Domingo, 29 Julio, 2012 - 09:34

La inflación: el nombre de una disputa

Pensar la inflaación es ir más allá de un fenómeno económico. Es desarticular un recurso del poder que invisibiliza las causas reales de los aumentos de precios y las transfiere a la política.

Pensar críticamente la cuestión no menor de la inflación, en un tiempo dominado por una crisis extraordinaria del capitalismo central que se irradia hacia las periferias y cuyo punto de cierre resulta aún indescifrable, es intentar ir más allá de un fenómeno económico; es tratar de desarticular un viejo recurso del poder concentrado en el interior de nuestras sociedades de mercado, recurso que busca invisibilizar las causas reales del aumento de precios para transferirlas hacia el orden político. Una manera artera de proyectar la amenaza de lo indiscernible, una suerte de regreso de los dioses dormidos que se lanzan, ávidos de sangre, sobre los ciudadanos-consumidores que, horrorizados ante lo que no comprenden, suelen volverse carne de cañón de distintas propuestas autoritarias y antidemocráticas.



El espantapájaros de la inflación, eso hay que recordarlo, suele ser utilizado, junto con el miedo a la desocupación, como un instrumento de disciplinamiento social y como la puerta de entrada a los planes de ajuste que guardan, todos ellos, un claro contenido regresivo respecto de las conquistas sociales y de los avances en la distribución de la renta. Despejar este núcleo ideológico del capital corporativo y concentrado no significa dejar de lado los perjuicios generados por el aumento de los precios en los sectores más débiles de la sociedad; significa, en todo caso, atacar desde otra perspectiva sus causas y sus consecuencias escapando a las exigencias de la ortodoxia neoliberal. Las famosas “metas de inflación”, latiguillo utilizado una y otra vez, han tendido casi siempre a garantizar las ganancias del capital financiero que, para mantener sus altísimos índices de rentabilidad, necesita del famoso cóctel de “austeridad en el gasto”, “control monetario”, “ajuste fiscal” y, cuando también se vuelve imprescindible, “enfriamiento de la economía”. Para el establishment nada hay más perverso que la combinación de “gasto público” (léase intervención del Estado en obras públicas, en políticas sociales de contenido reparatorio y en diferentes inversiones para sostener el trabajo y el mercado interno) y “aumento de los salarios”. A nada teme más que a la mezcla de populismo y políticas keynesianas, lo más parecido, hoy, a lo que antes representaba, a los ojos del capital, la bestia del socialismo. La izquierda dogmática y el neoprogresismo republicano harían bien en preguntarse por qué tanto odio hacia gobiernos que, supuestamente, no han hecho otra cosa que mantener el statu quo.



La querella alrededor de la inflación jamás es neutral ni inocente, encierra, dentro de sí, el conflicto que suele atravesar a la sociedad y que siempre tiene que ver con la distribución de los ingresos y de la renta. Hay una “política” que el poder concentrado, que las grandes corporaciones (y la mediática es una de sus principales piezas), utilizan para debilitar los procesos democráticos en especial cuando estos, como el que vivimos los argentinos desde mayo de 2003, apuntan hacia el corazón del litigio por la igualdad. Los precios, sus aumentos, son como descargas de artillería contra los intereses populares. La recreación de la memoria del miedo, herramienta utilizada a destajo por el capitalismo neoliberal, encuentra en la subordinación de la política a la economía una de sus estrategias preferidas, en particular cuando los fenómenos económicos se convierten, por el arte de magias negras, en fenómenos que se escapan a los simples mortales para mutar en fuerzas descomunales que, como huracanes arrasadores, amenazan con llevarse los últimos restos de lucidez que le quedan a la sociedad.



Néstor Kirchner logró algo decisivo: invertir la inercia del poder omnisciente de las corporaciones para reinaugurar un tiempo democrático atravesado por las políticas de la reparación y la equidad. Contra esa decisión histórica es contra la que se alzan las fuerzas reaccionarias, la oposición y el establishment económico. Es ahora a Cristina Fernández a quien le toca, en el interior de una coyuntura potenciada por la reconstrucción de antiguas memorias de la equidad y amenazada por la prolongación de la más profunda crisis capitalista desde los años treinta, despejar, en la conciencia del pueblo, la trama que se oculta detrás de esta “guerra de precios”. Palabras y conceptos como “rentabilidad”, “productividad”, “tasa de ganancia”, “devaluación”, “concentración mono y oligopólica”, “aumento en el valor de la fuerza de trabajo”, “formadores de precios”, enturbian lo que no es otra cosa que una histórica puja que, en las últimas décadas, había sido ganada por el gran capital y que, desde el 2003, ofrece su contracara: la paulatina recuperación de los asalariados en la distribución de la riqueza. Este es el núcleo del conflicto y uno de los ingredientes principales en la cuestión de la inflación.



