Miércoles, 20 Febrero, 2013 - 16:45

Por mal desempeño y violación de la Constitución
La Coalición Cívica pide juicio político para Cristina y Timerman

Asimismo solicitan la nulidad del memorándum entre Argentina e Irán.

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Los diputados nacionales de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, Carlos Comi y Alicia Terada presentaron un nuevo pedido de juicio político contra la Presidente de la Nación, Cristina Fernández y el Canciller Héctor Timerman y un proyecto de resolución para declarar la nulidad "absoluta e insanable" del memorándum firmado por Argentina e Irán.
Los legisladores cuestionan "la importante cuota de legitimidad que obtiene la República de Irán, de cara al mundo que ha venido condenando en forma generalizada, su actitud reticente" y agregan "la suscripción del Memorándum no se trata sólo de una decisión de política exterior opinable en el marco del ámbito de oportunidad, mérito y conveniencia, respecto de la cual se puede estar a favor o en contra; sino de un evidente mal desempeño de sus funciones del Canciller Timerman y de la Sra. Presidenta de la Nación, con graves consecuencias en el caso y proyecciones internacionales negativas para nuestro país, en tanto permite observar una preocupante debilidad de la Argentina en la defensa de sus posturas, y termina garantizando la impunidad de los atentados a la Amia y a la embajada de Israel. Lo que este Parlamento no debe avalar".
Carrió, Comi y Terada integran las comisiones que analizarán el memorándum firmado por Argentina e Irán en la Cámara Baja. Los legisladores sostienen que "siguiente estrategia, en relación a las víctimas y para otorgarles un instrumento que las instancias judiciales pueda revertir los efectos de impunidad y falta de justicia del memorándum firmaron un proyecto de resolución por el cual se declara la nulidad absoluta e insanable del memorándum por violar el corpus constitucional integrado por la Constitución del 53 y los tratados incorporados en la reforma de 1994 que garantizan el derecho a la justicia".
"Aún cuando Diputados aprobara el memorándum sería inconstitucional porque tendría jerarquía inferior al corpus constitucional de tratados en materia de derechos humanos y es esto lo que deberían plantear los querellantes ante la Justicia", sostuvieron los diputados de la Coalición Cívica ARI.
"La cuestión gira en torno a que una ley que apruebe el acuerdo en cuestión, al igual que las leyes de obediencia debida y punto final, impediría -al igual que lo han impedido- a los órganos de administración de justicia, el ejercicio de la acción penal ante la comisión de determinados hechos que constituyeron graves violaciones de los derechos humanos y por los cuales la vida, el honor y la fortuna de los argentinos quedaron a merced del gobierno de facto. Por ello es que resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Nacional", sostienen los fundamentos del proyecto de resolución.
En el texto del proyecto de resolución, los diputados sostuvieron que "la firma del Memorándum en cuestión causa un grave daño a la Argentina, al convertirla en un país incapaz de sostener seriamente una postura o de mantener una política exterior de Estado, en un tema que la afecta directamente, con la firmeza que la envergadura del caso amerita. Desconociendo, además, el Derecho interno que forma el corpus constitucional e incluso Tratados Internacionales de Derechos Humanos como el Pacto de San José de Costa Rica, que tienen esa jerarquía" y agrega "En primer lugar, el memorándum suscripto es nulo constitucionalmente, de nulidad absoluta e insanable, en tanto el Poder Ejecutivo, en ningún caso, puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas (art. 109 C.N.) -norma que debe hacerse jugar armónicamente con las disposiciones del art. 29 de la propia Carta Magna-; y precisamente, eso es lo que está haciendo el P.E.N. cuando en clara dimisión de parte de nuestra soberanía, se arroga facultades para intervenir en el trámite de la causa penal sobre el atentado a la AMIA".
"Nos permitimos recordar que como fuera señalado en oportunidad de declarar la nulidad insanable de los decretos de indulto, la inconstitucionalidad radica en que contrarían lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Nacional y los principios del derecho de gentes, recibido en nuestro ordenamiento jurídico en el art. 118 de la Carta Magna. La inconstitucionalidad de tales indultos resultó patente pues consagraba la impunidad de quienes cometieron crímenes atroces, no susceptibles de ser perdonados. Por otra parte, también resultan inconstitucionales por cuanto, en algunos casos, el indulto recayó en personas que aún se encontraban procesadas, invadiendo así competencias propias del Poder Judicial y asumiendo facultades extraordinarias, conformándose la situación que el art. 29 veda y sanciona con la nulidad absoluta. En definitiva, el mismo supuesto que de aprobarse el Memorandum suscripto con la República de Irán, en tanto se iniciaría un camino irreversible hacia la impunidad de los atroces crímenes cometidos aquel 18 de julio de 2004", sostienen los diputados.