Martes, 28 Agosto, 2012 - 18:58

Reforma del Código Civil
Piden facultar al juez para obtener ADN de alguien que se niega

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La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reclamó hoy que el nuevo Código Civil "faculte al juez".

Carlotto se refirió de ese modo a los casos en que un presunto padre se niegue a facilitar el análisis genético para establecer la filiación de un hijo de desaparecidos.



La Comisión Bicameral de Reforma del Código Civil mantenía hoy la segunda jornada de audiencia pública, con la exposición de miembros de 50 Organizaciones No Gubernamentales y asociaciones de profesionales, académicos y representantes de cultos religiosos y de pueblos originarios, en el salón Azul del Palacio del Congreso.



La sesión se inició a las 14 y se prevé una jornada similar para el próximo jueves 30 de agosto y el martes 5 de septiembre.



Carlotto en su exposición destacó que el proyecto "regula por primera vez un procedimiento específico" para que los nietos recuperados puedan acceder a "su apellido legítimo", al tiempo que propuso cambios en normas de adopción para "garantizar que no se produzcan la compra ventas de niños".



Asimismo, afirmó que le parecía "incorrecto" mantener el principio de que "alguien que se niegue a un examen de ADN es un indicio grave de su paternidad", porque "se está estableciendo la identidad sin certeza, sobre la base de la presunción".



"Creemos que debería facultarse al juez a obtener ADN a la persona renuente de manera coactiva por intermedio de la fuerza pública, porque la identidad es un derecho de jerarquía constitucional, previsto en la Convención de los Derechos del Niño", agregó la dirigente del organismo dedicado a la búsqueda de nietos apropiados durante la dictadura militar.



Manifestó, además, que le preocupan "mucho algunos puntos de la redacción del artículo 69, dado que no se realiza ninguna aclaración sobre la situación de las adopciones, que hoy en día es la más problemática y se utilizan algunos términos muy imprecisos".



Carlotto criticó el artículo 596, que exige a un adolescente adoptado que "tenga patrocinio legal", y pidió que resuelva su situación con "un simple trámite administrativo", porque "acceder a un abogado no es sencillo ni está al alcance de todos, por lo que no hay ponerle obstáculos insalvables a quien desea conocer la identidad".

En tanto, representantes de la ONG Habitar Argentina pidieron que se incluya en el Código la función social de la propiedad, que se acorten de 20 a 3 años los tiempos para adquirir el inmueble o la tierra cuando sea para vivienda, se impida el embargo de la vivienda única y se regulen los alquileres.



Por su parte, María Arenaza, en nombre de las universidades de General Sarmiento y Lanús, propuso una planificación a futuro del uso de la tierra porque "los barrios cerrados consumen mucho suelo para pocas personas", mientras los emprendimientos informales para personas pobres no tienen dónde ubicar sus viviendas.



La académica afirmó que en el área metropolitana los barrios cerrados concentran 110.000 hogares en 36.000 hectáreas, mientras 220.000 viviendas pobres ocupan 16.000 hectáreas, al tiempo que distinguió entre los barrios privados actuales, que no deberían ser tocados, pero reclamó "una planificación a futuro que condicione el uso a fin de garantizar el derecho al suelo".



Antonio Romeo, de la Red Argentina de Adopción, afirmó que "las reformas van a tener sentido cuando las provincias adopten el sistema nacional de adopción" y reclamó una mayor facilitación así como el acortamiento de "los tiempos de espera", que estimó de seis a ocho años.



Una representante de pueblos originarios criticó que los autores de las reformas, incluido el Poder Ejecutivo, nunca los consultaron para introducir cambios y reclamó modificaciones al concepto de propiedad del suelo, porque "la tierra significa mucho más que una posesión sujeta a producción porque contiene elementos espirituales y de proyección de las tradiciones y la historias de esos pueblos".
Fuente: 
Agencia DyN