Nuestro país tiene un raro privilegio: haber sido uno de los contados casos de la historia del siglo XX que atravesó la terrible experiencia de la hiperinflación, una experiencia que suele dejar marcas imborrables en el cuerpo social y en lo más profundo del inconsciente colectivo. El recuerdo, siempre paradigmático, de la devastación económica alemana como escalón previo al triunfo del nazismo, nos ofrece una clara muestra de las potenciales consecuencias de vivir un período hiperinflacionario que, entre nosotros, se dio dos veces en un lapso muy breve.



Todo se subvierte cuando estalla la economía y los precios entran en una carrera loca hacia el abismo; pero lo que realmente se quiebra no es el orden económico (en general a esos períodos de crisis galopante suelen suceder reacomodamientos en la concentración del capital), sino la trama de la convivencialidad entrelazada con ese otro núcleo insustituible de las sociedades modernas que es la política democrática. El frenesí alucinante de un mercado enajenado se traduce, de inmediato, en el debilitamiento de los lenguajes de la representación y en la pérdida de la legitimidad política allí donde lo que suele emerger es un reclamo de orden y saneamiento autoritario de una sociedad que parece desquiciada por fuerzas que se vuelven, para el común de los mortales, indescifrables, jeroglíficos incomprensibles que amenazan con devorar la vida cotidiana hasta convertirla en una guerra de todos contra todos.



Los procesos de inflación galopante son vividos, por las sociedades, como brutales interrupciones semejantes a catástrofes naturales, aunque con una distancia no menor: a diferencia de esas catástrofes que provienen de la naturaleza, la que genera el desquicio de la economía y amenaza el bolsillo de los ciudadanos es el producto, así se dice desde las usinas mediáticas, de acciones identificables, de políticas y de políticos que son denunciados, muchas veces por los mismos causantes de la inflación a través de un ardid narrativo, como gestores del mal, como los responsables que deben ser removidos del poder para que vuelva la calma y la normalidad. Lo que casi nunca es denunciado como causante de la inflación es el poder económico que suele actuar desde la opacidad y la astucia que lo caracteriza allí donde logra invisibilizar su responsabilidad directa. La terrible experiencia del gobierno de Alfonsín está allí para recordarnos lo que puede hacer el establishment económico para desestabilizar y finalmente destituir a las autoridades democráticas. No hay espectáculo más nauseabundo que ver de qué modo los grandes causantes del aumento desorbitado de precios se muestran ante la opinión pública como simples víctimas de algo que ellos suelen desencadenar para apuntalar sus propios intereses corporativos y garantizar, de ese modo, su absoluto predominio en la disputa por la renta.



Extraño fenómeno psicológico por el cual una crisis económica tiene como una de sus principales consecuencias no la denuncia y el rencor contra los que hegemonizan el poder del capital, los que fijan los precios y se transforman en los beneficiarios de la especulación, sino que el odio suele volcarse hacia la política, en especial cuando esta se despliega como parte de la experiencia democrática (o hacia sectores vulnerables como los extranjeros o las minorías). La desesperación por la caída al vacío se traduce en rechazo de la política y de los políticos para dejar paso, muchas veces, al frenético reclamo de mano dura y orden capaces, según este imaginario, de sanear el desquicio económico producido por la malversación del sistema de partidos. La experiencia de la Alemania de Weimar y su bancarrota están allí como señal ominosa de las respuestas que suele dar el “sentido común” de los ciudadanos ante situaciones de aguda crisis inflacionaria (allí el chivo expiatorio, junto al sistema de partidos propio del orden democrático, serían los judíos). Lo primero que se debilita es la democracia y la idea de lo político como escenario para el procesamiento de los conflictos. Por eso, la inflación siempre se cruza con la política; su núcleo no responde a tecnicismos que sólo pueden descifrar los especialistas, sino que atraviesa la puja decisiva (como la que hoy estamos viviendo) por el modelo de sociedad.



A veces se trata de la inflación (como lo viene siendo en la Argentina), otras (como en el caso griego y español) del “gasto público”, los causantes del mayor daño. Nunca la responsabilidad se encuentra en las políticas que llevaron a la “valorización financiera”, eje vertebrador del modelo neoliberal que, entre nosotros, condujo a la desindustrialización, a la extranjerización de la economía y al colapso social.



