Sábado, 17 Noviembre, 2012 - 19:07

Por Hugo E. Grimaldi (*)
Cristina ponderó el rol del estado ideal, mientras críticos dicen que el real se administra "a la bartola"

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Los cuatro discursos presidenciales de la semana fueron muy importantes.

Mientras muchos esperaban definiciones directas sobre el 8-N, Cristina Fernández decidió eludir el tema desde las formas, pero no omitió dejar entre líneas muchas referencias al episodio, aunque también precisiones sobre su sentir y proceder. O bien por estrategia comunicacional o quizás porque dos millones de personas en la calle hirieron su orgullo, lo cierto es que ella decidió responder a través de señales que, decodificadas, dejaron mucha miga para el análisis.
En esas alocuciones y con diversos tonos de fervor, la Presidenta habló de las "provocaciones que algunos quieren hacer para retornar al régimen ultraconservador que arruinó a la Argentina", de la clase media, de su pertenencia a la misma y al feudo de Santa Cruz que, gracias al trabajo de varios mandatos de Néstor Kirchner, creció como ninguna otra provincia.
Todas estas apelaciones tuvieron su corolario cuando con sus loas al Estado, Cristina terminó de sacarle del todo la cáscara al durazno y, después de morder la pulpa, empezó a mostrar cuál es carozo del relato que, a estas alturas, se puede definir como un proyecto populista, que tiene como basamento un fuerte componente estatal, pero que a la vez busca mimetizarse con el progresismo, bajo la impronta de la inclusión y de la distribución del ingreso.
Una interpretación libre de lo que podría ser el pensamiento presidencial podría resumirse en una frase más directa: "Si quieren volver a los '90, aquí tenemos un modelo entre cincuentoso y setentista que no sólo no estamos dispuestos a sacrificar, sino que además redoblamos la apuesta por su vigencia". Aunque nos lleve al abismo, agregarían sus críticos.
Si bien las sospechas sobre su preferencia por el estatismo, que la Presidenta parece haber acrecentado durante el último año, eran muchas, lo singular es que ella resolvió hacer un llamamiento explícito al respecto. Sabedora que el bichito estatista anida en la sociedad, emparentó discursivamente al Estado con su gobierno y además con su persona, como una forma de ir recuperando desde lo ideológico a algunas de los millones de almas que salieron a la calle hace dos jueves.
En un acto de barricada frente a militantes, a los que pidió "cuidar esta democracia que concibe al Estado como un promotor", así lo dijo Cristina el jueves pasado: "Cada vez que convencieron a argentinos de que el Estado era un estorbo, algo inútil o que impedía la libertad del mercado, primero lo destruyeron y después fueron por todos ustedes, por el trabajo, por la salud y por la educación. Por eso, la defensa del Estado es una defensa de los grandes intereses nacionales y también de la soberanía popular y también de la nacional, porque pueblo y Nación son una sola y misma cosa".
La jugada tiene varios riesgos para analizar. El primero, que algunos podrían evaluar que al decir "tenemos que defender al Estado" y ponerse como su más ardua promotora, puede haber quienes sientan que se trata de un inconveniente culto al personalismo que, por carácter transitivo, plantea que se la defienda a ella y a su Gobierno frente a lo que considera son los males que la rodean. De allí, a conjeturar que el párrafo se trata de una versión aggiornada de aquella frase atribuida a Luis XIV ("el Estado soy yo") hay apenas un paso.
El segundo es que no hubo en el mundo un solo proyecto estatista de fuste que haya funcionado en el largo plazo a favor del progreso y del bienestar de la gente, respetando a la vez su libertad. No hace falta abundar en los ejemplos de la Unión Soviética, estrellada en su incapacidad, o de China, que sale de a poco del colectivismo y empieza a sentirse la primera potencia del mundo gracias a su progresivo salto hacia el capitalismo.
El caso de los países nórdicos, donde el Estado sirve a los ciudadanos a partir de la administración de sus impuestos y los respeta como tal, en todo caso es la excepción que confirma la regla, pero la Argentina no es Suecia.
Al respecto, la tercera y más consistente objeción hacia el medular concepto que decidió explicitar la Presidenta es que el Estado que ella encabeza ha demostrado no tener siquiera una mínima dosis de eficiencia, ya que las políticas que intenta desplegar no sólo están mal administradas por incapacidad manifiesta de los funcionarios, sino que además van a contramano del mundo que, por estas horas, le está marcando los límites a la Argentina de modo impiadoso.
Tanta mala praxis no sólo es imputable a los históricos de la Administración, a los que deberían haber aprendido junto a Néstor el ABC de la gestión ("era un gestionador, un transformador, si le digo administrador me parece que lo bajo mucho; a él le gustaba el progreso", dijo la Presidenta), sino también a los nuevos funcionarios, los que llegaron después de haberle vendido a Cristina el discurso de un keynesianismo de laboratorio y que jamás se codearon con la realidad.
En este punto, a la hora de contarle las costillas a los dos grupos de funcionarios (los pingüinos de Julio De Vido vs. el núcleo de los burócratas del camporismo, más Axel Kicillof), quienes se suelen tirar a diario con operaciones de prensa de desgaste mutuo, los críticos más duros dicen que hoy se gobierna con torpeza, "a la bartola". Desde ya que la realidad les da letra, lo que les permite mofarse de los aterrizajes forzosos en varios segmentos clave, donde claramente el modelo de pretensión estatista hace agua.
