Miércoles, 1 Agosto, 2012 - 21:31

El NE PAR sentó posición sobre los incidentes en la Alcaidía

El diputado consideró que no puede dudarse de lo penoso del incidente "más aún cuando se han realizado esfuerzos denodados para cumplir todos los requisitos que exige la ley".



En sesión de la Cámara de Diputados del miércoles 01 de agosto, determinados bloques legislativos plantearon una cuestión previa para referirse a los hechos suscitados días atrás en la alcaidía de Resistencia, respecto de lo cual, el Bloque Legislativo que preside el Diputado Juan José Bergia
fijó su posición.



Como es de público conocimiento, días pasados se produjo un hecho lamentable en la alcaidía de la capital provincial, en virtud del incendio que se origino
en la misma y por el cual debieron ser hospitalizados tanto los reclusos como los miembros del personal penitenciario que se vieren afectados en su salud a raíz del mismo.



En dicho sentido, no puede dudarse de lo penoso que nos resulta a todos, y especialmente a quienes participamos en política, tener que tomar conocimiento de este tipo de hechos, más aún cuando se han realizado esfuerzos denodados, tanto desde el punto de vista legal como desde las acciones mismas que concretamente lleva adelante este gobierno para cumplir con todos aquellos requisitos que tanto la Ley, la Constitución, los Pactos Internacionales y los Tribunales Internacionales y Organizaciones de Derechos Humanos exigen.



Entiendo que esta clase de sucesos no hacen más que poner de relieve el alto grado de complejidad que evidencia la cuestión del alojamiento de personas privadas de su libertad; lo cual, pese a los constantes e intensos trabajos y avances que se vienen haciendo, y a tan solo 4 años de la creación del nuevo Sistema Penitenciario Provincial (Ley 6117), y 10 meses del establecimiento de la obligatoriedad del uso de colchones ignífugos (Ley 6859), resulta sumamente dificultoso poder resolver en el corto plazo este tipo de problemática, ya sea porque ésta venga desde hace años, sumado ello al hecho de que anteriores gobiernos no se hayan ocupado; sea por el carácter estructural de las falencias que el sistema muestra, o bien por la innegable juventud que éste ostenta; más aún cuando las demandas son tantas y tan complejas y se torna difícil brindar respuesta a todas, con la inmediatez que las necesidades nos imponen.



Asimismo, considero que debe reconocerse que durante la gestión de gobierno del Frente Chaco Merece Más se ha procedido siempre dentro del más estricto respeto por los Derechos Humanos, y se han generado múltiples espacios de debate para que todos los sectores y manifestaciones de nuestro arco político hayan podido (y puedan) expresarse, efectuar propuestas y concretar una serie de proyectos por los cuales desde hace tiempo vienen luchando, llegándose a sancionar inclusive, y a instancias del Poder Ejecutivo, una nueva Ley de Seguridad Pública Democrática (Nº 6976) vigente en la provincia desde el 18 de mayo pasado, en cuya redacción intervinieron todos y cada uno de los sectores involucrados.



Entiendo ciertas reglas de la política y por ello comprendo también el hecho de que cada vez que nos toca de cerca un acontecimiento de estas características, se evidencia desde uno u otro sector la necesidad de ponerle un rostro y un nombre al infortunio, cayendo en generalizaciones infundadas y desconociendo el trabajo que con tanta seriedad se viene realizando, senda por la cual, decididamente debemos continuar.



En dicho sentido, y atento a las circunstancias que según trascendidos periodísticos rodearon al incendio, nada hace pensar que la responsabilidad pueda ser exclusiva de los funcionarios penitenciarios ni del Ejecutivo Provincial, en la medida que tanto unos como otros han llenado su cometido siempre conforme a la normativa vigente, lo cual no obsta a que seguramente, por la enorme deuda de antaño que en materia penitenciaria se tiene, existan hechos como éstos, que tienen
un efecto negativo precoz e instantáneo que tiende a opacar el vasto trabajo que se viene llevando a cabo correctamente; para notarlo, bastaría solo con realizar un pormenorizado análisis del avance en materia de Derechos Humanos que se ha tenido durante la gestión del Gobernador Capitanich y observar, aunque las comparaciones puedan resultar odiosas, cómo se encuentran otras provincias (inclusive vecinas) al respecto.



Actualmente nuestra provincia está a la vanguardia de la legislación en materia de derechos humanos y seguridad pública, lo que puede notarse simplemente con analizar el tenor de las leyes e infinidad de resoluciones y debates que en años anteriores se han producido, como también el excelente trabajo que el gobierno y nuestras organizaciones de Derechos Humanos vienen realizando, tanto en lo que a juicios por delitos de Lesa Humanidad se refiere, como a todas las iniciativas que se llevan adelante a fin de garantizar condiciones dignas de alojamiento en nuestros establecimientos penitenciarios.



Seguramente deberá continuarse con la profundización de las políticas y medidas tendientes a salvaguardar la integridad de los reclusos, pero lo que se ha hecho hasta ahora no es poco, y lo que se hará definitivamente será aún mejor.



(*) diputado provincial por el Ne Par