Sábado, 8 Diciembre, 2012 - 18:22

Nuestra dependencia del poder central

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Se dan expresiones concretas de ajuste que pesan sobre la calidad de vida en el interior.

El gobierno nacional anunció un resultado financiero negativo de $ 4.050 millones para el mes de octubre a pesar que recibió aportes extraordinarios del Banco Central que respaldan nuestra moneda y de la ANSES que les pertenece a los jubilados por $3.566 millones. El resultado indica que ha crecido un 36% en los últimos doce meses el déficit fiscal de la Nación a pesar de que el gobierno contuvo muchos gastos corrientes y frenó erogaciones de capital, en particular las transferencias a las provincias para obras públicas.
Los envíos a las provincias totalizaron en el último mes, según lo informado oficialmente, apenas un 3,3% más que hace un año con transferencias por $ 1.153,6 millones. Estos indicadores de las cuentas públicas nacionales ponen a prueba el mayor grado de dependencia de las provincias del poder central y tiene su reflejo más directo con expresiones concretas de ajuste que pesan sobre la calidad de vida en el interior del país.
Así podemos observar que la disminución de los subsidios al transporte automotor que la Nación impone en perjuicio de las empresas radicadas en el interior del país y que no aplica de la misma manera en el área metropolitana de Capital y Gran Buenos Aires, trae aparejado un déficit inmanejable por los empresarios del sector que ha provocado que tengamos que afrontar una tarifa del boleto urbano de $3,25 convirtiéndose en una de las más altas del país.
La discusión del boleto urbano debe plantearse primordialmente con la Nación y requiere una fuerte y decisiva intervención de los gobiernos provinciales y municipales por el reparto de los recursos que desde la Secretaría de Transporte se transfieren a las distintas jurisdicciones para subsidiar a las empresas de transporte automotor de pasajeros. La grave discrecionalidad y asimetría en la distribución de los recursos tributarios que se destinan a sostener las empresas del transporte urbano ha llegado a extremos tan irritantes que, por ejemplo, la Nación transfiere hoy cerca de $ 18.000 por ómnibus en el interior del país y más de $50.000 por ómnibus en el área metropolitana de Buenos Aires.
A esta arbitraria situación se ha llegado a través de un complejo régimen de subsidios nacionales implementados con tasas impositivas sobre el gasoil mediante el dictado de normas reglamentarias, supletorias y compensatorias que dieron lugar a una emergencia permanente, y que por su falta de equidad y justicia es causa y efecto de reiteradas postergaciones y exclusiones para los usuarios del interior del país, principalmente los sectores populares que no disponen de otras alternativas de movilidad.
Es la falta de un debate federal en el país lo que permite que se mantenga en la distribución de los subsidios al transporte semejante falta de paridad y equilibrio, cualquiera sea el parámetro que se considere por recorrido o pasajero transportado, que permite que se tripliquen o más en el área metropolitana de Buenos Aires frente a los que reciben ciudades como Córdoba o Rosario, Mendoza o Resistencia.
De la misma manera cuando el gobierno provincial intenta mayores aportes de los trabajadores para hacer frente al déficit del Insssep provocando el alerta de los gremios y jubilados, queda al descubierto la falta de autonomía de la provincia para defender los derechos de activos y pasivos, por cuestiones presupuestarias. Son estas las razones que han provocado más de 50 días de huelga de los docentes. Hasta los consorcios camineros sufren el embate del ajuste.
Hay una solución de fondo que está al alcance de la mano de todos los chaqueños, y es animarnos a peticionar al gobierno nacional que deje de retener injustificadamente el 15% de la coparticipación federal que se realiza en origen desde 1992 producto del Pacto Fiscal suscripto oportunamente y de manera solidaria para contribuir al sostenimiento de los jubilados de todo el país con motivo de la privatización de las jubilaciones realizada durante el gobierno menemista, pero que carece de todo fundamento desde que el sistema previsional volvió a manos del estado nacional. Y más aún, teniendo en cuenta que el Chaco fue una de las pocas provincias argentinas que en pleno auge de las políticas neoliberales de los años 90 no transfirió sus jubilados a la Nación asumiendo el Estado Nacional, a través de ese mismo Pacto Fiscal, el compromiso de sostener el déficit previsional.
A diferencia de esos años, hoy tenemos una ANSES altamente superavitaria que permitiría dejar sin efecto ese acuerdo fiscal entre la Nación y las provincias, como así también dar cumplimiento a la movilidad jubilatoria del 82% establecida por Ley y que no se cumple en función de destinar todos esos recursos a una desmedida pauta de propaganda oficial y al sostenimiento de un aparato clientelar pocas veces visto en detrimento de las provincias. Si hacemos esto, estaríamos garantizando no volver a tener más de 50 días de paro del sector docente, o de empleados públicos, judiciales y de la salud entre otros como consecuencia de justos reclamos salariales; y por supuesto terminaríamos con el histórico déficit del Insssep.
En realidad durante estos años no se ha removido los factores estructurales que condicionan el desarrollo del interior del país y que heredamos de la década del 90 donde la limitación del gasto público, la desregulación y reforma del estado, el aumento de los impuestos indirectos y la descentralización, ejes del Consenso de Washington, se impusieron para agrandar la responsabilidad fiscal de las provincias por el gasto transferido desde la Nación.
Se generaron entonces condiciones para profundizar la dependencia financiera de las provincias a la Nación. Con la descentralización del personal, sin transferir fuentes de recursos suficientes, el resultado es la amenaza constante de un deterioro de los ingresos provinciales sobre los que recae la responsabilidad de cuatro funciones básicas: salud, educación, seguridad y justicia donde es mayor el peso de la inflación sobre las remuneraciones.
Debemos entender que la distribución de recursos fiscales no es un tema aislado que se puede manejar al antojo del gobierno de turno, sino la manera como se construye federalismo. Es el modo y forma de una verdadera democracia que reparte con equidad y justicia aquello que es de todos y que lleva a cada lugar para prosperidad y bienestar de los pueblos. Porque no deben existir ciudades de primera y de segunda, mucho menos ciudadanos que merezcan mejores o peores servicios según el lugar del país donde hayan nacido.
Debemos encarar una fuerte recuperación del federalismo para sobrellevar la actual crisis fiscal. Es preciso advertir que con la concentración arbitraria de los recursos tributarios y subsidios en manos de la Nación se esta malversando una herramienta imprescindible para reducir la desigualdad social, y que nada hay más alejado de una política verdaderamente progresista que la concentración de la riqueza, el poder o la cultura.