Lunes, 22 Abril, 2013 - 18:39

Reforma propuesta por el Ejecutivo
La Asociación Judicial en contra del proyecto de democratización de la justicia

Aseguran que "de ninguna manera estas reformas facilitarán el acceso a la justicia de los sectores populares".
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En un comunicado firmado por el secretario General, Daniel Antón y Carlos Maidana y que se pública a continuación expresan:
En primer lugar coincidimos con los fundamentos de Federación Judicial Argentina y La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en cuanto a que de ninguna manera estas reformas facilitarán el acceso a la justicia de los sectores populares, los procesos judiciales, continuarán siendo lentos, caros, inaccesibles e inentendibles para la gran mayoría de la población.- a) La forma de ingreso ya está determinada en nuestra provincia que debe ser mediante examen de antecedentes y oposición. b) Declaraciones Juradas debe existir en los tres Poderes del Estado c) Publicación de las sentencias, acordadas y resoluciones, se accede a través de las mesas de entradas informatizadas.
d) La elección de diecinueve integrantes del Consejo de la Magistratura a través del sufragio universal que se realizarán en forma conjunta y simultánea con las elecciones generales en las cuales se elija presidente. Se compone de tres Jueces del Poder Judicial de la Nación, tres abogados de la matricula federal, seis representantes del ámbito académico y científico, seis legisladores (tres diputados y tres senadores) y un representante del Poder Ejecutivo. Como se verá no se da participación a representantes de los trabajadores judiciales por un lado y en vez de democratizar la justicia, la politiza, porque las listas de aspirantes irá en la boleta junto con la de los partidos políticos. Preguntamos. A quién responderán los consejeros cuando tengan que nombrar, sancionar o destituir jueces.?- Debemos tomar ejemplo de las provincias de Chubut, Entre Ríos y Santa Cruz que tiene participación a los trabajadores judiciales y consejeros populares para romper de algún modo, la supremacía que tienen los abogados y la clase política- e) Cámara de Casación no contribuirá a dar mayor agilización a la administración de justicia, lo tornará más lenta. f) La regulación de las Medidas Cautelares provoca un retroceso en la tutela de los derechos sociales, más precisamente en el artículo 17 que prohíbe dictar resolución que afecte o perturbe los bienes del Estado, ni interponer cargas personales pecuniarias a los funcionarios y sí permite la tutela urgente del interés público comprometido por la interrupción de los servicios públicos, lo que pone en peligro y avanza sobre el derecho de huelga de las organizaciones sindicales con competencia en los tres poderes del estado, restringiendo de alguna manera los derechos contemplados en la Constitución Nacional.
Como Institución Gremial queremos garantizar una efectiva independencia de la justicia de los poderes políticos, de los partidos políticos, de los lobbies y corporaciones que representan el poder económico, erradicando las trenzas corporativas y contubernios políticos.- No habrá democratización de la Justicia, si no existe la Justicia Social que se compadece con la percepción del 82 % móvil para nuestros jubilados, la eliminación del Impuesto a las Ganancias en los sueldos, Paritarias Libres y una sociedad de pleno empleo.