a través de su apoderado legal, manifestaciones respecto a mi actuación como legislador que estimo necesario responder:



En primer lugar, jamás he atacado la honra ni el crédito ni he descalificado las cualidades personales de ningún ciudadano o ciudadana. No es mi estilo, ni con usted ni con nadie.



Si he denunciado -y le aseguro que lo seguiré haciendo- el efecto de los plaguicidas en la salud de los habitantes de mi provincia, las malformaciones que producen en recién nacidos y los casos de leucemia alarmantes en niños a consecuencia del uso indebido de estos verdaderos venenos mortales del actual modelo agroindustrial extractivo.



Y me he valido para ello no de mi propia subjetividad sino de la objetividad indubitable de los estudios científicos, de los informes de campo y datos estadísticos realizados por organismos dependientes del Estado Provincial y de las denuncias de los propios vecinos de su localidad.



La primera de ellas, la del científico Andrés Carrasco, de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional, que demostró, mediante pruebas de laboratorio, el efecto degenerativo de pequeñas dosis de glifosato (el principal plaguicida usado hoy en agricultura a gran escala) aplicados sobre embriones de animales.



La segunda, el informe oficial de la Comisión de Contaminantes del Agua, creada por Decreto del Gobernador, e integrado por distintos organismos del Estado Provincial, que concluyó que en la última década se multiplicaron por tres y por cinco los casos de malformaciones y leucemias en el Departamento Bermejo; lo que incluye a la ciudad de La Leonesa, de la cual usted es jefe comunal.



Los datos estadísticos del último Censo Provincial de personas discapacitadas revelan un dato alarmante y confirman las peores sospechas: el mayor porcentaje de personas con discapacidad del Chaco corresponden al Departamento Bermejo, donde se encuentra La Leonesa, ciudad de la que usted, repito, es actual jefe comunal.



Aun así creo que lo más importante en esta cuestión lo constituyeron las denuncias de los vecinos de La Leonesa, en particular los del barrio La Ralera, lindante con las arroceras propiedad del productor Meichtry.



Desde luego que mi actividad no se detuvo solamente en la denuncia fundamentada, sino que pretendí (y pretendo) dar respuestas a través de una agenda de trabajo parlamentario, respecto a la defensa del derecho a la salud y al ambiente de nuestros ciudadanos-que también son los suyos-.



En esa dirección se inscriben las iniciativas legislativas de mi autoría acerca de la creación de la Secretaría de Estado de Ambiente y Recursos Naturales; la suspensión(por 180 días) de las pulverizaciones aéreas con plaguicidas(solo las aéreas); el funcionamiento de una nueva Comisión en la Legislatura, la de Ambiente y Recursos Naturales(separada de la de Agricultura y Ganadería) y por último la creación de una Unidad Fiscal Penal de Investigación a cargo del Fiscal de Derechos Humanos y dos fiscales adjuntos (estos últimos, con competencia en la que se refiere a delitos ambientales).



Mientras yo daba a conocer mi posición a través de estudios científicos probados, informes y estadísticas de organismos oficiales provinciales, denuncias de ciudadanos y proyectos de leyes presentados con la seriedad que debe hacerlo todo legislador, le pregunto: ¿Cuál fue, en contraposición, su conducta aquel violento 7 de agosto de 2010?.



Nada más ni nada menos que la que registraron las “objetivas” cámaras de fotos y de videos, y que toda la sociedad puedo ver: usted pronunció ese día hacia mi persona frases como las siguientes: “sos un chorro”; “chorro de m…..”, “sos un inútil”, “Inútil de m…..”; se dirigió a mó y todos los legisladores provinciales como “inútiles chupasangres que lo extorsionan al Gobernador”.



Las fotos y videos (que todo el mundo conoce y vio) muestran cómo usted ejerció violencia sobre mi persona, arrojándome hacia la “patota” sobre la que tenía total dominio y ascendencia para que siguiera la golpiza, y así sucedió respecto de otras personas, a las que usted, su esposa la diputada provincial Elda Insaurralde, y una turba enardecida e intolerante tuvieron bajo su merced y dominio durante más de tres horas.



