Viernes, 14 Septiembre, 2012 - 21:02

Denuncia por los contratos de Cultura
2.589.073 para Cherri y 1.300.000 para Laplace
Gutiérrez solicitó al fiscal de Estado dictámenes por el pago a Cherri y Laplace

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Sostiene que el fiscal debió haber actuado como contralor en función del monto comprometido.


Hoy el diputado de la Alianza Frente de Todos, Livio Gutiérrez presentó al fiscal de Estado Osvaldo Simoni un pedido formal para obtener copias de los dictámenes que se hayan emitido en referencia a las resoluciones del Instituto de Cultura que dieron lugar al pago de más de 2 millones de pesos a la productora Taha.
"Vengo por este acto a solicitar a esa Fiscalía se me otorgue copia de los dictámenes que hubiera emitido en referencia a las resoluciones del Instituto de Cultura del Chaco 1476/11 y Resolución 693/11 también del ICCH y que fueran causa fuente de los decretos 1345/12 y 992/12 ambos decretos implican gastos de contratación que superan los 300 sueldos mínimos vitales que prevé la legislación a saber el decreto 992/12 el monto es de 2.589.073,30 y el 1345/12 es de 1.300.000 pesos".
Según el diputado, cabe esperar que la fiscalía haya emitido los dictamenes en tanto que el monto involucrado excede 300 sueldos del salario mínimo. Tal como lodocumenta Gutiérrez, de acuerdo a la ley que regula el funcionamiento de la fiscalía de Estado: "La participación (de la fiscalia)será necesaria y previa a la suscripción de contratos o adjudicaciones de licitaciones por montos superiores a trescientos (300) sueldos del salario mínimo de la administración pública provincial".
Los dos decretos que dieron lugar al pago a Agustina Cherri exceden ese monto.
En este sentido el diputado justifica: "Solicito se me informe la actividad de contralor llevada a cargo por esa fiscalía en ambos expedientes y los dictámenes que ha emitido antes de realizarse los pagos a las productoras ya que es allí donde juega la intervención del señor Fiscal de Estado como defensa del patrimonio provincial, ya que el gasto realizado por el monto expuesto implica la necesaria intervención de Fiscalía. Caso contrario implicaría una violación administrativa comprensiva del posible delito de inobservancia de los deberes de funcionario público por parte de funcionarios cargo con notoria incidencia patrimonial"
Gutiérrez señala algunas cuestiones vinculadas al modo en que se formalizó el acuerdo con la Productora TAHA: en el decreto del Gobernador 992/12 se establece un domicilio de la ciudad de la Rioja, mientras que la factura entregada por la productora muestra un domicilio de la Ciudad de Buenos Aires.
"El convenio sospechosamente se firma en abril de 2011 y el inicio de operaciones de facturación de TAHA es el mismo mes pero con otro domicilio", subraya Gutierrez en su presentación a la fiscalía de Estado.
En referencia a las cláusulas confidenciales del convenio, sostiene "No existe la normativa en la que encuadra el organismo público la facultad de establecer un convenio en el marco de la confidencialidad".
Finalmente señala que se acordaron pagos parciales "sin el decreto homologatorio".
"EN EL AREA DE CULTURA ES INADMISIBLE LA CONFIDENCIALIDAD"
Gutiérrez consideró que aún existiendo casos en los que se justifica la confidencialidad en la información pública, "el presente pedido surge por considerar que en el área de la cultura es inadmisible e incomprensible la confidencialidad. Mención aparte merece el gasto de $ 3.889.073 entre dos convenios firmados por dos productoras".
TAMBIEN EL CONVENIO FIRMADO POR LAPLACE
En la misma solicitud, el diputado Gutiérrez señala que también se concretó el pago a Víctor Laplace en representación de la productora Valga mediante pagos parciales (por un total de $1.300.000) "sin el decreto homologatorio".
Y además: "En el convenio con la Productora Valga no se explica en ninguna de las actuaciones administrativas como se beneficiaría la provincia en materia cultural, turística o de difusión".