Domingo, 18 Noviembre, 2012 - 09:44

La AFSCA despliega las velas

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Sabbatella radiografió el cuadro de los grupos
de comunicación que deben adecuarse a la ley de medios.

El Gobierno avanza por esa vía y con el per saltum.
En una semana más que intensa, el Gobierno dio un par de pasos firmes en dirección a la aplicación de la ley de medios con la significativa novedad de que las huellas del cacerolazo no pudieran pesar en ese avance.
Con pocas horas de diferencia, Martín Sabbatella ofreció una exhaustiva conferencia de prensa informando sobre la situación de los diversos grupos comunicacionales que deben adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Lo nuevo tiene que ver con una instalación política: va quedando claro, pese a las campañas del Grupo Clarín, que la cosa corre para (¿casi?) todos y no para uno solo. A la vez, el Congreso aprobó la ley de per saltum a la que seguramente recurrirá el oficialismo para destrabar el embrollo judicial generado también por el holding.

Hay otra novedad política y es que en términos generales la oposición, como si comenzara a eludir la trampa del embanderamiento ciego, optó por no seguir incondicionalmente el discurso del Grupo Clarín tras el informe de la Afsca, aún cuando se opuso al per saltum por considerar que ese recurso fue apurado para resolver la disputa judicial, cosa que los voceros kirchneristas en ningún momento negaron.

Los ecos de los pasos dados por el Gobierno acaso puedan medirse de dos maneras. Si es por la repercusión mediática de la conferencia de prensa, hasta el diario La Nación ofreció una versión medida, informativa, que remitió entre otras cosas al informe que publicó la Afsca en su sitio web. Clarín, en cambio, demoró una eternidad en subir on line la conferencia de prensa, como estudiando minuciosamente el modo de editarlo.

Acudió a los oficios de un periodista del diario y otro de TN para pudrir el diálogo con los medios ?Sabbatella soportó con templanza incluso la acusación de "mentiroso"? y finalmente ofreció en formato digital e impreso una versión tergiversada y recortada de los dichos del ex intendente de Morón. El diario apenas si pudo dedicar un recuadro pobre sobre reacciones políticas, que en ningún momento alcanzaron para armar algún tipo de escándalo.

Se sabe que el Gobierno apuesta a la posibilidad del per saltum como escenario de litigio posible pero se conoce bastante menos sobre los resultados eventuales de la movida. Hay dudas acerca de si la Corte Suprema aceptaría el recurso, si entendería que hay "gravedad institucional", y sobre cómo se dividirían los votos de los supremos (tampoco se sabe hasta dónde el Gobierno midió la temperatura).

Más claro es en cambio el panorama trazado por Sabbatella, pero sólo el de la fotografía actual y no la del desenlace de las adecuaciones, especialmente las que debería afrontar el Grupo Clarín. En la web de la Afsca, se publicó un prolijo informe de 60 páginas que incluye información demográfica y de mercados, listados de señales y licencias, y un cotejo permanente que parece inspirado en el redactado de la propia ley de medios (ese texto abunda en citas de legislación comparada), ya que se van mencionando cuáles son los artículos vinculados con cada caso de incumplimiento de la norma según de qué grupo comunicacional se trate.

Quiénes y por qué. En el informe, la Afsca dividió dos tipologías relacionadas con la adecuación. La primera tiene que ver con las condiciones de admisibilidad, allí donde se impide ser licenciatarios a ex funcionarios de gobiernos de facto, funcionarios públicos, manejar una empresa de servicios públicos (hasta el 10% de participación) o ser una subsidiaria de empresa extranjera (hasta el 30% de participación). Más adelante, al respecto, se analizará el caso de Telefónica/Telefé.

La segunda tipología es la relacionada con los límites nacionales y locales en la cantidad de licencias o porción del mercado (artículo 45, que incluye junto con la no superación del 35% de participación el tema de las incompatibilidades cruzadas). Un llamado al pie en el informe aclara que se trata de una evaluación "preliminar" sujeta a revisión, lo que habla de apuros técnicos en la gestión.

