Viernes, 10 Agosto, 2012 - 11:49

Aporte al debate necesario
Frenar la inflación antes que emprender el camino del ajuste

El exgobernador de Chaco analiza, a partir de los casos de Buenos Aires y Córdoba "la alarmante situación financiera" de las provincias.

Ha tomado estado público la presentación de una demanda de la Provincia de Córdoba ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para recuperar acreencias millonarias correspondientes al pago de jubilaciones, condición que había sido comprometida por la Nación.



Ciertamente sus reclamos se remontan a los años ´90 cuando a través de un Compromiso Federal las provincias cedieron el 15% de la coparticipación de impuestos. A cambio la Nación debía financiar los déficits de las cajas de jubilaciones no transferidas a la Anses.

No podemos menos que coincidir con los planteos del gobernador cordobés por este reclamo contra el sistema previsional nacional, que viene además a confirmar el acierto de nuestro rechazo en el Chaco a transferir a los jubilados del INSSSEP a la Nación y mi firme oposición a la política de “armonización de beneficios” en defensa de nuestros jubilados.



Pero importa señalar que este conflicto de Córdoba con el gobierno nacional por la deuda de la Anses, pone en evidencia la alarmante situación financiera que amenaza proyectarse sobre todas las provincias argentinas, máxime luego del reciente pedido de auxilio de Buenos Aires para pagar el aguinaldo.



Para comprender este ahogo financiero vale recordar que a fines de 2011 el gobierno nacional comprometió además de un período de gracia de las deudas provinciales bajo el Programa Federal de Desendeudamiento Provincial (PFDP), la prórroga durante 2012 de las disposiciones de la Ley N° 26.530 que modificaron transitoriamente el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, con lo cual se les permitiría a las provincias ejecutar presupuestos con desequilibrio y endeudarse para financiar gastos corrientes.



Además se dispuso la creación de un Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Públicas Provinciales por $ 14.954 millones destinados a financiar a las provincias con necesidades de caja contemplados en la Ley de Presupuesto Nacional de 2012. Sin embargo, no hay avances en la implementación de este programa y las provincias se verán obligadas a emitir nuevas deudas para financiar sus déficits.



Informes económicos reconocidos, como el de “Economía y Regiones”, destacan que los vencimientos de deudas proyectados de las provincias ya tienen descontado los flujos de pago de la deuda que mantienen con el gobierno nacional en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial (PFDP).



Pero el hecho de que las provincias deben buscar financiamiento en 2012 por cerca de $ 29.000 millones según las mismas estimaciones –en un año en el cual su principal acreedor las “liberó” del pago de sus servicios de deuda- habla a las claras del profundo desequilibrio que han alcanzado las finanzas provinciales, tanto en términos de flujos (déficits primarios recurrentes), como de stocks debido a mayores servicios de deuda.



Se profundiza la tendencia de que la Nación se quede con la parte del león de los ingresos públicos y las provincias sigan relegadas, consolidando una matriz de concentración económica. Mientras el tesoro ya encontró la forma de financiarse este año gracias a un uso intensivo de las reservas y las utilidades del Banco Central y de fondos que maneja la Anses, a las provincias solo les resta emitir deuda, aumentar impuestos y tasas o pedir auxilio a la Casa Rosada.



A mi juicio, estamos a tiempo de corregir el rumbo para evitar que la economía se desacelere aún más antes que emprender el camino del ajuste. Hay que frenar la inflación para recuperar el crecimiento de la economía con estabilidad.



No cabe desertar de la expansión del mercado interno, lo que implica sostener y acrecentar una mejora de la distribución del ingreso tanto familiar como regional, y no reducir la expansión del crédito al servicio de la producción y la mayor competitividad de la economía.



También debemos recuperar y proyectar una nueva inserción internacional del país como destino de inversiones productivas e inducir cambios en la confianza y las expectativas de los agentes económicos.



La redefinición de prioridades del gasto público sobre la base de una mejor planificación, seguir invirtiendo lo mismo o más en gastos sociales pero transformando los planes en trabajo formal y estable para recuperar la cultura del trabajo y el valor de la familia; esto es absolutamente posible si recuperamos el diálogo como método permanente del gobierno con empresarios, trabajadores y otros actores de la vida argentina, hecho que nos permitirá realizar cambios estructurales que es lo que necesita definitivamente nuestro país.

Será imperioso establecer una tarifa social básica utilizando la importante base de datos de la Anses, de las provincias y municipios. Y desde luego, las políticas nacionales deben encuadrarse dentro de una coordinación regional.



Estas medidas, entre muchas otras que se pueden abordar, necesitan de una sustentación política que el gobierno lesiona con sus enfrentamientos ríspidos, rechazando el diálogo y la búsqueda de consensos que son imprescindibles en momentos de dificultades económicas.

Los problemas políticos institucionales en la argentina democrática comienzan siempre con crisis en las economías regionales. Es hora de actuar para evitar que la historia se repita.



(*) Ex gobernador del Chaco