En tanto, si se miran los resultados, la versión argentina parece ser la de un remedo de un Estado irresoluto o incapaz y a veces depredador, si se lo mide por la presión impositiva, cuya manifestación más tangible ha sido el anuncio también de la Presidenta de omitir el pago de Ganancias sobre el salario, pero sólo para el medio aguinaldo de este año.
Para el resto de los reclamos de todas las centrales obreras, la cosa pasará para 2013. La CGT de Hugo Moyano, la CTA de Pablo Micheli y la Azul y Blanca de Luis Barrionuevo irán al paro el martes, mientras que los dirigentes de la otra CGT, casi despreciada por el propio oficialismo, hacen malabares para estructurar un discurso que los convenza a ellos mismos.
Micheli y Barrionuevo armaron por las suyas una marcha hacia la Plaza de Mayo y Moyano declinó sacar su gente a la calle. En este punto, el camionero ha quedado emparentado otra vez con el kirchnerismo, que pretende hacer una vigilia en la Plaza de Mayo para celebrar el 10-D, a un año de la segunda asunción de Cristina. Sin embargo, no hay un criterio unánime en los organizadores, ya que después de la majestuosidad del 8-N nadie quiere hacer marchas para evitar comparaciones.
La frutilla del postre de esa celebración está dada en que ese mismo día debería empezar a funcionar a pleno, según el Gobierno, la Ley de Medios, una controvertida regulación del Estado, sospechada de querer avanzar sobre la libertad de expresión. Justamente, el mismo Estado que se alaba desde el poder no sólo es un mal ejecutor, y como prueba están las obras que se han inaugurado varias veces y que no logran ponerse a funcionar o las "soluciones habitacionales" que no son casas o los hospitales que no se equipan, sino que además es un mal regulador que, además, falla gravemente en sus tareas de control. La tragedia de Once exime de mayores comentarios.
Justamente, este hecho fue el que había convencido a Mauricio Macri de no tomar los subterráneos con problemas similares o peores que los trenes, pero ahora también los ecos del 8-N parecen haberle dado aliento para animarse a decir que los aceptará desde el 1 de enero.
Hasta el momento, desde el gobierno nacional nadie ha dicho ni una palabra, esperando seguramente que la Legislatura porteña acepte el traspaso y, aunque se descuenta que el kirchnerismo apoyará en el recinto tras las buenas migas que han hecho para sancionar en leyes recientes, bajo la superficie los operadores antimacri ya están chuceando al Jefe de Gobierno con respecto al valor del pasaje.
El debate pasa por saber dónde saldrán los fondos que la Nación aportaba como subsidio y si bien el gobierno porteño sostiene que "el subte deberá pasar con los recursos" habrá que ver cómo se resuelve el financiamiento. En tanto, las usinas K hasta han hecho correr la versión sobre una eventual pase del servicio a la Ciudad, lo que sería algo maravilloso para ellos, después de ese discurso de la Presidenta. Para el kirchnerismo, que el PRO se haya vuelto estatista sería un triunfo ideológico impagable. Pero además, está toda la cuestión internacional que se está reflejando en repercusiones muy duras en los mercados. La cuestión de los índices de precios distorsionados está bajo la mira del FMI, quien aguarda para dentro de un mes una solución de la Argentina al respecto. En tanto, la deuda que no se atiende tiene más que molestos a los grandes países del Club de París o a los Estados Unidos, porque no se pagan los fallos del CIADI a favor de las empresas de su país. En todos estos casos, la regla ha sido prometer primero y no hacer nada después, como si las carpetas con tantos temas delicados hubiesen ido a parar al fondo de un cajón.
Por estas horas, la Argentina está en el candelero por la cuestión de los bonos aún en default, con dos epicentros de gravedad, como son el embargo de la Fragata Libertad en Ghana y la determinación que deberá tomar el juez neoyorquino Thomas Griesa antes del 2 de diciembre, sobre cómo deberá hacer la Argentina para pagarle a los bonistas que no entraron a los canjes, los llamados holdouts o fondos buitres.
Todos estos sinsabores, que se están tramitando en sedes judiciales externas (Hamburgo y Nueva York, respectivamente), han puesto a la deuda bajo legislación extranjera en riesgo de "default técnico", lo que significa que el precio del dinero ha crecido exponencialmente para la Argentina (riesgo-país) y que el costo para quienes buscan protegerse de un eventual impago de esa porción de bonos haya trepado hasta ser el más alto del mundo, por encima aun que el de Grecia.
Esta grave circunstancia, que por ser demasiado técnica parece que no impacta en la vida diaria, en verdad contribuye a alejar un poco más a los inversores directos, quienes son los que generan empleos genuinos y quienes, desde hace mucho tiempo ya no hunden en la Argentina más que los fondos necesarios para mantenerse o para crecer un poco, siempre y cuando logren una franquicia concedida por el Gobierno-Estado.
Además, como ejemplos palpables de la chapucería de la Administración, en tiempos en que América latina le vende a carradas materias primas al mundo y es la niña mimada de los inversores porque les sobra la plata, está la infraestructura que no se repone, los millones de dólares que se gastan para importar energía, el deterioro creciente de YPF que pierde valor y no puede encontrar socios, el crimen de tener un agro en declinación por las políticas distorsivas (carne, leche, biodiesel) y la implementación del cepo cambiario para cuidar los dólares que se fugan justamente por todo lo demás. Brasil, Perú, Chile, Uruguay y Colombia, agradecidos.
Ya lo ha dicho Cristina también en la semana: "Si uno no gobierna correctamente, termina perjudicando a todos".
(*) Para agencia DyN
Fuente: Agencia DyN