En las últimas tres décadas, la Argentina ha sufrido algunas heridas devastadoras que dejaron sus marcas profundas en el cuerpo social y cultural; nuestro presente, de un modo u otro, todavía sigue atravesado por esas heridas. La primera y más brutal fue, sin dudas, la infligida por la dictadura militar inaugurada en marzo de 1976. El terror de Estado se desplegó con una intensidad inédita en la historia nacional dejando no sólo un saldo de miles de muertos y desaparecidos sino también marcando a fuego, desde la lógica del horror, la vida de nuestra sociedad (las diversas formas de violencia que todavía insisten están aquí como muestra de una persistencia nunca saldada del todo y vuelve imprescindible la profundización, que viene desarrollándose desde 2003, de una genuina política de la memoria asentada en la justicia). La segunda herida, de otras características, fue la producida por la fallida aventura malvinense, una aventura llevada adelante por una dictadura exhausta pero apoyada por una vastísima parte de nuestra sociedad que, una vez consumada la derrota y desplegada la crónica de la vergüenza, buscó, como otras veces, despegarse de sus propias responsabilidades y complicidades para proyectar fuera de sí el mal del engaño, la improvisación y la impunidad que caracterizó la invasión de las islas un 2 de abril de 1982. Bañarse en las aguas puras de la inocencia ha sido una constante de muchos sectores de la sociedad que suelen eludir, rápidamente, sus responsabilidades efectivas. Han sido las políticas de los gobiernos kirchneristas las que más han avanzado en la reparación de estas dos heridas. La continuidad de los juicios a los genocidas y la crítica al aventurerismo de la dictadura en Malvinas constituyen ejemplos elocuentes de un extraordinario cambio de época.



La tercera herida es la que parece regresar hoy a través de la alarma inflacionaria multiplicada por el aparato mediático y convertida, por ese discurso del engaño, en el centro pecaminoso de un proceso al que se pretende horadar y deslegitimar en lo que tiene de virtuoso; es aquella que se produjo hacia el final del gobierno de Alfonsín y que llevó a nuestro país a contemplar los bordes del abismo hiperinflacionario. De esa experiencia traumática, desoladora y subvertidora del tejido social, emergió el menemismo, la convertibilidad y todas sus consecuencias. Ninguna sociedad sale indemne de una experiencia de esa naturaleza que la deja en estado de absoluta disponibilidad, sin recursos propios, inerte ante el ejercicio de alternativas brutales en su supuesta terapéutica (allí está aquella frase anticipatoria del futuro ministro de la convertibilidad: “Cuanto peor mejor”, dejemos que la hiperinflación se devore toda posibilidad de resistencia social hasta el punto de romper cualquier memoria reivindicatoria de derechos e igualdades tan cara a la historia social argentina). Los efectos de la hiperinflación no se agotan ni desaparecen cuando se sale de ella; todo lo contrario: permanecen en lo más recóndito de las prácticas culturales, se vuelven núcleos que habitan zonas de nuestro inconsciente listos a derramarse sobre nuestra cotidianidad ante cualquier coyuntura en la que los precios comienzan a moverse.



Lo sabe cierta prensa que representa los intereses de la derecha vernácula: el fantasma de la inflación tiene consecuencias políticas directas, su regreso pone en vilo no sólo a los actores sociales y económicos, sino que debilita al poder político, lo somete, de nuevo, al miedo que emerge de ese fantasma profundamente arraigado en los lenguajes del imaginario de época. Junto con el espectro que regresa lo que también se expresa con fuerza es la sospecha, nunca acallada del todo en amplios sectores de nuestra sociedad, de la política y de los políticos como fuente de todos los males y en especial esos que llevan hacia el infierno en el que los precios se desbocan y la vida de todos los días parece entrar en una espiral indetenible que amenaza con arrojarnos al más profundo de los abismos.



Es contra ese discurso de la catástrofe contra el que se deben desplegar las acciones de un gobierno, el que hoy encabeza Cristina, el primero en décadas que no sólo reabrió el litigio por la igualdad a favor de los débiles y de los incontables, sino que también se plantó con firmeza y decisión ante el eterno chantaje de las corporaciones económicas. En la politización de la economía sigue estando la clave, como lo vio Néstor Kirchner, de la profundización de un proyecto más igualitario. Impedir que los formadores de precios junto con sus ideólogos mediáticos horaden los logros de estos años constituye el principal de los desafíos. Para eso, el Gobierno deberá continuar afrontando las amenazas de la crisis sin renunciar a las políticas redistribucionistas al mismo tiempo que forja las herramientas para disciplinar a los grandes grupos económicos. A eso se lo llama “sintonía fina” y “profundización”.
Fuente: 
Infobae.