Después de todo lo que hizo y dijo (y repito, que todo el mundo vio) pretende invitarnos a vivir en el mundo del revés a que se refería María Elena Walsh, donde los que tienen “desorden de conducta” y “psicopatías” resultarían ser los científicos, legisladores y vecinos víctimas de la violencia física y verbal.



Concluiríamos que usted, la diputada Insaurralde y el grupo de violentos que respondían a sus voluntades aquel día, serían el modelo de “orden de conducta” y de “salud mental” a seguir. ¿Y usted pretende que alguien en esta sociedad crea seriamente en ello?.



En segundo lugar, ya se tornó reiterativo como recurso del intendente Carbajal el sentirse objeto de los que el llama “ataques injuriosos o calumniosos” por parte de los que lo investigan (administrativa, civil o penalmente), lo critican o simplemente manifiestan un mínimo desacuerdo con sus opiniones y su “modus operandi”.



La citada estratagema de sentirse “injuriado y calumniado“ ya la utilizó para con el fiscal federal Corregido (descontento por la imputación de incumplidor de los deberes de funcionario público ), la delegada del Ministerio de Salud de la Nación, Ana Lía Otaño (una de las redactoras del informe sobre contaminación, a la que querelló), la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (que investiga su abultado e injustificado crecimiento patrimonial), la Fiscalía en la Penal Nº 4 (que lleva adelante el expediente por las agresiones del 7 de agosto en La Leonesa), varios periodistas, que han padecido de su “particular modo de entender la libertad de prensa”, y así podríamos seguir con los ejemplos.



Desconoce, o parece desconocer, las recientes reformas operadas en función de la ley 26551 que despenalizaron el tipo de las calumnias e injurias proferidas respecto a asuntos de interés público (y la salud, el ambiente y la lucha contra el narcotráfico, indudablemente lo son), amén de lo que establece nuestra Carta Magna Provincial respecto a la inmunidad de opinión de que gozan los representantes del pueblo.



Por lo tanto, el intendente Carbajal deberá acostumbrarse, como todo funcionario público, a cumplir la ley que obliga a soportar, en aras de la libre expresión en democracia y la formación de una opinión pública crítica y libre, aún las críticas que le aparezcan como injuriantes o calumniantes, siempre que esté en juego el interés general.



Por último, el intendente afirma que yo le adjudico “accionar delictivo” a él y a su señora esposa, la diputada del Partido Justicialista Elda Insaurralde. Creo que está o muy nervioso o muy susceptible, más lo seguro es que está por demás equivocado.



Lo que yo he dado ha conocer a los medios de comunicación en los últimos días es una de las tantas imágenes fotográficas y de video tomadas durante los sucesos de violencia ocurridos en La Leonesa donde se lo ven, en varias oportunidades, a usted y a su esposa en compañía de Jorge Fernández, actualmente detenido y principal imputado en la causa por el secuestro de drogas en la ruta 11.



También estaban con usted y con la diputada Insaurralde aquel 7 de agosto, “Papin” Viñuela, Roger “Mortadela” Romero, Milton de Campos, José Rivero y otros que usted -estando bajo juramento- negó conocer cuando declaró ante la Comisión de Asuntos Constitucionales el pasado 7 de diciembre.



Por supuesto que no es delito estar en compañía o mantener cercanas relaciones políticas o personales con un imputado por transporte de estupefacientes, de quien, se presume su inocencia.



Pero estoy absolutamente convencido que harían muy bien usted y su señora esposa, Elda Insaurralde, en presentarse espontáneamente ante la Justicia Federal a fin de aportar lo que saben respecto al accionar del imputado Jorge Fernández . De ser así, me comprometo a empezar a estudiar seriamente su, por ahora, desopilante propuesta de realizarme un pericia psiquiátrica.



P.D. : Descarto desde ya que apoyará desde su condición de intendente de La Leonesa el Proyecto de Resolución de mi autoría para crear una Comisión Especial Legislativa que investigue la actividad del narcotráfico y el contrabando en el Departamento Bermejo.