Jueves, 6 Diciembre, 2012 - 12:16

Opción al cargo y jubilación
La inamovilidad de jueces "es un atributo y no un privilegio", sostienen Magistrados

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Dicen que los que ya tienen 60 y siguen en el cargo, de hecho "optaron" por quedarse.


En contacto con Diario Chaco, la titular de la Asociación de Magistrados, Gloria Zalazar, reafirmó la posición planteada por esa entidad ante diputados (y refrendada luego a través de un comunicado) sobre la reglamentación del Artículo 154 de la Carta Magna en lo que respecta a los requisitos y condiciones que deberán reunir los magistrados y representantes del Ministerio Público que se encuentren en condiciones de acceder a la jubilación.
Se estableció que al cumplir 60, es decir cuando se produce la primera opción de jubilarse (la segunda y "definitiva" es a los 70), los jueces deberán comunicar por escrito su voluntad de seguir en el cargo. De no hacerlo, se entendería que se acogen al beneficio jubilatorio.
Para los magistrados, debería interpretarse exactamente al revés. Zalazar señala que los que tienen esa edad al momento de la entrada en vigencia de la ley no deberían hacer ninguna presentación ya que "la permanencia es la opción" que tomaron, y por eso siguen. Defiende, por lo demás, la idea de que la norma no debería plantearse con retroactividad. Es un punto en el que hubo dentro y fuera del recinto legislativo posiciones encontradas: hay quienes sostienen que "la fecha" de referencia no es la de la promulgación de esta ley sino la de la ratificación del texto constitucional que reglamenta, en el año 1994.
Al respecto, legisladores que votaron la ley anoche, como Carlos Martínez, de Libres del Sur, creen que ciertas contradicciones dentro del propio texto constitucional, y la falta de precisión explícita en esta norma vinculada a la inamovilidad de los magistrados, en puntos como el que refiere Zalazar podrían abrir una puerta a la judicialización del acto administrativo que se pretende regular.
Otro de los puntos que la Asociación de Magistrados había combatido en su encuentro con legisladores era el de la "participación" del Consejo de la Magistratura, que funcionaría como organismo encargado de la recepción de estos agenciamientos (la comunicación al cumplir 60 años, por ejemplo). "Planteamos que era una iniciativa inconstitucional", señaló la jueza que se encuentra en Buenos Aires asistiendo a una actividad de su entidad de cabecera.
La Magistratura, que nombra jueces y los puede echar juicio político mediante, no tiene la prerrogativa de intervenir en la actividad regular de los magistrados. Desde la bancada oficialista el presidente de ese bloque, Ricardo Sánchez, reconoció que ese ítem fue modificado a pedido de la entidad de forma tal que los jueces ahora remitirán sus comunicados a la instancia judicial superior, normalmente el Superior Tribunal de Justicia, y los ministros del STJ al Poder Ejecutivo.
SEMIDIOSES
Sobre las declaraciones del ministro de Gobierno, Juan Manuel Pedrini, en las que aseguró que los jueces "no quieren pagar impuestos", y más adelánte firmó que "deberían dar el ejemplo y ser los primeros en pagar los impuestos, pero se creen semidioses", Zalazar insistió en el marco de la inamovilidad como fundamento, también, del hecho de que los magistrados estén exentos del pago del impuesto a las ganancias, vale decir, la intangibilidad de los salarios.
"No es cierto que no pagamos impuestos. Lo hacemos como todo el mundo, lo que no pagamos es Ganancias porque así se estableció justamente para garantizar que los magistrados puedan dedicarse a las causas judiciales", afirmó. Se trata de un principio que ya estaba comprendido en la Constitución de 1853 y que se ratificó en la reforma de 1994.
"La inamovilidad no es un privilegio sino un atributo del poder judicial. Implica que a un juez no se lo puede sacar por antojo o porque a alguien no le gustan sus fallos. El ciudadano tiene la certeza de que va a estar ahí siempre", indicó finalmente.