Lunes, 22 Abril, 2013 - 09:36

Reforma de la Justicia
Advierten "manifiestas inconstitucionalidades" en democratización de la Justicia

Osvaldo Gozaíni y Daniel Sabsay, entre otros, suscriben el crítico documento de la Asociación de Derecho Constitucional.
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La Asociación Argentina de Derecho Constitucional estima debido pronunciarse en relación a los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo al Congreso con la finalidad de "democratizar la justicia", ante manifiestas inconstitucionalidades que se aprecian en sus textos, como son: la elección popular de los jueces y abogados que integrarán el Consejo de la Magistratura; una irrazonable restricción a las medidas cautelares que se dicten contra el Estado Nacional, que afectará a la independencia de los jueces para proteger los derechos humanos, individuales y sociales y el federalismo; y la irregular sustracción de materias administrativas y económico financieras de las atribuciones de la Corte Suprema. Asimismo, señala que la entidad de una reforma como la que se pretende no está acompañada de un adecuado término para el prudencial examen y debate de las iniciativas, lo cual afecta los principios republicanos de nuestra Constitución.

I- La elección popular de los representantes de los jueces al Consejo de la Magistratura es particularmente lesiva del mandato contenido en el artículo 114 de la Constitución Nacional, en cuanto violenta el texto y la finalidad de esa norma. También, la participación de los magistrados en elecciones primarias y generales, en tanto implica la aceptación de políticas expuestas en las bases programáticas y plataformas electorales de los partidos que los registren en sus boletas, importa afectar principios y normas que inhiben el ejercicio de actividades políticas por parte de quienes están llamados a integrar un poder independiente y deben juzgar acerca de esas políticas. Ello significa la pérdida de imparcialidad de los magistrados y la politización del Poder Judicial de la Nación, con la consiguiente ruptura del principio republicano de División de Poderes.

II- Por su parte, la rigidez de las limitaciones del proyecto de ley de Medidas Cautelares, cuando ellas sean contrarias al Estado Nacional, violenta el postulado de Acceso Efectivo a la Jurisdicción, el Debido Proceso y la Igualdad ante la ley (artículos 16 y 18 de la Constitución); a la vez que resulta contraria a la regla de la Tutela Judicial Efectiva afirmada en Tratados de Derechos Humanos con rango constitucional. Por consiguiente, los justiciables, sean particulares o públicos (como las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios) verán limitados en el ejercicio y protección de sus derechos.

III- Las modificaciones para trasladar atribuciones de superintendencia económica, financiera y reglamentaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Consejo de la Magistratura, destruirán la coordinación armónica que debe existir entre las respectivas facultades de estos dos órganos, con grave riesgo de colisiones entre ambos.

IV- Además, la decisión de los poderes de gobierno de llevar adelante el tratamiento de estos proyectos con inusitada urgencia, impide un sereno y detenido análisis y el control social de las iniciativas. Esas razones temporales, derivados de la urgencia en expedirnos sobre estas cuestiones de señalada trascendencia para el devenir de la Nación, limitan esta declaración a las materias individualizadas, lo que no supone validación, ni rechazo de las restantes, cuyo examen continuamos realizando.

COMITÉ EJECUTIVO
Dres. Mario A. R. Midón, Alberto M. García Lema, Eugenio Palazzo, Maria Gabriela Abalos, Horacio Rosatti, Pablo Riberi, Pablo Luis Manili, Pablo Garat, Marta Altabe de Lértora, Marcela Basterra, Alfredo Vítolo, Armando M. Márquez, Alfredo L. Durante, Víctor Bazán.


Por su parte, la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, entidad constituida con el fin de profundizar los estudios que relacionan el proceso judicial con la Constitución, dando lugar a una ciencia autónoma que disciplina la protección constitucional de todos los derechos, tiene el deber de informar a la sociedad su preocupación por el tiempo histórico al que se asiste y su rechazo a los proyectos de reforma judicial y procesal, llamados para la "democratización de la justicia",que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional para su tratamiento legislativo, los cuales vienen a instalar una polémica innecesaria sobre la independencia judicial y entre poderes, dando lugar a hostilidades sociales que pueden ocasionar desinteligencias y confusión respecto del rol que cada uno ejerce dentro del Estado.


Nuestro modelo constitucional no reclama del voto popular para la designación de jueces y magistrados, toda vez que la legitimación del Poder Judicial viene de la confianza implícita que el pueblo ha dado a quienes deben resolver los conflictos entre personasy de la función de control del poder político que nuestra arquitectura institucional le impone. Promover una iniciativa de este carácter, aun por medios indirectos, es una grave afrenta a la Constitución que no se puede ocultar.


El sistema procesal argentino, en materia de medidas cautelares, ha sido y lo es, un ejemplo para el mundo, dando espacio creciente a la defensa de los derechos humanos así como para amparar al Estado cuando se ha visto en riesgo la situación institucional. Por ello, el proyecto particular que en este tema se propone, no solo es inoportuno, sino, además, impertinente con los avances que tiene el instituto.


La preocupación de nuestra Asociación - como entidad al servicio de la democracia - espera que estos tiempos de zozobra puedan ser superados y que el debate responsable de los legisladores permita alcanzar el consenso necesario que encauce a nuestro país en la democracia constitucional, cuyo objetivo se centra en el respeto de los derechos y garantías de todos.



CONSEJO DIRECTIVO

Osvaldo A. Gozaíni (Presidente); Daniel A. Sabsay (Vicepresidente); Pablo Luis Manili (secretario general); Omar Abel Benabentos (Tesorero); Estela Sacristán (Protesorero); Marcelo A. López Alfonsín (Revisor de Cuentas).