Domingo, 19 Agosto, 2012 - 12:01

Tres tópicos de la semana
Inmoralidades al banquillo

La denuncia del inmoral 15 %, la ley que quiere terminar con el inmoral antiplus y una inmoral canasta alimentaria de $ 6.

REBELIÓN (FISCAL) EN LA GRANJA

Se estima que en los últimos tres años Chaco aportó a la Nación, por el 15% de precoparticipación, $ 3.273 millones (en 2011 se calculan $ 923 millones, y $ 1.152 millones corresponden a este año).



Aparte de las presentaciones de varias provincias ante la Corte para que la Nación les devuelva los fondos adeudados por jubilaciones, otras, empezando por Córdoba, "denunciaron" en sus legislaturas la cesión de ese 15% nacido con el Pacto Fiscal de los noventa. Esos fondos debieron ser reintegrados a las provincias en 2008 cuando se reestatizaron las AFJP y el aporte dejó de tener su razón de ser.



De acuerdo a quién gobierna cada distrito, el reclamo (idéntico en su formulación) lo hizo o el oficialismo o la oposición. En Chaco fue el radicalismo el que tomó la posta y presentó el proyecto que es casi un "paper" que recorre el país buscando adhesiones. El ex gobernador Ángel Rozas, en un gesto de simpático sarcasmo, llamó a "apoyar al gobernador y enfrentar al centralismo porteño que nos ahoga”. "La Nación se queda con $ 720 millones anuales; con $ 350 millones se resuelve el déficit del InSSSeP", señaló el caudillo, y más adelante precisó que la retención es de $ 60 millones mensuales y el déficit el InSSSep es de $32 millones por mes. Según los números del IARAF, en base a datos de la cartera económica nacional, esa cifra fue superada ya hace dos años.



Hace días el gobernador Jorge Capitanich presentó varias alternativas para avanzar en la solución del déficit previsional. Ninguna implicaba la exigencia a la Nación de la devolución del 15%, pero la realidad es que el compromiso de la administración central de financiar el déficit a través de Anses, que hoy no se cumple (Chaco es una de las provincias que ni nacionalizó su sistema previsional ni lo "armonizó" con el de Nación) pone al Ejecutivo provincial en una encrucijada que o se resuelve usando el "teléfono rojo" que suena en la Rosada, o encontrando petróleo a borbotones, o aceptando que tal vez el reclamo que empezó en Córdoba no sea tan descabellado, y que el disciplinamiento al proyecto político de Cristina Fernández no puede estar por encima de la crisis presupuestaria. Sobre todo ahora que, a propuesta de un legislador de su bloque parlamentario, se aprobó la Ley Antiplus.



UN PLUS DE CONTROL CON RESULTADO INCIERTO

La Legislatura aprobó mayoritariamente este miércoles la ley que prohíbe el cobro de "plus" en la provincia. En el Recinto de Sesiones se respiraba un aire de incertidumbre sobre sus resultados concretos. Era una ley que podía terminar, al fin y al cabo, en mero manifiesto testimonial.



El problema no era la aceptada "inmoralidad" del cobro de plus sino la aplicación de los controles y sanciones fijados en la ley, en su lado práctico. ¿Cómo atacar ese golpeteo al bolsillo de los afiliados? La respuesta parecía inevitable: con poder de policía: la norma crea un cuerpo de élite cuyos inspectores se harán pasar por pacientes comunes y al momento de recibir la solicitud comprometedora del médico o de la secretaria (la palabra mágica, "plus", nunca se menciona en los consultorios) extraerán ceremoniosamente sus credenciales y labrarán un acta solemne.



También habrá cartelitos de advertencia en las salas de espera de toda la provincia, pero el verdadero éxito consistirá, sostienen, en atrapar a los ilegales en plena faena de cobro inmoral. Si caen en las garras de los sabuesos las sanciones irán desde 1 a 5 salarios mínimos con 90 días de suspensión como prestadores; de 5 a 10 salarios con 180 días de suspensión y, en caso de reincidencia (esto, para los prestadores del InSSSeP) la sanción será terminal: baja permanente e inhabilitación definitiva.



Pero ¿por qué surgió, se extendió y hoy está institucionalizado el cobro de plus? Según argumentan los prestadores, porque el InSSSeP no paga en tiempo y forma. Un diputado radical sintetizó el problema durante el debate parlamentario: "Si el InSSSeP cumpliera, no existiría el plus".



Al ataque implacable a los profesionales que cobran plus, pues, la ley añade una obligación para el InSSSeP: en lugar de crear un comité de crisis y tener en vilo a la población cada vez que los prestadores decretan medidas de fuerza por falta de pago, deberá pagar el capital mas sus condignos intereses por mora.



El inconveniente es que esta cláusula parece pretender que el organismo se atrasa en los pagos por errores administrativos o por malicia, y que si se ajustan algunas tuercas todo se normalizará. ¿Nadie escuchó hablar del déficit previsional? Si ese pasivo es financiado con el dinero que los afiliados vuelcan en el sistema de salud y no hay en el horizonte una solución para semejante agujero presupuestario, difícilmente el Tesoro provincial cuente con el dinero para, en caso de atraso, pagar capital mas intereses.



Con la ley aprobada y, hasta donde sabemos, a la espera de su promulgación o veto por parte del Ejecutivo, hay preguntas que la realidad se encargará de responder: ¿serán los inspectores los que terminen con el plus (argumentum ad baculum), o éste ya no tendrá razón de ser porque el InSSSeP pagará en tiempo y forma para evitar la "sanción" económica adicional? ¿Servirá esta ley para terminar con el cobro de plus o nacerá una nueva industria del juicio y la apelación cuando los "profesionales del arte de curar" aseguren en sus descargos que jamás propusieron hacer nada ilegal? ¿Terminarán los médicos cobrando el plus mientras auscultan al paciente o le sacan una muela, para evitar que la operación ilegal se conozca más allá de las cuatro privadísimas paredes del consultorio? ¿Podrá el Gobierno alivianar la mochila de la deuda previsional para que el InSSSeP no tenga que institucionalizar el pago a prestadores con intereses incluidos todos los meses? Ya veremos.



