Viernes, 19 Abril, 2013 - 17:14

Por Guillermo Villarreal (*)
Corrupción, Justicia e independencia de poderes

Los obispos insisten en promover una reforma integral que transparente el accionar de los hombres de ley.
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"La corrupción no es un acto, sino un estado personal y social, en el que uno se acostumbra a vivir. Los valores o desvalores de la corrupción son integrados en una verdadera cultura, con capacidad doctrinal, lenguaje propio, modo de proceder peculiar. Es una cultura de pigmeización por cuando convoca prosélitos para abajarlos al nivel de la complicidad admitida".



La contundente frase del libro "Corrupción y pecado" que Jorge Bergoglio, hoy papa Francisco, escribió en 2005, cobra inusitada actualidad en medio de sospechas de lavado de dinero, coimas y desvíos de fondos públicos que el gobierno kirchnerista intenta minimizar y hasta farandulizar para que el escándalo no golpee a las puertas de la Casa Rosada.


Una "crisis moral" de la clase política que los obispos vienen denunciando hace décadas y que el actual pontífice supo definir en esa publicación como "un proceso de descomposición" en el que personas e instituciones perdieron "su entidad, su capacidad de ser, de crecer, de tender hacia la plenitud, de servir a la sociedad entera".



El contexto político, ya enrarecido, sumó por estas horas las denuncias contra Lázaro Báez, el empresario santacruceño cercano al fallecido Néstor Kirchner y a la presidenta Cristina Fernández, y una masiva protesta ciudadana conocida como 18A contra un modelo de gobierno.




También la preocupación de la Iglesia por las acechanzas a la independencia de poderes que conllevan los seis proyectos para "democratizar" el poder judicial que el oficialismo intenta aprobar en un trámite "express" en el Congreso.



Fuentes eclesiásticas consultadas por DyN advirtieron que, de consustanciarse la iniciativa, el futuro marco legal abre la puerta a la designación de jueces "adictos" que, subrayaron, pueden congelar causas para que "todo quede impune en el país de la impunidad".

El martes, el plenario episcopal fue tajante al alertar que con el tratamiento apresurado de las reformas judiciales se corre el riesgo de "debilitar" la democracia republicana consagrada en la Constitución, una de cuyas dimensiones esenciales es la autonomía de sus tres poderes.


En el planteo eclesiástico subyace la dura crítica que a principios de marzo esbozó la Comisión Nacional Justicia y Paz, compuesta por laicos presididos por Gabriel Castelli y asesorada por los obispos Jorge Casaretto y Joaquín Sucunza.



Aquel rechazo a la iniciativa oficial fue directo, sobre todo al calificar de "inadmisible" la politización de los jueces, porque "conspira contra la neutralidad" que debe exigírseles a los magistrados.


El órgano eclesial también se pronunció en contra de la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, por considerar que convertirá "a un órgano que debe ser técnico y riguroso, en escenario de luchas partidarias".



Este último es un punto clave, que la Iglesia estudia hace años. En 2009, el Episcopado, a instancias de Bergoglio, encomendó a un equipo técnico -abogados y ex jueces, en su mayoría- redactar sugerencias para acercar a los legisladores para que el Consejo de la Magistratura recupere su "legitimidad".


Ese estudio propuso que la integración sea de 18 miembros: 3 representantes de Diputados, 3 de Senadores, 1 representante del Poder Ejecutivo, 4 jueces de las instancias anteriores a la Corte Suprema, 1 juez del máximo tribunal nacional, 4 abogados y académicos.



Asimismo, recomendó que quienes representen a las cámaras Alta y Baja no sean legisladores en actividad sino representantes designados por ellos.


Otra significativa modificación, según aquel documento ahora reflotado, era la restauración de la presidencia del Consejo de la Magistratura en un juez de la Corte Suprema, como forma de respetar su carácter de cabeza del Poder Judicial estipulado en el artículo 108 de la Constitución.



Más allá del actual debate, los obispos insisten en la necesidad de promover una reforma integral que transparente el accionar de los hombres de ley, modernice las estructuras administrativas y favorezca el acceso a una justicia más equitativa para todos.

(*) Para Agencia DyN