Jueves, 23 Agosto, 2012 - 19:18

Panorama económico
Los costos del modelo

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El empleo y la inflación figuran al tope de las preocupaciones de la mayoría de los argentinos, según reveló una encuesta de Gallup y la UCA.

No es para menos, ambas variables comienzan a cobrarse el costo de la peregrina idea de cerrar la economía y de colocar varios cepos cambiarios.



La suba de precios y la pérdida de puestos de trabajo, en su mayoría los más precarios, son las consecuencias directas de semejante decisión política.



El cierre al ingreso de bienes importados está llevando a la producción local a una marcada caída y a una suba de precios frente a la insuficiente oferta local.



La caída de la producción ofició de disparador para que los empleos de menor calificación y mayor precariedad sean la variable de ajuste en la economía. De la misma manera, al no ingresar bienes importados no sólo se deja sin actividad a la producción local, sino que la oferta agregada es insuficiente, lo que termina presionando sobre los precios y generando inflación.



Es probable que el Gobierno consiga finalmente los dólares que necesita para comprar en el exterior la energía que localmente no alcanza. El costo sobre la población tiene características ya estructurales (empleo e inflación) que llevará años poder cambiar.



Si bien la cuestión del empleo no parece preocupar al Gobierno, habida cuenta de la distorsión estadística, a poco que se aborde un enfoque cualitativo, se puede colegir que el principal empleador en la Argentina es el Estado y que el perfil productivo de la economía es notablemente bajo. Esto revela que, en estas condiciones, será poco menos que imposible conseguir nuevas inversiones, a partir de los ratios de productividad que presenta un país cuya principal actividad es la burocracia.



Mucho más difícil resultará conseguir inversiones toda vez que las autoridades nacionales están empeñadas en expropiar empresas cuando los resultados no son de su agrado.

De allí, que resultó llamativo el coro de funcionarios de la administración Kirchner rogando a empresarios de los Estados Unidos para que "confíen" en el país e inviertan.



¿Quién se atrevería a hundir su capital en un país que expropia, no permite importar, no permite comprar divisas ni girar utilidades al tiempo que se entromete en el manejo de las empresas y exige la presentación de la estructura de costos? ¿Quién podría animarse a invertir en semejante ambiente de inseguridad jurídica? Si la prioridad para el gobierno nacional es equilibrar el déficit energético generado por la propia "Era Kirchner", de acuerdo con lo expresado por el presidente de YPF, Miguel Galuccio, el costo en divisas y en el cuerpo social del país es enorme.



El sincericidio de Galuccio dejó en claro que fueron la falta de inversiones y el congelamiento de tarifas los dos factores que profundizaron el desequilibrio.



¿Cómo pretende el gobierno que las empresas del sector energético inviertan si tuvieron congeladas las tarifas durante los últimos diez años, absorbiendo todos los aumentos de costos y la inflación? Por eso, no resulta casual que todas las empresas de gas y de electricidad se encuentren en concurso, intervenidas y con patrimonio neto negativo.



Cuando se quiso "asegurar la mesa de los argentinos", no sólo no se la aseguró sino que el daño provocado sobre el sector rural, el corazón económico del país, fue multimillonario, provocando quiebras en toda la Pampa Húmeda y convirtiendo a los alimentos en bienes carísimos.



Ahora, se quiere "cubrir el déficit energético" y el daño provocado es también multimillonario, empresas en quiebra, precios altísimos, caída en la producción y despidos masivos.



(*) Para Agencia DyN
Fuente: 
Agencia DyN