Martes, 14 Agosto, 2012 - 16:01

Moyano abre consultorio jurídico para obras sociales acreedoras del Estado

Hugo Moyano inaugurará en la sede de la CGT Azopardo una ronda de consultas y consejos para obras sociales que reclaman millonarias deudas al Estado nacional.

El consultorio jurídico tendrá su presentación en la habitual reunión de los martes del Consejo Directivo de la central obrera. Aunque esta vez, los invitados principales serán los titulares de las prestadoras médicas gremiales, que en la mayoría de los casos son los secretarios generales o adjuntos de cada sindicato.



Según dijo Juan Carlos Murgo, de los trabajadores del caucho, en el cónclave se explicará a "todos" los presidentes de las obras sociales cómo tienen que presentar la demanda judicial para cobrar. "Pediremos el dinero que nos deben, nos estamos fundiendo. No te pagan los trasplantes cuando hay una ley que dice que los tiene que pagar el gobierno y no se puede dejar de darle a un trabajador la obra social", afirmó.



"En mi obra social tengo un trasplante de médula de un chico que desgraciadamente se murió y no me lo pagan, son 1,2 millón de pesos", se quejó en un diálogo radial Murgo, que también es el secretario de Estadística y Defensa del Consumidor de la CGT moyanista.



El camionero estima que la deuda total supera $ 12.000 millones. Pero ese monto es reclamado tanto por Moyano y sus aliados como por sus enemigos, todavía en disputa por la conformación de una central paralela. Unos $ 2.000 millones corresponden a reintegros impagos por servicios médicos de alta complejidad que cubrieron los gremios y los otros $ 10.000 millones son del Fondo Solidario de Redistribución, una retención obligatoria para todos empleados registrados.



Del total adeudado, $ 310 millones exige el Sindicato de Camioneros. Meses atrás, los choferes y otros dos gremios desfilaron por los Tribunales para denunciar "importantes retrasos" en el reintegro de costosos tratamientos contra el VIH, adquisición de prótesis o trasplantes de órganos. Sin embargo, tras la disolución de la APE, que fue absorbida por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), en el consultorio legal se evaluará presentar demandas por "abuso de autoridad" contra la Presidente.



La embestida judicial que ordenará esta tarde Moyano se enmarca en el conflicto público vigente con la Casa Rosada. Las quejas por estos fondos no son nuevas. En plena campaña presidencial, el líder cegestista encabezó un masivo acto donde llamó a votar por la reelección de Cristina de Kirchner a la vez que pidió el dinero retenido en la exAPE con el mismo énfasis que lugares en listas para sindicalistas o la ley de reparto de ganancias empresariales, hoy caídos en desuso.
Fuente: 
Ambito Financiero