Domingo, 5 Agosto, 2012 - 21:07

Panorama político
La CGT apela a la iniciativa popular para universalizar las asignaciones familiares

La CGT de Hugo Moyano tiene previsto formalizar el martes el anuncio para hacer una campaña de recolección de firmas.



La CGT de Hugo Moyano tiene previsto formalizar el martes el anuncio para hacer una campaña de recolección de firmas con el fin de promover una "iniciativa popular" tendiente a conseguir la aprobación de una ley que establezca la universalización de las asignaciones familiares.



"Es una decisión tomada y hay un equipo de técnicos trabajando en el armado legal y operativo para la junta de firmas", explicó un vocero del sector, que precisó que el anuncio será realizado después de la reunión del Consejo Directivo de la CGT del martes a partir de las 17, en la sede de la calle Azopardo.



En ese sentido, el propio Moyano había anunciado el miércoles la posibilidad de apelar a este mecanismo como una forma de meterle presión al Congreso y conseguir al menos que uno de los temas que están en la agenda de reclamos de la central sindical sea tratado por el Parlamento.



Si bien se desconoce el trazo final del proyecto de ley que se quiere promover se descuenta que tendrá relación con una iniciativa ya presentada en la cámara baja por los diputados del Frente Para la Victoria que responden a la central sindical: Omar Plaini (Canillitas), Facundo Moyano (Peajes) y Héctor Recalde (asesor de la CGT) que hace equilibrio en la pulseada entre el líder sindical y Cristina Fernández. El trío de diputados tiene presentado otros tres proyectos: uno sobre modificación de las escalas y otro sobre la suba del mínimo no imponible para el pago del Impuesto a las Ganancias, así como un tercero sobre la conformación de un fondo empresario solidario de ayuda a los trabajadores que se vean afectados por suspensiones o reducción de la jornada laboral.



Lo que se da por seguro es que la normativa buscará al menos ampliar la franja de trabajadores asalariados que perciban las asignaciones familiares (en la actualidad el tope máximo son los salarios de 5.200 pesos).



La iniciativa popular, en tanto, es un mecanismo garantizado por la ley 24.747 que reglamenta el artículo 39 de la Constitución por el cual se permite "a los ciudadanos ejercer el derecho de iniciativa popular para presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados".



La norma impide la aplicación de la iniciativa popular en los casos de "proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal".



La misma ley establece como requisito mínimo la recolección de firmas "de un número de ciudadanos no inferior al uno y medio por ciento (1,5 por ciento) del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales" y que represente al menos "a seis (6) distritos electorales", del total de 24 provincias.



En la última elección el padrón nacional fue de 28.916.183 electores habilitados, y el 1,5 por ciento de ellos sería de 433.742 personas que deberían estampar sus firmas, junto con el número de documento y la dirección que figura en el padrón electoral, para habilitar la presentación del proyecto y su tratamiento por la Cámara de Diputados. Previo a la presentación de las firmas ante la Cámara de Diputados -junto con el proyecto y las explicaciones requeridas-, la ley prevé que la Justicia Electoral dispondrá de veinte días para verificar por muestreo la veracidad de los datos suministrados y en caso de comprobarse que, "el cinco por ciento (5 %) o más de las firmas presentadas sean falsas, se desestimará el proyecto de iniciativa popular".



En cambio, de corroborarse la autenticidad, se presentará ante el Cuerpo y la comisión de Asuntos Constitucionales tendrá un plazo de veinte días hábiles para dictaminar sobre la admisibilidad formal de la propuesta o instar a las correcciones y adecuaciones de forma necesarias; tras lo cual, de ser admitido, se procederá a darle trámite parlamentario.



La presidencia del Cuerpo podrá girar el proyecto a las comisiones asesoras para que en un plazo de quince días corridos emitan dictamen y, vencido ese plazo, el pleno de la Cámara deberá, con o sin dictamen de comisión, abordar su tratamiento en el recinto. La ley establece, además, que la Cámara tiene un término de doce meses para darle tratamiento. Moyano había advertido sobre la posibilidad de buscar consenso con otros bloques parlamentarios de oposición para promover los cambios al Impuesto a las Ganancias y habló de una movilización al Congreso para respaldar el tratamiento de esa iniciativa. El camionero muestra un cambio en su estrategia para imponer la agenda sindical: la movilización gremial, eventuales acuerdos políticos con la oposición y la búsqueda en las calles de un consenso a favor de sus reclamos en la pulseada con el Gobierno.



(*) Agencia DyN