Sábado, 8 Diciembre, 2012 - 17:24

La justicia le dio otra chance al Gobierno

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Traducido del alemán, el texto de la placa recordatoria dice lo siguiente: "Esto sólo fue un preludio, dónde se queman libros, se termina también quemando personas".

Allí, debajo, pegada al empedrado de la Bebelplatz, entre el edificio de la Opera y la Catedral Católica de Berlín, justo enfrente de la Universidad Humboldt, la frase de 1817 del filósofo Heinrich Heine golpea el alma.
Cuando el viajero llega a esa hermosa plaza seca cargada de energía y se asoma por el vidrio que sobre el piso cubre una biblioteca vacía no le queda otro remedio que estremecerse. Cuando rememora el horror que sucedió allí mismo la noche del 10 de mayo de 1935, cuando al menos unos 20 mil libros censurados por el nazismo, de autores judíos y de otros considerados antialemanes como Karl Marx, Sigmund Freud, Thomas Mann y el mismo Heine fueron a la hoguera, no puede dejar de pensar que lo que se incendió aquella noche trágica no fue papel, sino la opinión; en suma, la libertad.La Inquisición quemó libros; en Chile, Pinochet quemó libros; la revolución cultural China quemó libros; aquí, Luciano Benjamín Menéndez quemó libros. Salvando las circunstancias históricas y sólo como metáfora de aquello que podría llegar a ser el avance hacia formas de pensamiento único, el 7-D de 2012 podía haberse producido en la Argentina un caso similar. La Justicia frenó transitoriamente el intento.
Como viene ocurriendo de modo creciente por el estímulo que llega desde arriba, la sociedad también se ha dividido brutalmente en este tema. Para algunos, el desmadre que hubiera involucrado derechos fundamentales del ser humano y otros tutelados por la Constitución fue puesto a salvo por la valiente acción de la Justicia en pleno. Para el kirchnerismo, la corporación judicial en pleno se ha vendido literalmente no sólo al Grupo Clarín sino a la corporación mediática opositora en su conjunto y entonces hay que atacarla con todo.
El asidero de esta afirmación se resume en el "es más de lo mismo" que dijo la presidenta de la Nación. Sentenciosa y sin alterarse, Cristina Fernández le puso rúbrica a las diatribas de su propia corporación, la kirchnerista, que salió a dedicarle a los jueces los peores calificativos y a difundirlos por la otra corporación mediática, la de su propio palo.
Si hay una crítica fuerte que podría hacérsele a la estrategia del Gobierno es que banalizó tanto el 7 de diciembre, que lo convirtió en el único objeto de su existir. Eso no sólo impulsó a los más radicalizados a imaginar acciones de copamiento de los medios cuestionados o a gastar energías en explicar procedimientos administrativos a todas luces diferentes para quienes adhirieran a la Ley, sino que paralizó aún más la gestión de gobierno. Como le dio carácter de Boca-River a toda la cuestión, ahora que recibió una seguidilla de goles en contra le echó la culpa al referí.
Más allá de las lloradas de todo partido de fútbol, hubo declaraciones posteriores al fallo de la Cámara Civil y Comercial que prorrogó la cautelar que estira la eventual desinversión del Grupo Clarín hasta que se llegue a una "sentencia definitiva", que trasuntan una clara raigambre ideológica. Sobre todo cuando se dice que los jueces no pueden gobernar a espaldas del 54% de los votos, desconociendo los contrapesos del sistema de gobierno que la Argentina se dio en 1853. Es la Justicia, la que debe determinar la constitucionalidad de las leyes y es eso lo que está en juego en esta ocasión.
Pero, además, durante las últimas semanas el Gobierno cometió errores de principiante o, en su agrande, creyó que iba a poder pasarle por encima a la Justicia. Más allá de acusaciones e insultos directos a los jueces y de las acciones legales de recusación, hasta minimizó claros fallos, como hizo el titular de la ANSeS, Diego Bossio con sus irritantes declaraciones.
El joven ladero del vicepresidente Amado Boudou, cuestionado además por la propia Corte Suprema porque no le paga los retroactivos a los jubilados y porque no aplica directamente los fallos de ajuste de haberes en las nuevas prestaciones, se dio el lujo de decir que "hay fallos de la Corte que, de alguna manera, cuestionan nuestra política jubilatoria; nosotros entendemos que tenemos una política acertada".
En buen romance, tal como la Presidenta señala que no se moverá de sus convicciones y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dice que el modelo no se toca, bajo la misma lógica de la imposición en nombre de los votos, tampoco Bossio atenderá los reclamos. Sin considerar siquiera la parte más macabra debido a la edad de los "buitres y caranchos" que querellan, de allí, a la desobediencia ya no hay ni siquiera un centímetro.
Para el kirchnerismo, entonces, los fallos en contra no se cumplen o se protestan. Eso sí, ahora busca que la Corte le dé la razón en el caso Clarín.
Tanto tiró de la cuerda el Gobierno acorralando a los jueces, que todas las instituciones que representan a los diferentes estamentos de la Justicia, encabezados por la Comisión Nacional de la Independencia Judicial, dijeron severamente que existía "preocupación de una importante cantidad de jueces y juezas de todo el país, referida a hechos que agreden institucionalmente a un Poder del Estado y, como consecuencia de ello, a todos los ciudadanos de la Nación, ya que la justicia es para todos".
Y más allá de criticar también designaciones o movimientos que se hacen con ánimo de manipulación de cargos, el documento puso en evidencia sin pelos en la lengua algunas maniobras del Gobierno como "recusaciones y denuncias penales utilizadas de modo excesivo o con el solo fin de separar a un juez de una causa o campañas difamatorias contra jueces, agraviándolos de manera personal".
