Sábado, 25 Agosto, 2012 - 18:57

Cada día más avasallante y menos progresista, la aplanadora k va por todo: ahora, por la Constitución

El pacman pendular de los argentinos se come todo, avasalla, somete y cada día va por más.

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Por decisión y por vitalidad propia, pero también por la falta de ideas y el apichonamiento opositor, la hegemonía política del cristikirchnerismo avanza de tal manera que no sólo ha metido en su propia bolsa a muchos jueces, dirigentes, empresarios, gremialistas, jóvenes estudiantes y presos, sino que hasta se apropió del Estado, al que está fundiendo consigo mismo en una sola pieza, además de convertirlo cada día más en el regente primordial de las vidas y haciendas de los argentinos.



A diferencia de los años 90, la ideología de estos tiempos empuja a correr para el lado opuesto y eso no resulta extraño, sino la velocidad de la ocupación. A los analistas les suena incomprensible que, aún en tiempos de mayor debilidad económica (o quizás por eso, para preparar el terreno para cuando se vuelva a instalar la bonanza y la opinión pública esté más relajada), el avance a paso redoblado de la "blitzkrieg" oficialista hacia el "vamos por todo" siga funcionando como funciona y se dé los lujos que se da.



Pese a que se perdieron los superávits fiscal y comercial, que el tipo de cambio está en terapia intensiva, que las reservas monetarias se han caído y las energéticas casi desaparecido, que el país se ha comido el capital y no renueva la infraestructura, que el crecimiento se detuvo, que la inflación se enseñorea y que la presión fiscal ahoga, en los últimos meses, el arrollador empuje K dio vuelta como una media hasta los tiempos de Néstor Kirchner.



Hoy, la nueva corriente que domina el Gobierno propicia un viraje profundo hacia un Estado empresario y planificador, pese a que, subsidios mediante, carga con una pesada mochila de ineficiencias y de sospechas de corrupción que no sólo le impiden articular los servicios básicos de su competencia (seguridad, salud, educación, etcétera), sino que está francamente ausente en materia de contralor (transportes, energía, peajes, etcétera).



Bajo la batuta cada vez más abarcativa del viceministro de Economía, Axel Kicillof, el Estado que se prefiere ahora es el que asigna a dedo utilidades para compensar el capital y le dice a las empresas qué hacer o qué importar y a los bancos cuánto prestar y a quiénes y antes de cuándo, pero también el Estado que se mete con el chiquitaje y pontifica quién puede o no puede comprar dólares. Es el mismo Estado que estaba estudiando un proyecto para desalambrar los barrios cerrados y dejarlos a la buena de Dios, una manera de socializar la inseguridad, hasta que el diputado Agustín Rossi hizo una ensalada tal a la hora de negar la revelación que él mismo había hecho de esos planes oficiales que terminó pidiendo "perdón" y no se sabe muy bien a quiénes y por qué. Por otro lado, el empuje de la aplanadora K ha taponado cuestiones críticas sin mayores problemas, como las acusaciones de corrupción contra el vicepresidente Amado Boudou, que han quedado ahora aisladas en los juzgados, ya que políticamente el oficialismo logró estatizar la compañía, pese a que aún no se sabe quiénes son sus dueños.



En tanto, y no de modo oscuro por cierto, sino como algo promocionado cristalinamente por la misma página de Internet de La Cámpora, más allá de las cárceles y del avance más sotto voce del "Vatayón Militante" en terreno bien cenagoso, sus miembros se han metido con menos dificultad de auditorio en las escuelas, para hacer allí proselitismo partidario.



En los talleres que brinda la agrupación en colegios secundarios y aún primarios, se presenta al Eternauta como "El Héroe Colectivo", símbolo de la lucha contra el invasor foráneo y de la "titánica reconstrucción de la Patria que, gracias a Néstor y Cristina, estamos viviendo todos los argentinos".



Lo que no se ha precisado demasiado es que la conducta de los jóvenes camporistas, más aun si son funcionarios públicos, está prohibida por media docena de leyes, incluidas las que protegen los Derechos del Niño, junto a varios códigos de ética y reglamentos escolares de las jurisdicciones.



Así, en la provincia de Buenos Aires, el artículo 193 del Decreto 2299/11 señala textualmente: "Prohíbese la colocación de símbolos religiosos o de partidos políticos en el ámbito de los edificios escolares". En tanto, en el ámbito porteño el artículo 18 del Reglamento Escolar establece que en "ningún caso podrán autorizarse actividades en las que se traten asuntos de carácter religioso, político partidario o racial".



Pese a esas barreras, la Presidenta defendió en la semana con enjundia la actividad propagandística de los jóvenes y dijo que es algo que "nos tiene que llenar de orgullo y alegría", al tiempo que pidió que no se los critique por ir a bailar o por tomar cerveza y luego por militar y enfatizó que se los deje "tranquilos vivir y que hagan su propia experiencia histórica".



Los que se han quejado del adoctrinamiento fueron crucificados mediáticamente de inmediato y, como en el caso de Mauricio Macri, la instalación de una línea telefónica gratuita para recibir denuncias de injerencias partidarias en los colegios porteños fue respondida con acusaciones de "buchón" y hasta con ejemplos presidenciales en el mismo sentido: "Yo estoy segura que algunos le hubieran puesto un 0-800 a Jesucristo y hubieran dicho... cuando vea a los cristianos denúncielos, porque están haciendo algo. Eso es feito", dijo Cristina.