Tal como lo viene reiterando de manera constante Sabbatella, del informe se concluye que la adecuación corre para todos, aunque hay controversia sobre un par de casos importantes. Los actuales infractores, por diversas razones, no son sólo el Grupo Clarín con la enormidad de 237 licencias sino entre varios otros Uno Medios (Vila-Manzano, 55 licencias), Cadena 3, Telefé, el grupo español Prisa (radio Continental) por ser subsidiario de una empresa extranjera, Cadena 3, Telecentro, C5N, DirecTV, el grupo de Jorge Ricardo Nemesio y Radiocadena Eco (con 30 emisoras radiales en todo el país).
Un caso llamativo aunque conocido mencionado por Sabbatella es Uno Medios, que "posee vinculación societaria con Andes Energía PLC" (una empresa que maneja temas energéticos en Mendoza).
El grupo Vila-Manzano además acaba de comprar una participación en Metrogas, aunque inferior al 10% dispuesto en la ley.
Otro caso particular, en el que hizo hincapié el Grupo Clarín en su cobertura crítica de la conferencia de prensa, es el de Direct TV. La Afsca plantea un problema de incompatibilidades cruzadas ya que esa empresa es "licenciataria del servicio de televisión por suscripción por soporte satelital y a su vez accionista en Torneos y Competencia, productora de las señales TyC Sports y TyC".

Consultado por Miradas al Sur sobre el informe dado por Sabbatella, el especialista e investigador Martín Becerra valoró positivamente la conferencia de prensa ("el Gobierno sale airoso cuando las hace") y no pocos trazos gruesos tanto de la exposición como de los anuncios relacionados con el proceso de adecuación voluntaria, la eventual intervención del Estado, el hecho de no restringir la aplicación de la ley a un único actor comunicacional.
La diferencia sustancial de Becerra tiene que ver centralmente con la situación de la empresa Telefónica, de la que depende Telefé, casi tan española como Prisa. Becerra subrayó que es obvio que Telefónica explota un servicio público y que legislaciones anteriores se cuidaron mucho de evitar el cruce entre dos campos de actividad empresaria de enorme relevancia.

El informe del Afsca sí menciona que hay un exceso de participación en el mercado en el caso de Telefé. En cuanto a su situación como empresa de capitales extranjeros, el argumento de Sabbatella fue que efectivamente Telefé es de capitales españoles, "pero como su constitución fue previa a la ley de bienes culturales, está afuera también". El argumento no convenció a especialistas que simpatizan con la ley de medios. El caso de canal 9, en manos de un empresario mexicano, es similar.

Lo imprevisible. Como se adelantó más arriba, el informe del Afsca exhibe una fotografía estática y no termina de hablar, ni puede hacerlo, sobre lo que vendrá. Tal como desliza Becerra entre otros especialistas, así como se dijo que Clarín podría adecuarse recurriendo a una re-ingeniería interna que le permitiera controlar sus empresas sólo que a través de distintos accionistas que hoy permanecen unidos, algo parecido podría hacer el grupo Vila-Manzano u otros actores apostando a nombres de confianza.

En cuanto al multimedios Clarín, si bien cada vez más hasta sectores conservadores cercanos al Grupo admiten que le va quedando poco margen de maniobra, siempre existe la posibilidad de que siga resistiendo por vía judicial, embrollando los trámites administrativos e incluso generando escenarios de conflictividad gremial en las muchas empresas que tiene a lo largo y ancho del país.
Becerra dice que "si el Grupo Clarín presenta un plan de adecuación, si no constituye la cautelar, asume ante la sociedad que perdió buena parte de la batalla. Pero seguramente va a tratar de ganar tiempo y a generar todos los conflictos posibles.
En algunos medios del grupo los trabajadores están aterrorizados". Al respecto, Sabbatella ya mantuvo más de una reunión cordial con sindicatos como el Satsaid, que apoyan la aplicación de la ley de medios pero tienen algún temor por el cuadro laboral.

Hay un punto crítico además para que Clarín pueda jugar esa carta y tiene que ver con algo sabido a medias incluso desde antes del debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ese punto tiene relación con la economía de los medios: no se sabe, en caso de que el Estado llame a concurso para licitar licencias, hasta dónde las empresas privadas u otros posibles actores comunicacionales tienen la suficientes espaldas como para sostener financieramente las empresas que le sobran a Clarín así como al resto de los grandes actores del sector.

Fuente: 
InfoNews.