A tal extremo llegó la bronca judicial que tuvo que recordarle también el Gobierno que su independencia está "protegida" por el artículo 109 de la Constitución que resulta ser "un principio fundamental del Estado de Derecho, sustancial para el funcionamiento de la democracia y garantía fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos".
Es que un día antes, como si la Justicia no tuviese la facultad de revisar las leyes y aún rechazarlas, el ministro de Justicia, Julio Alak, había roto todos los diques de la prudencia al hablar públicamente de "alzamiento" judicial contra una Ley, mientras que el senador Marcelo Fuentes había comparado brutalmente al "partido judicial" con el "militar". En este punto vale una digresión de tinte comunicacional, para explicar que el Gobierno está convencido que la opinión pública puede ser manipulada por este tipo de declaraciones altisonantes o por aquello que aparece en "letras de molde" y cree que diciendo cualquier cosa y haciéndola reproducir de manera monocolor podrá cambiar la historia.
Esto es lo mismo que, a la inversa, Cristina y sus acólitos le achacan a los medios que no acompañan al Gobierno. De allí, la obsesión presidencial de adjudicarle al periodismo crítico todos los males que le suceden, sin detenerse a cambiar nada de lo que se hace, aun aquellos errores que naturalmente cualquier bien intencionado puede cometer.
Fue justamente a los medios oficialistas a quienes el documento les dedicó un párrafo, solicitándoles que ejerzan "el derecho de crítica sobre la base de opiniones y argumentaciones, evitando el agravio personal o familiar, siendo mesurados y prudentes al imputar faltas éticas o criminales que luego quedan en la nada, pero que lesionan gravemente a las personas y sus familias" y los exhortó además a "promover el debate democrático de ideas". Por último, los jueces solicitaron un espacio en "los noticieros centrales" de la TV pública para "expresar (sus) opiniones".
Volviendo al nudo de la contundente declaración de la Justicia en pleno contra los exabruptos que le colmaron el vaso, la misma tuvo además dos aditamentos que la convirtieron en la clave del casi nocaut que sufrió el Gobierno el jueves pasado.
Primero, que las mentoras del documento fueron las juezas Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, ambas propuestas por Néstor Kirchner cuando decidió depurar la Corte y generar calidad judicial. Segundo, que el documento fue el notorio respaldo que tuvo la Cámara para tomar la decisión de ampliarle la cautelar a Clarín.
Ahora, después de los mandobles le propinó el 6-D y sin el jolgorio que le hubiera significa un 7-D glorioso, el Gobierno tomó caminos judiciales algo más creativos para tratar de revertir la cosa. Sin abandonar la verborragia declarativa, aunque sólo enfocada hacia la Cámara y a sus miembros para no rozar a la Corte, el viernes acudió al Alto Tribunal con dos presentaciones: un recurso vía "per saltum" y una presentación de la AFSCA como fiscalizadora del proceso de aplicación de la Ley de Medios.
¿Qué expone el Gobierno? Que al ampliar la medida cautelar la Cámara se opuso al plazo del 7 de diciembre que había fijado la propia Corte. Sin embargo, los camaristas tomaron esa misma orden del máximo tribunal del 22 de mayo y se basaron en algo que allí se dice con toda claridad a las partes en el punto número 11, tramo que el Gobierno se empeña en desconocer: "El plazo de vigencia de la medida cautelar podrá ser revisado en caso de que se verificasen conductas procesales orientadas a obstaculizar el normal avance del pleito".
Llevar el caso directamente a la Corte sin pasar por la Cámara, tal como hubiera sido el procedimiento ordinario, que en caso de ser negativo lo hubiera depositado también en la máxima instancia si resguardaba el derecho de ir "en queja", lo ha hecho ganar al Gobierno tiempos procesales. Pero, además, según una interpretación de la nueva Ley del "per saltum", podría tener la posibilidad de que, si la Corte acepta tratar el caso, se cancelen todos los recursos previos, con lo cual podría actuar contra el Grupo Clarín.
Si el Tribunal lo rechaza con su consabido argumento de que "acá no se atienden cautelares" y todo vuelve para atrás, entonces habrá que esperar el fallo del juez de Primera Instancia Horacio Alfonso y a partir de allí las sucesivas apelaciones de la partes o el uso del "per saltum" para que sea la Corte la que resuelva el fondo de la cuestión, si los artículos objetados son o no constitucionales, tal como la Constitución lo indica.
Desde lo judicial hay y habrá seguramente más vericuetos, pero lo importante es que políticamente alguien más le ha puesto un dique a ciertas pretensiones hegemónicas del Gobierno, lo que lo desgasta más por su propia inacción que por la acción opositora, salvo el compromiso de diputados y senadores de bloquear los dos tercios que se necesitan para reformar la Constitución que podría llevar a la reelección indefinida. Una parte de la ciudadanía lo hizo el 8 de noviembre, las centrales sindicales opositoras con el paro del 20-N y ahora la Justicia casi en pleno.
Lo único que se necesita ahora es que la propia Presidenta frene el ímpetu de los más radicalizados, para que todos acepten lo que dicen las leyes, al menos hasta que se puedan cambiar y hasta que la Justicia las convalide en su constitucionalidad en defensa de los intereses de aquellos que se sienten avasallados por el Estado. Y para que nunca más haya una quema de ideas en la Argentina.
(*) Para Agencia DyNFuente: Agencia DyN