Sábado, 24 Noviembre, 2012 - 19:25

Por Hugo E. Grimaldi (*)
Moyano, Scioli y Griesa pusieron los pelos de punta al Gobierno y hubo un repertorio de contradicciones

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Como en Macbeth, el grito de "traición" sobrevoló Olivos.

Mientras que Hugo Moyano, Daniel Scioli y Thomas Griesa, los más odiados de la semana, fueron pinchados con alfileres. Sin embargo, pese a las brujas que se imaginaron en estos días muy complicados para el Gobierno, fue la realidad la verdadera encargada de marcarle la cancha a Cristina Fernández y de dejarla encerrada en un corralito muy ceñido, al menos por tres de los cuatro costados.
El contundente paro del 20-N y sobre todo la unidad conceptual entre todos los gremios, aun la que expresaron los más cercanos al Gobierno en referencia a su acuerdo con los motivos de la huelga que impulsó el camionero, con la inflación como estandarte común; la ofensiva sciolista por la sucesión y su casi eslogan de campaña de "continuidad con cambio" y el agresivo fallo del juez neoyorquino dejaron casi aislada a la Presidenta.
Probablemente, a ella no le cierra todavía cómo puede ser que un modelo tan exitoso, aplaudido a rabiar por tanta gente, todavía es resistido con tanta virulencia, desde adentro y desde afuera. Tampoco logra comprender por qué existe tanta rechazo, si se trata de algo que se ha definido unilateralmente como una "política de Estado", bajo la concepción de que el diálogo es algo "estático e intelectual" (y neoliberal, por qué no) y el consenso sólo lo tiene quien detenta el poder, porque obtuvo la mayoría en las urnas.