COMER BARATO Y NUTRITIVO: LA CANASTA DE LOS $ 6

"Estadísticas polémicas: Según el INDEC, una persona puede comer con $ 6 por día" es el título de la nota de Ismael Bermúdez, del suplemento económico de Clarín, que el lunes pasado disparó uno de los temas más calientes de la semana. La sentencia de la opinión pública, que a falta de mejores instrumentos estadísticos podemos mensurar por los posteos en Facebook y Twitter y los titulares de los digitales, fue contundente: el INDEC miente de nuevo.



Hay un "relato" (o "contra-relato") construido sobre la base de que el INDEC de Moreno, que manipula los datos de la inflación, manipula por añadidura todos los otros datos. Ese es el horizonte de posibilidades de cualquier informe oficial, su destino manifiesto.



¿Bermúdez miente? Al parecer, el periodista revisó la última Valorización Mensual de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total para el Gran Buenos Aires. En lugar de tomar el valor de referencia ($ 222,77/ $ 7,42 por día) recorrió los cuadros del informe y encontró un ejemplo práctico en la página 4: una familia compuesta por un hombre de 35 años (su valor de equivalencia es "1"), su esposa de 31 (eq. 0,74), un hijo de 5 (eq. 0,63) y una hija de 8 (eq. 0,72). Las "equivalencias" son el sistema para establecer las distintas necesidades energéticas de acuerdo a la edad y el sexo. Para la familia del ejemplo, la canasta de julio es de $ 688,37. Bermúdez dividió ese monto primero por 30 y después por 4, y obtuvo $ 5,74. Ahí nació la historia de los $ 6.



Entonces, ¿Bermúdez miente? No, no miente. El periodista llega a sus $ 6 tomando un ejemplo que no se puede universalizar, pero esa decisión no configura una mentira. La nota arranca con una calificación que es también válida si y sólo si se trata de un trabajo de autor: "Seguramente en la mayoría de las casas administran mal el dinero y no saben hacer bien las compras", y deja para el cierre esta sentencia: "Mientras continúe la manipulación estadística, la información oficial será cada vez más absurda" (Aclaración: en el artículo no hay una sola línea en la que se fundamente tal manipulación).



Tanta presión metió la nota de Bermúdez que la titular del organismo, Ana María Edwin, en lugar de defender a capa y espada el informe terminó el jueves reconociendo que su gestión es "sumamente crítica" de esa canasta. Su aclaración sobre la improbable utilidad de esas cifras no ayudó a mejorar la reputación de los datos ni la del devaluado INDEC: "Hoy en día (esa canasta) no tiene ningún valor para saber efectivamente cómo está viviendo el Pueblo, pero lo seguimos llevando adelante para no discontinuar una serie de estadísticas que nos permiten ver si hay mejoramiento, como tendencia general, no como dinero per cápita, o si hay un empeoramiento en las condiciones de vida de la gente". Claro que mientras Edwin reduce el informe a una rémora técnica, el Gobierno lo utiliza como base para cálculos más importantes. Nada que dijera la funcionaria hubiera servido, ni el jueves 16 ni antes de que se emitiera el informe, el viernes 10.



El asunto no es lo que escribe Bermúdez (más allá de cierta fiaca analítica), sino lo que la nota generó. Eso dice mucho de la prensa que tenemos, que somos: decenas de medios digitales, radiales, televisivos y de papel de todo el país se hicieron eco del artículo de IEco. Nadie revisó el informe oficial del INDEC (si lo hubieran hecho se habrían encontrado con que el ejemplo de la nota original es sólo uno entre varios, y las razones de esa elección sólo puede fundamentarlas su autor). Por cierto nadie citó a Bermúdez, como si la culpa por darle crédito a "la Corpo" los llevara al extremo de no mencionar la fuente. Así hicieron suya la afirmación de que "Según el INDEC, una persona puede comer con $ 6 por día". El INDEC se convirtió en la fuente, cuando la fuente era Bermúdez, ya que nadie revisó el informe. En el mismo acto en el que despojaron a Bermúdez de su autoría, despojaron a la noticia de un principio que le es intrínseco: su autor, el verdadero sujeto de una opinión, y pasaron de la información a la propaganda berreta, desquiciada, como invitando a la sociedad a la indignación y la reprobación; como si todos quisieran un pedacito de ese Muro de Berlín derrumbado que, esperan, será el INDEC más temprano que tarde.



En el mismo sentido, sectores de la oposición de todo el país se enfocaron en los $ 688 de la nota de Clarín (en general sin mencionar a Clarín), por lo que parece evidente que tampoco leyeron el informe del INDEC. Hasta el políticamente incorrecto grupo de hackers Anonymous dirigió un ataque informático al sitio del organismo estadístico "por andar diciendo estupideces" (después de tomárselas con la web de La Cámpora), lo que habla a las claras de la independencia política de estos jóvenes idealistas.



No hay ingeniería social que permita predecir de qué manera una noticia marginal terminará marcando la agenda nacional de la semana, multiplicándose y transformándose. Cuando días atrás Perfil consultó a nutricionistas para saber si la Canasta Alimentaria era realmente alimentaria, la noticia apenas rebotó en las redes. La opinión de Bermúdez tuvo otra suerte. Debe estar chocho, y Magnetto, exultante.



(*) De la Redacción de Diario Chaco.