Miércoles, 17 Abril, 2013 - 12:03

Conflicto docente
Piden que la Comisión de Derechos Humanos evalúe la legalidad de la resolución que establece suplir a docentes que hagan paro

Es una iniciativa de los diputados Martínez, Altamiranda y Varisco.
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En horas de la mañana de hoy,16/04/2013, ingresó la Nota 4838/13 firmada por los diputados Carlos Martínez(Libres del Sur-FAP), Elba Altamiranda (Bloque UCR-Alianza) y Jorge Varisco (Bases y Principios) por la cual se dirigen a la Presidenta de la Comisión Permanente Legislativa de Derechos Humanos, Profesora Mariel Nancy Gersel, a fin de solicitarle proceda a iniciar las actuaciones correspondientes a los fines examinar, investigar y dictaminar respecto a los alcances, congruencia y eventuales transgresiones de la Resolución 506/2013 dictada a fines de marzo por el Ministro de Educación ,Sergio Soto con relación a la legislación de orden internacional, nacional y provincial vigente.

El diputado Carlos Martínez, uno de los impulsores del inicio del pedido, señaló que "el dictado de esta resolución por parte de las autoridades del área educativa del gobierno del contador Capitanich, y su inicial y más que problemática aplicación en los establecimientos escolares, ha generado resistencias en una parte importante del sector docente , al tiempo que plantea severas dudas respecto a su eficacia práctica como instrumento componedor del conflicto educativo así como serios y fundados interrogantes de que sea esa la medida discrecional de gobierno óptima y adecuada desde el punto de vista legal y constitucional".


Finalmente, agregó que "los legisladores no debemos ser espectadores pasivos de las normas que hemos sancionado desde esta legislatura y estamos obligados a controlar su real cumplimiento; de igual forma estamos llamados a evaluar la adecuación normativa de la legislación reglamentaria que se dicte desde el Ejecutivo y sus organismos con el derecho internacional de los derechos humanos, en particular, lo referente a normativa laboral vigente. Estamos de esta forma cumpliendo cabalmente nuestro rol, como integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, de garantizar la protección no solo de los derechos humanos civiles y políticos sino también los derechos sociales, económicos, culturales y de incidencia colectiva, tal como lo establece la ley provincial 2971 y el artículo 67 de la Resolución 828/2001 de la Legislatura Provincial".