Martes, 12 Marzo, 2013 - 14:32

Cáceres y Carballo quieren prohibir la portación de armas a policías fuera de servicio que hayan sido denunciados por violencia familiar

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La medida busca "resguardar la integridad física, psicológica y moral de las personas denunciantes".

El proyecto de Ley, que lleva el número 330/2013, firmando por la vicepresidente de la Cámara de diputados María Lidia Cáceres y su par Gustavo Carballo, alcanza a efectivos de la Policía de la Provincia que hayan sido denunciados por violencia familiar, y prohíbe la portación, tenencia y transporte del arma de dotación, fuera del horario de servicios.
El objetivo que se persigue es de "resguardar la integridad física, psicológica y moral de las personas denunciantes", señala el artículo primero del proyecto.
Además, se manifiesta que, el personal denunciado deberá retirar el arma de dotación en el momento de ingreso, entregándola al final de la jornada de trabajo, agregando que se darán "30 días" de plazo al Jefe de Policía de la Provincia, para establecer las responsabilidades de la restricción.
Los autores del proyecto, la diputada María Lidia Cáceres, vicepresidente de la Legislatura provincial y su par Gustavo Carballo, fundamentan que "la Ley Nº 26.485 que establece el sistema de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales establece que los "tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones".
Dicha Ley señala que para el cumplimiento de los fines establecidos en la misma, "el Estado debe garantizar, entre otras, la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia, debido a lo establecido en la legislación nacional.
En ese sentido, los legisladores consideran conveniente implementar la medida debido a "la cantidad de denuncias realizadas por personas víctimas de violencia de género ejercida por sus cónyuges, parejas y/o familiares integrantes de las fuerzas policiales y que en tal sentido, la situación de violencia puede verse agravada por la tenencia, portación y transporte de las armas particulares, aportando de esta manera a las políticas de protección para prevenir la violencia contra la mujer, la familia y las interpersonales, sin implicar en ningún tipo de sanción, solo suspendiendo la condición de legitimo usuario o portador de armas".
"Es necesario, ante los hechos de violencia que actualmente nos golpean, y como medida preventiva, quitar la posibilidad de estar armados a los violentos, al menos cuando están fuera del control de la fuerza de la policía", concluye la fundamentación de los legisladores.