Para algunos mal pensados, hasta la inédita presencia del viceministro de Seguridad, Sergio Berni, en la cancha de Boca Juniors y la clausura de La Bombonera debido a un hecho repudiable y punible, aunque seguramente de infinitamente menor envergadura que la violenta pelea que la semana pasada hubo en torno a la cancha de Nueva Chicago, donde dos policías federales (que dependen del funcionario) fueron heridos e internados, también tuvo que ver con la lija que se le está pasando al Jefe de Gobierno porteño.



Queda claro también que el fútbol es ya un apéndice más del poder político y no sólo por este episodio, sino por el avance de la AFIP contra los intermediarios, un modo de someter con mucho más que dinero a Julio Grondona y a los sospechados dirigentes, y además por el uso de los espacios televisivos para contestar críticas opositoras, tal como se hizo con Macri y durante el último fin de semana con el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, por su reclamo de fondos jubilatorios ante la Corte.



Ambos mandatarios se reunieron y quedaron estampados en una foto que molestó mucho en Olivos, justo en el día en el que hubo misteriosos desórdenes en Córdoba que generaron la represión policial, ingredientes más que suficientes para que el oficialismo se hiciera una panzada a la hora de calificar de "derechosos" a los personajes. Más allá de Macri y de la Sota, el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, también está peleando en la Corte Suprema por fondos previsionales que se le retienen de la Coparticipación. Estas demandas han abierto en paralelo cierto debate público entre algunos miembros del Alto Tribunal que desnudan de alguna manera su cercanía al Gobierno en este tema, ya que dos ministros (Eugenio Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco) señalaron que se trata de una disputa política que debe resolver la política y el titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, siguió la letra del artículo 117 de la Constitución Nacional que determina que sea la Corte la que defina los pleitos.



En tanto, el federalismo y el papel de los gobernadores se ha reducido a la mínima expresión. Los mandatarios patagónicos tienen el dulce hidrocarburífero y aunque las provincias son las dueñas de los recursos y han tenido que zapatear un poco para hacerse oír, lo cierto que la manija la sigue teniendo Kicillof, desde ahora también mandamás del sector eléctrico, al que se dejó fundir sin autorizarle tarifas, para tener la excusa y salir del marco regulatorio anterior. Por su lado, las provincias mineras tienen un Código que nunca será desconocido desde Buenos Aires pese a las protestas de los ambientalistas, mientras que los estados más pobres reciben subsidios a rajatabla.



Por el lado de la provincia de Buenos Aires, la más grande, pero también la más comprometida en materia de números fiscales, la estrategia es acogotar al gobernador, Daniel Scioli, porque ha tenido la osadía de decir (y de reiterar hace dos días) que si la Presidenta no puede presentarse en 2015 él quiere ser el candidato de la continuidad.



Justamente en este tema, durante la última semana ha quedado en claro hacia adónde apunta como objetivo casi final la imparable ofensiva ideológica del oficialismo: la reforma de la Constitución Nacional. Los opositores creen que el cambio se va a plantear después de las legislativas de 2013 para conseguir la reelección presidencial.



Sin embargo, otra lectura que podría hacerse es que, bajo la fachada de una "Cristina eterna", para que la Presidenta siga gobernando sin desgaste hasta 2015, lo que se está buscando realmente es hacer cesar, de una vez y para siempre y por "liberales", los derechos y las garantías que rigen desde 1853.



Pese a que se sabe que no es lo mismo una estatización política que la adhesión a un cambio constitucional, los números conseguidos en ambas cámaras legislativas para que el Estado se haga de la ex Ciccone (69% en el Senado y 64% en Diputados en relación a los presentes y 61% y 56% respectivamente, sobre el total de cada Cámara) fueron desmenuzados con mucha enjundia por el oficialismo, para saber cuántos votos le podrían estar faltando para cosechar los dos tercios que se necesitan para declarar la necesidad de la reforma.



¿Dónde hay todavía mayor resistencia hacia esta implacable ofensiva del actual poder? En Hugo Moyano, por cierto, aunque la sociedad en general le pasa facturas y no se sabe hasta dónde podrá llegar en su resistencia para no perder la CGT. En la Iglesia y en la prensa también y aunque los obispos dicen sus cosas sobre las desigualdades que profundiza el modelo, el enemigo a vencer, al que no se le puede entrar de lleno porque la gente los sigue prefiriendo, son los medios y los periodistas independientes.



Sin embargo, hay dos resistencias extremas que aún no pueden ser cooptadas por la impactante ofensiva K: la inversión y el progresismo. Hoy, no hay quién entierre un solo centavo nuevo en la Argentina, talón de Aquiles que sufre como ninguna YPF, el emblema que iba a ser un imán para los petroleros y que, por ahora, sólo ha conseguido reunir para los titulares alguna promesa de un solo empresario nacional y cierta simpatía de una sola compañía internacional. Los funcionarios dicen que se propende al desánimo cuando se dice que no hay "clima de negocios", pero eso lo que no hay y es peor a medida que el avance continúa y se profundiza la ocupación.



Pero, además, desde que el oficialismo desnudó su afán totalizador, son cada día más los que lo han abandonado por izquierda, desde un progresismo de raíz más liberal, cansados del sesgo populista y hegemónico del nuevo modelo ideológico. Y esos no vuelven. Para ellos también, una Constitución sin artículo 14 sería un desastre.



(*) Periodista Agencia DyN
Fuente: 
Agencia DyN