Domingo, 9 Septiembre, 2012 - 20:51

¡Con Seguridad!

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De los policías echados a los policías judiciales. De los susurros intrigantes a la transparencia.

Este sábado la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, hizo público que una veintena de policías federales serán echados de la fuerza por corruptos. Habló de una grave connivencia entre algunos uniformados y el delito.
El dato permite resignificar (en el marco de una política de seguridad que irradia la administración central y se replica en nuestra provincia y en otras) los dichos y cruces entre funcionarios políticos, legisladores y hasta un ministro de la Corte chaqueña. La pregunta es qué se disputa detrás de ese batifondo.
El hijo directo de la nueva Ley de Seguridad es el Consejo Provincial de Seguridad Pública, cuyo objeto (ser el ámbito por excelencia para diseñar políticas en la materia con una integración pareja de poderes del Estado y estratos sociales) corrió dos riesgos en la reunión inaugural de mayo: uno, acaso el más grave, quedar reducido a un gabinete de asesoramiento del Ejecutivo; dos, repartir proporcionalmente la responsabilidad ante un posible fracaso de las políticas implementadas por el Ejecutivo de aquí en más. Vale decir que los funcionarios y representantes que llegaron a la reunión con la intención de aportar a un cambio de fondo, debieron salir con la sensación de que si el delito no baja en los próximos meses la culpa será de todos.
Subir a tanta gente al tren del nuevo Consejo importaba la legitimación de medidas que fuera a intentar el gobierno (por ejemplo inversiones para profesionalizar la fuerza y la intervención de foros vecinales de seguridad) y la consecuente "cesión de derechos" en la temática. La "trampita", si la hubiera, consistiría en que el que se quedó en el andén no tiene derecho a patalear, y el que se subió podría patalear en el vacío.
A saber: que la Policía sea obligada a actuar en función de un mapa del delito trazado por los vecinos, o que un nuevo 911 exiga una suerte de "doble comando" en los barrios, puede ser de gran ayuda pero también es una forma de perder márgenes de decisión y maniobra. Claro que la máxima autoridad civil de la Policía, el ministro de Gobierno Juan Manuel Pedrini, plebiscita buena parte de su gestión de aquí en más poniéndose el Consejo al hombro, por lo que no deberían oírse voces críticas surgidas de la propia tropa.
Distinta es la "cesión de derechos", la legitimación de las políticas del Ejecutivo que debe hacer la Justicia. Ricardo Franco, del STJ, fue el primero en recordar que desde que fue legislada, treinta y pico de años atrás, la Policía Judicial era la salida lógica para que el itinerario entre el delito, su resolución y la sanción para el responsable se abordara como correponde. La Policía Judicial no existe, ningún mandatario le dio el soplo vital, y si existiera dependería de ese Poder y no del Ejecutivo. La crítica era para la Policía Provincial, una especie de "locademia" sin norte que llega tarde a todos lados y arruina los elementos probatorios cometiendo toda clase de errores.
La respuesta de Pedrini no se hizo esperar: "Si los jueces hablan por sus sentencias, algunos juzgados están mudos". Su argumento era que la Policía detiene a los delincuentes pero "la Justicia más cara del país", que es la que tenemos según el ministro, los deja libres. No hace falta ninguna policía super-especializada para encerrar a un motochorro, sino que la Justicia actúe, reclamó.
Pocas semanas antes la cúpula del Poder Judicial, en un caso insólito de consustanciación con sus empleados (casi nada queda de la Corte que se aumentó el sueldo violando la ley de enganche) se había solidarizado con quienes la tenían a paro limpio y había exigido clamorosamente fondos presupuestados y adeudados por el Ejecutivo. Que ahora Franco saliera con lo de la Policía Judicial, justo cuando Jorge Capitanich había conseguido que el Parlamento le votara masivamente la Ley de Seguridad, cayó como un balde de agua helada. Tan helada que Pedrini disparó todavía un par de ráfagas: en una provincia que "tiene más juzgados civiles que Rosario y que La Plata", anunciaron (los ministros del STJ) que "iban a recaudar por tasa $ 10 millones, pero a la fecha vamos por $ 2 millones porque no las cobran". Finalmente desvinculó a los empleados: "Algo le pasa en términos administrativos a ese Poder porque los empleados trabajan toda la tarde, dejan exhaustos a los trabajadores y no hay respuestas".
El juez Franco volvió a hablar, pero a más de destacar las virtudes de la Policía Judicial, deslizó que había connivencia entre funcionarios, legisladores, jueces, empresarios y la delincuencia. La definición fue genérica; no dijo que hablaba del Chaco, pero desde la vereda de enfrente lo estaban esperando y en cuanto terminó su alocución salieron a cruzarlo en los medios y movieron los resortes institucionales que tenían a la mano: sendas comparecencias reclamadas tanto por el Consejo de Seguridad como por la comisión legislativa de Legislación General. Hasta desde el Consejo de Abogados de Resistencia pidieron que los órganos judiciales actúen de oficio para "esclarecer un hecho que afecta la credibilidad misma de todo el sistema judicial". Franco pidió tres días de licencia por problemas de salud y no asistió a la reunión del Consejo de Seguridad.
Las cosas se habían desplazado más allá de las fronteras del buen gusto. Incluso este cronista tuvo una mala experiencia (ya relatada en Diario Chaco) intentando dar a Franco la posibilidad de explayarse sobre estos cruces. Para entonces, probablemente, el magistrado estaría experimentando la desoladora sensación de haber entrado por propia voluntad en un terreno pantanoso sin que nadie se animara a tenderle una mano.
Parece haber una refrescante búsqueda de transparencia en las fuerzas de seguridad. La confirmación de la ministra Garré de que echarán a 20 policías federales es muestra de ello. También las declaraciones de Ricardo Franco serían de extraordinaria importancia para echar y procesar a quien haga falta por apañar delincuentes en el Chaco, si es que tiene información al respecto. Este martes ya se habrán cumplido sus tres días de licencia por enfermedad, así que podrá asistir a la reunión de la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados y aclarar lo que haga falta.

(*) De la Redacción de Diario Chaco.