Una detrás de la otra llegaron las malas noticias al bunker presidencial y el Gobierno quedó sumido en un estado de nervios y desconcierto, que se hizo evidente a medida que los funcionarios hablaban, haciendo una ensalada de flagrantes traspiés. Apenas, se consiguió usar el hueco que quedaba para que la Presidenta lograra fugar hacia adelante y para mostrarle sangre fría a la tropa interna, a partir del nuevo impulso explícito que le dio a la re-reelección un histórico, quien parecía opacado por los nuevos vientos cristinistas, Julio De Vido.
Fruto de la confusión, lo hizo en dos tiempos, ya que el jueves señaló que la Presidenta era "la única garante" del modelo y el viernes reiteró sus conceptos sobre el derecho que tiene el kirchnerismo de buscar una reforma constitucional y señaló que Cristina es "una alternativa".
Como fuere, la idea fue trocar la debilidad en fortaleza, para evitar que el resto del peronismo piense que ya se ha llegado a la puerta del cementerio, faltando aún tres años para el fin del mandato. Ya se verá en unos días cuánto aire político se logró al respecto. Lo concreto es que, por ahora, con su estilo de nunca confrontar, Scioli empezó a saltar el vallado, mientras que los gobernadores José Manuel de la Sota y Daniel Peralta ya lo hicieron de un modo más abrupto y están sintiendo económicamente el látigo.
El impacto más duro para el Gobierno seguramente fue el del fallo del juez Griesa, quien cumplió con el mandato del Tribunal de Apelaciones de su distrito de fijar un mecanismo de pago para que la sentencia contraria a la Argentina se torne de "cumplimiento efectivo".
Lo primero que hizo el magistrado fue dejar sin efecto la medida de "no innovar" que, vigente, protegía al país hasta llegar a un fallo de fondo. Luego, ordenó pagarle a los holdouts (quienes no entraron a los canjes) antes del 15 de diciembre, el 100% de la deuda vencida (capital original más intereses) por un total de U$S 1.330 millones.
Pero, además, rechazó los argumentos de la entidad pagadora sobre inembargabilidad de los fondos porque ya no eran de la Argentina y también apartó a quienes entraron al canje, porque "voluntariamente eligieron ese camino", dijo. Esta opinión, no obstante podría ser rebatida en la Justicia, ya que los holdouts podrían alegar que el prospecto de los canjes argentinos señalaba que iban a ser igualados en su pretensión, si otros acreedores conseguían mejores condiciones.
Desde los fundamentos, las críticas hacia la Argentina y hacia las declaraciones de "no pago" que hizo la Presidenta fueron lapidarias. El juez recordó que ya se le había pedido al gobierno argentino que "se aleje de las amenazas" que, según su manera de ver, son "poco aconsejables para desafiar las resoluciones judiciales en curso", algo que "no sólo sería ilegal, sino que representan la peor clase de irresponsabilidad en el trato con el Poder Judicial", una materia en el que la política local tiene ceros rotundos.
Las implicancias de tan grave fallo, edulcorar el paro, frenar el desbande de los peronistas y hasta acomodar al titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Enrique Wagner, quien se animó a hablar de "retracción" inmobiliaria en función del cepo cambiario, pusieron a la Presidenta y al Gobierno en tensión durante toda la semana.Tantas desventuras juntas fueron sazonadas por contradicciones manifiestas de los funcionarios, otro frente abierto desde un costado impensado, el escoramiento visible del discurso unificado. Sólo se puede entender tamaño sacrilegio si se piensa que el estrés fue tan grande que hasta desconcertó a los ideólogos del relato diario.
Una declaración de Juan Manuel Abal Medina sobre la contundencia y extensión del paro ("fue un piquetazo nacional") fue rubricada por el reto público que le dio la Presidenta por apartarse de la línea oficial, que pugnaba por marcar de cualquier forma que fue una cosa violenta y extorsiva ("hoy no fue una huelga ni un paro, ni siquiera un piquete").
Pero, además, al decir que el paro fue un fenómeno sólo porteño y que como había cortes en la periferia la gente no pudo llegar a trabajar, quedaron expuestos los flagrantes absurdos gubernamentales sobre los bloqueos, mecanismo que se toleró y alentó a lo largo de los años, cuando sus destinatarios eran los demás. Lo cierto fue que los trenes no corrieron no porque hubo cortes de vías, sino porque el gremio de los señaleros (de la CGT oficialista) no fue a trabajar y que en la puerta del Aeroparque no hubo piquetes e igual los aviones no salieron.
Otra gran patinada la protagonizó el ministro De Vido, cuando señaló que no iba a "a cuestionar el fallo (de Griesa) técnicamente, sino a quienes, desde Martínez de Hoz a Cavallo, cedieron la jurisdicción argentina". Bien le hubiera valido al ministro repasar las condiciones del canje que propició el presidente Néstor Kirchner, cuando como zanahoria para los acreedores también instaló la jurisdicción de Nueva York en la mayor parte de los nuevos bonos y cupones.
Ese mismo estándar de divergencia manifiesta en los discursos se observó claramente el día jueves en dos conferencias de prensa casi simultáneas que brindaron los ministros Hernán Lorenzino y Julio Alak, con declaraciones sobre qué significan para el Gobierno los dispositivos de la Justicia, de acuerdo a que se esté de un lado u otro del mostrador.
Es muy interesante comparar como los mecanismos lógicos de la reposición de una medida cautelar que suspenda los plazos y no le haga pagar a la Argentina hasta que se terminen las apelaciones en las diferentes instancias judiciales, hasta llegar a la Corte estadounidense, que el ministro de Economía defendió con mucha enjundia en el caso del fallo del juez neoyorquino contra la Argentina, fueron olímpicamente denostados por su par de Justicia, en el caso del Grupo Clarín.
Justamente, el telón de fondo del doble discurso fue la presentación que realizó el multimedios ante la Corte Suprema local, solicitando la extensión de la medida cautelar que vence el 7 de diciembre, ya que consideró que lo que viene sucediendo en la Cámara Federal Civil y Comercial ("recusaciones, excusaciones y renuncias (de jueces) provocadas" por el Estado) lo dejan "indefenso", es decir sin posibilidad de que se conforme "un tribunal competente" que resuelva a tiempo.
Pues bien, el muy justo y sujeto a derecho procedimiento del "vamos a recurrir cada una de esas decisiones que se toman y que sean contrarias a los intereses de Argentina ante la Corte" y el "confío en los procedimientos judiciales" que manifestó Lorenzino fue retrucado de modo indirecto por Alak, cuando censuró la presentación de Clarín, a la que, para embarrar la cancha, llamó "un per saltum de hecho".
Además, el ministro de Justicia denunció "la estrategia de mantener una cautelar eterna, lo que ha logrado durante tres años", mientras lo cierto es que se está esperando que los jueces diriman la cuestión de fondo de la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios. Es decir que lo que Lorenzino defiende para la Argentina, Alak se lo niega a otros graciosamente.
Lo que el ministro de Justicia no puede reconocer, porque eso es lo que ha tapado el Gobierno durante todo este tiempo para instalar la fecha del 7-D, que la misma Corte ha señalado en su fallo que "lo aquí decidido en cuanto al plazo de vigencia de la medida cautelar podrá ser revisado, en caso de que se verificasen conductas procesales orientadas a obstaculizar el normal avance del pleito". Pero, lo cierto es que allí está.Y esto es, ni más ni menos, lo que ha solicitado Clarín casi bajo las mismas normas de procedimiento de apelación a los escalones superiores de la Justicia que la Argentina usa con lógica en el exterior, aunque en este caso, como las instancias inferiores no funcionan, ha denunciado que ha sido "privado de justicia". Si no fueran cosas tan graves, la discordia entre los dichos de dos ministros de un mismo gobierno movería a risa. Otro elemento que emparenta las dos situaciones es que ambas Cortes son las que decidirán si aceptan o rechazan los recursos. En el caso de los Estados Unidos, los expertos señalan que es muy probable que si se llega a esa instancia, por un procedimiento de saturación de causas el Alto Tribunal no atienda el pedido de la Argentina.
En el caso local, está por verse cómo toman los miembros de la Corte el discurso de quien tendría que ser el nexo natural entre el Ejecutivo y la Justicia, lo que para algunos fue un claro apriete hacia los magistrados, a la hora de hacerles saber públicamente que su intervención, en este caso, no sería bien vista. Durante los últimos días, la propia Corte ha recibido quejas de muchos jueces que se consideran coartados en su independencia.
En este sentido, la Asociación Cristina de Dirigentes de Empresas (ACDE) se convirtió en la primera entidad empresaria que hace una manifestación crítica hacia la manipulación de la Justicia, sobre todo por el impacto de la situación en los derechos y garantías de todos los ciudadanos, al expresar su "preocupación" por las presiones y acciones "intimidatorias" del Ejecutivo hacia los jueces.
El populismo a la argentina piensa de la Justicia independiente lo mismo que ha elaborado sobre el consenso o sobre la educación y por eso no le pesa saltar sobre las reglas establecidas, aun a costa de la inseguridad jurídica y del clima de negocios, conceptos también perimidos para el vocabulario oficial. Justice for all (y todas).
(*) Periodista Agencia DyN
Fuente: Agencia DyN