Miércoles, 8 Agosto, 2012 - 21:24

Diputados aprobaron la creación del Centro de Liberados del Chaco

Tendrá como objetivo reintegrar a los convictos que cumplieron su condena a la sociedad apuntando a evitar o disminuir la reincidencia en el delito.

Por medio de la iniciativa impulsada por la diputada Elda Pértile, los diputados aprobaron la creación del Centro de Liberados del Chaco, derogando en este mismo sentido la Ley Nº 1064 del Patronato de Liberados en la provincia.



La nueva norma, establece que este nuevo organismos será una entidad autárquica, con plena capacidad jurídica, de acuerdo con las leyes de la Nación y la Provincia, que tendrá como objetivos es lograr el reintegro del tutelado pos penitenciario al medio libre a pesar de su paso por la prisión, tendiendo a su inclusión social integral, apuntando a evitar o disminuir la reincidencia o reiterancia en el delito.



Con misiones y principios que le serán propios, el nuevo organismo tutelará a las personas condenadas sujetos a libertad condicional, los condenados con libertad asistida, los condenados a prisión de ejecución condicional,
los imputados con suspensión del juicio a prueba, los egresados por agotamiento de la pena privativa de libertad que soliciten asistencia durante el año posterior inmediato a su reintegro a la vida libre, los sujetos al beneficio de la prisión o detención y los que realizan trabajos comunitarios, entre otras figuras.



Este centro estará a cargo de un Director, quien ejercerá la representación legal de la Institución, y de las Juntas Departamentales correspondientes a cada circunscripción de la Provincia, las que estarán integradas por un Magistrado en lo Penal quien la presidirá, un Defensor Oficial designado por el Superior Tribunal de Justicia, el superior competente del Servicio Penitenciario que por jurisdicción corresponda, un Médico del Servicio Forense y un Asistente Social que actuará como Asesor designado por la Junta.



Además, quien ejerza el cargo de Director deberá acreditar título de abogado y demostrar conocimientos en materia de problemática criminológica y penitenciaria y en políticas de reinserción social que será asistido por un Secretario Técnico y un Secretario Administrativo, los cuales serán designados por el Poder Ejecutivo, previo Concurso de Antecedentes y Oposición cuya instrumentación será reglamentada por el Órgano de Aplicación.



Entre las funciones de la entidad se encuentran las de contribuir en la disminución de la criminalidad y su reincidencia, colaborar en la gestión y ejecución de medios alternativos o sustitutivos de las penas de encierro y acompañar y asistir al tutelado en el período comprendido en el Programa de Prelibertad, continuando con el mismo a su egreso y procurar la inserción laboral de los tutelados pos penitenciarios, gestionando su participación en la vida económicamente activa a través de empresas públicas y privadas del medio y promoviendo cursos de capacitación, entre otras funciones y atribuciones previstas.



Además, se implementa un Plan de Tutorías con el objeto de ayudar a la inclusión social de los tutelados, a fin de que la misma se produzca en el marco de los principios que informan los fines del Centro, implementándose en un plazo de entre 60 y 90 días antes de la concesión de la libertad de los condenados y en forma simultánea con el programa de pre-libertad instrumentado por la unidad penitenciaria de alojamiento.



Asimismo, el Ministerio de Gobierno en consulta con el Centro de Liberados y dentro del plazo previsto en el artículo 19, determinará la dotación de personal a ocuparse en el desarrollo del plan y su composición y para ello se deberá conformar un equipo de trabajo por cada junta departamental, el cual menciona que el poder Ejecutivo reglamentará la norma en un plazo de 180 días contados a partir de su promulgación, en dicho plazo se adoptarán las medidas necesarias para dotar de infraestructura y personal al organismo.



En las disposiciones transitorias, se dispone que tanto el Estado provincial, como los municipios y las entidades autárquicas y personas físicas y jurídicas que tercericen servicios para dichos organismos, emplearán con carácter obligatorio, para las obras públicas que realicen un porcentaje de liberados y excarcelados que se corresponda con un 2 por ciento de los recursos humanos que deba contratarse para la ejecución de las mismas.



La autora de la iniciativa Elda Pértile explicó que en este tema trabajaron junto al Ministerio de Gobierno y el Servicio Penitenciario “para darle un contenido que sea útil a la realidad vigente. Hoy funciona el Patronato de Liberados creado en el año 1971 – recordó - que lógicamente en estos tiempos requiere modernización, mayores adaptaciones en su normativa y en su funcionamiento”.



“Con esa mirada – señaló - trabajé y propuse ese proyecto, es ineludible dar esta herramienta renovada que exige principios, pautas, y que será un nuevo tratamiento del servicio penitenciario. Necesitamos abocarnos
a objetivos claros en materia de políticas penitenciaria y nos hemos apoyado en principios como: promover y asegurar los derechos de los presos y alentar la integración social a pesar de la prisión de los presos”.



Pértile destacó la labor hecha durante su gestión al frente de la intendencia de Resistencia “trabajando sobre este tema entendí que aquellas personas que estaban próximas a recuperar su libertad estaban preocupados porque no sabían cómo los esperaba la sociedad. Se encuentran con una realidad por ejemplo que no están los amigos que tenían, los familiares y se encuentran a una sociedad diferente. Es importante lograr un cambio de parámetro en esta materia. No se puede desconocer que el recluso que no logro una reinserción social, sale y es un sujeto que vuelve a delinquir. Este proyecto es un pequeño aporte para la problemática pero es una herramienta para trabajar de una herramienta más eficiente y con mayor respuesta para personas que son privadas de su libertad pero que piden reinsertarse”.



“Mantenemos la autarquía de la institución – explicó - descentralizándola de la Administración Central, a los efectos de un mejor desenvolvimiento en la consecución de los fines para la cual fue creada y con respecto a la exigencia de reunir la calidad de Abogado para el cargo de Director, obedece ello al hecho de que es en quien recae el ejercicio de la representación legal del Centro y coadyuva al hecho de facilitar el acceso al expediente judicial de cada tutelado”.



“No se puede desconocer – sostuvo - como dato fehaciente, el hecho de que un recluso que vuelve al medio libre, sin haber logrado una verdadera reinserción social, es un sujeto que vuelve a delinquir. En los hechos, un delincuente comete cerca de 40 delitos por mes, dato no menor, si tenemos en cuenta las consecuencias nefastas que tal número significa para la sociedad. De allí que revista carácter de imperioso la comprensión de esta cuestión y su impostergable tratamiento”.



Desde el bloque Libres del Sur Carlos Martínez propuso la redacción de una resolución, solicitando al Ejecutivo planteando la necesidad de que se cumplimente el recurso humano y material para que se cumplan los fines de la institución.



“Comparto los objetivos del proyecto – destacó - pero quiero formular precisiones en particular porque la realidad del patronato es la misma o peor de cuando se creó, solo cuenta con dos precarizados para cumplir con el rol que le encomendara la ley”, argumentó.



Además, señaló “nuestra propuesta apunta a brindar los lineamientos de un nuevo marco regulativo de la institución del "Patronato", acorde a las necesidades de los tiempos que corren y que fundamentalmente se centren en la recuperación integral de los tutelados, pero canalizando el involucramiento de la sociedad toda conjuntamente con el Estado”.