Sábado, 28 Julio, 2012 - 11:20

Defensoría del Pueblo hace recomendaciones al Gobierno para combatir la usura financiera

Inició actuaciones sobre las consecuencias de la actividad financiera en los salarios de los trabajadores y recomendaciones al Estado para proteger a mutuales y cooperativas.

Ante la situación que se desencadenó por la decisión del gobierno de suspender los códigos de descuentos, el defensor Gustavo Corregido efectuó pedidos al Poder Ejecutivo como también a la Asociación de Mutuales Chaqueñas Federadas (Amuchafe).



El defensor sostuvo que “es necesario salvaguardar el carácter alimentario de los haberes, la libertad de consumo, pero al mismo tiempo también proteger la actividad y el fin social que desarrollan las mutuales y cooperativas que operan dentro de las previsiones legales, con la justa aplicación de los intereses y cumpliendo con los controles que efectúan los organismos competentes”.



Entiende que el decreto 1082/2012 busca proteger no sólo los salarios de los trabajadores, sino también reforzar el sistema de control y de aplicación de los códigos de descuentos como herramienta de la economía provincial y del flujo y movilidad de la misma. No obstante consideró que los postulados de la Ley 6676/2010 en su articulado aporta elementos básicos a utilizar a fin de encontrar una posible solución al tema, velando por un lado por la protección de la economía de los trabajadores y por otro la actividad con finalidad social que desarrollan las mutuales, cooperativas, sindicatos entre otras entidades.



CUMPLIMIENTO DE LA LEY

A partir de este análisis el defensor solicita a la asociación de mutuales informe si tiene conocimiento de quienes son las personas jurídicas que operan con códigos de descuento que violan la ley 6676 en su artículo 2, para posteriormente recomendar el control de la autoridad de aplicación.



Señala que es de vital importancia el efectivo cumplimiento de lo ordenado en ese artículo por el cual se establece que las personas físicas y jurídicas que otorguen préstamos, anticipos, financiaciones y que utilizan el régimen de deducciones a través del correspondiente código de descuento, deberán cumplir que el costo financiero total expresado como Tasa Efectiva Anual no supere la tasa de interés máxima de préstamos personales, además de tener que informar trimestralmente -a la autoridad de aplicación- todos los conceptos que integran el costo total del financiamiento; informar mensualmente, respecto de cada financiamiento otorgado.



AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Otra de las recomendaciones de la Defensoría está dirigida a la autoridad de aplicación, para que se utilice efectivamente el sistema previsto en la ley 6676/10 y que las ayudas económicas sean depositadas en la caja de ahorros del solicitante y posteriormente informar, a efectos de evitar maniobras o simulaciones de costos en el otorgamiento de la ayuda financiera, que encubran la aplicación de intereses excesivos o usurarios.



Al mismo tiempo recomienda a la autoridad de aplicación el efectivo cumplimiento del artículo 4 de la normativa, al disponer que los datos sobre los descuentos y las cuotas deberán ser reflejados en los recibos de haberes expedidos por las áreas de liquidación o en su defecto en un comprobante adjunto, constancia que tendrá para el agente público el carácter de suficiente documento para acreditar tanto los pagos parciales como totales de las obligaciones contraídas.



CONTROL EFECTIVO

Corregido aconseja al Poder Ejecutivo acciones y entiende que para lograr los objetivos de interés público que fundamentan el decreto 1082 es fundamental controlar efectivamente la tasa de interés que aplican las entidades que realizan esa actividad de financiamiento.



Por último sostiene que ante el incumplimiento la autoridad de aplicación deberá intimar a corregir la situación, facultándose a la misma a suspender los códigos de descuentos, aplicar multas, requerir el resarcimiento del damnificado y ante reiteración de la infracción cancelar la autorización.