Lunes, 13 Agosto, 2012 - 19:45

A partir del actual ejercicio
La UCR propicia que Chaco denuncie el Pacto Fiscal

La iniciativa de Ley es del legislador Livio Gutiérrez, quien sostiene que ya no hay motivos para que la provincia ceda el 15% de su coparticipación para el sostenimiento del régimen jubilatorio.

El diputado del Interbloque de la UCR Alianza Frente de Todos, Livio Gutiérrez, se refirió al proyecto de Ley de su autoría mediante el cual se denuncia el Pacto Fiscal suscripto ente la Nación y la provincia el 12 de agosto de 1992 que, entre otras consideraciones, establecía que las provincias, de manera solidaria, cederían un 15% de la masa coparticipable para el sostenimiento del sistema de jubilación estatal.



Gutiérrez explicó que “estamos denunciando por infundado e inconstitucional la vigencia del acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales celebrado en el año 1992, nada justifica seguir prorrogando el llamado “Pacto Fiscal” por el que Chaco, sin ningún beneficio, pierde recursos vitales para el financiamiento de la salud, la producción, la seguridad y la educación, la Nación anuncia permanentemente superávit en la Anses, pero esos fondos excedentes son a los que echa mano el gobierno nacional para atender asuntos que nada tienen que ver con el sistema previsional, como tapar el rojo de las cuentas públicas, el fútbol para todos o en el mejor de los casos para comprar netbooks o otorgar asignaciones por hijo que no son tan universales como deberían ser; todo muy lejos de dar respuestas a los más de 400.000 juicios por incumplimiento del 82% móvil y en ese contexto proceder al readecuación de las jubilaciones y pensiones”.



“La realidad indica que han desaparecido las causas que motivaron aquel acuerdo. En aquella oportunidad se consideró necesario derivar un 15% de la masa coparticipable (más específicamente en la instancia de “pre-coparticipación” es decir antes de proceder a su distribución), para ser afectado al financiamiento del sistema de jubilación de reparto, cuyo financiamiento se encontraba entonces seriamente comprometido por la creación de las Aseguradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), pero hoy tras la estatización del sistema previsional en el año 2008 con la sanción de la ley 26.425 que consagra el Sistema Integrado Previsional Argentino y deroga el régimen de las AFJP (Ley 24.241) constituye un verdadero despropósito el que las provincias argentinas sigan renunciando a recursos de tan importante cuantía, durante los gobiernos de la Alianza se solicitó reiteradas veces tanto al ex presidente Kirchner como a la actual presidente su derogación pero nunca hubo respuestas, este gobierno pese a su cercanía al gobierno nacional tampoco ha denunciado esta situación, por lo tanto desde nuestro bloque hemos tomado la iniciativa”.



“Desde aquel primer Pacto Fiscal y hasta el 31 de diciembre de 2010, las prórrogas del mismo se efectuaron por medio de leyes nacionales (24.699, 25.239 y 26.078) ratificadas por sus correspondientes leyes provinciales surgidas de cada una de las legislaturas provinciales, sin embargo en el 2011 el presupuesto nacional donde se estipulan las prórrogas, se aprobó mediante el decreto presidencial N° 2054/10,
de esta forma el Poder Ejecutivo Nacional estableció unilateralmente una prórroga de 5 años, extendiendo la vigencia de la Ley hasta el 2015”.



“De esta forma, el Gobierno Nacional ha violado abiertamente la Constitución Nacional, ya que con un decreto eludió el mandato constitucional en lo referido a la relación fiscal establecida entre la Nación y los Estados provinciales, tampoco puede soslayarse el hecho de que los fondos que constituyen el sistema de Coparticipación Federal de impuestos son propiedad de la provincia, por lo tanto es la Legislatura la que decide sobre ellos”.



Gutiérrez planteó la posibilidad de redireccionar esos recursos cedidos a la Nación. “Las provincias aportarán este año una media de $ 23.500 millones,
suma que equivale al 80% del déficit fiscal proyectado para todas las provincias, que en muchos casos pasarían a ser superavitarias si contaran con los recursos que se les vienen detrayendo desde 1992 y en el caso del Chaco servirían para dar una respuesta definitiva al déficit previsional y los avatares económicos de la obra social provincial que está con los servicios cortados cada mes por falta de pago a los prestadores
y con servicios en las prestaciones lejos de los ideales por el monto que cada afiliado aporta al Instituto”.



“Nuestra provincia está empobrecida por la persistencia en este tipo de políticas que solo aumentan la marginalidad al atentar contra la igualdad de oportunidades, un norte que continúa sin el acceso a las condiciones mínimas de calidad de vida, sin agua potable, sin gas natural, con un sistema de salud deplorable con médicos precarizados y mal pagos, salarios deteriorados frente a una inflación que ronda el 30%, altas tasas de inseguridad, la asistencia social a los sectores vulnerables reemplazada por asistencialismo político, entonces
si bien es
cierto que la discusión de la distribución fiscal debe darse en un sentido más amplio, no es menos cierto que esa instancia no se dá y está muy lejos que se pueda llegar cuando estamos frente a un gobierno que no manifiesta ningún tipo de interés en hacerlo, es por eso que hemos tomado la decisión de reclamar lo que legítimamente nos corresponde”.



EL PROYECTO

Artículo 1º)
Denunciase, a partir del ejercicio fiscal corriente, el “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales” fuera suscripto con fecha doce (12) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992), ratificado mediante Ley Nacional Nº 24.130, y extendiendo la denuncia a las cláusulas de los convenios posteriores ratificatorias de su vigencia y/o que establezcan que la distribución de la masa de fondos a coparticipar, a que se refiere el artículo 2º de la Ley Nacional Nº 23.548, se seguirá realizando conforme al acuerdo denunciado. A estos efectos se le dará
la noticia fehaciente de la presente Ley a todas las jurisdicciones signatarias del Acuerdo de referencia.



Artículo 2º) Establécese que, cumplidos los recaudos formales a los que refiere el artículo anterior, se le requerirá al Estado Nacional la inmediata extinción de los efectos jurídicos emergentes del Acuerdo denunciado respecto de la Provincia del Chaco, el cese inmediato y automático de la detracción sobre la masa bruta de impuestos coparticipables de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 23.548 de los importes que surgen de la aplicación de la cláusula primera del Acuerdo denunciado en la presente Ley a los fines del cálculo de la proporción que le corresponde a la Provincia y la repetición de las sumas que correspondiere.



Artículo 3º)
Afectar el incremento de los recursos de la coparticipación federal de impuestos generado con motivo de la denuncia del acuerdo formulada en la presente norma al Instituto de Seguridad Social, Seguro y Prestamos
(INSSSEP) , hasta el 70% para cubrir los déficits que dicho organismo registra. El remanente del 30% formará parte de los recursos que por ley se coparticipan con los municipios de la provincia del Chaco.



Artículo 4º) La presente Ley entrará en vigencia el mismo día de su promulgación y publicación en el Boletín Oficial de la provincia.