Jueves, 26 Julio, 2012 - 18:47

Correo de nuestros lectores
El trabajo en negro en el Estado

Tenemos en cada una de las reparticiones del gobierno provincial trabajadores en las formas laborales más precarias conocidas. Con "sueldos" que van de $ 300 a $ 2.200.



Tenemos en cada una de las reparticiones del gobierno provincial, porteros de escuelas, mucamas de hospitales, médicos, empleados administrativos, choferes, etc, etc, etc, todos en las formas laborales más precaria conocidas, con “sueldos” que van desde los $300 por mes, a los más altos que son de $2.200 como es el caso de los monotributistas, mas conocidos como “contratados”.



La precarización laboral, que es simplemente la deformación de las condiciones de trabajo de las personas por debajo de las normas vigentes, provocan la disminución de la calidad de vida, significan un retroceso en el largo camino recorrido hacia un trabajo digno, decente y respetuoso de los derechos de cada uno de los trabajadores, que son derechos humanos fundamentales.



La informalidad laboral implica exclusión social originando que muchos asalariados se encuentren en trabajos precarios o temporarios que originan inestabilidad y los exponen a la inseguridad laboral y social, detectándose que muchos no participan de beneficios sociales ni de un fondo de desempleo.



Existen aún múltiples aspectos del mercado laboral que requieren la intervención del sector público y la activa participación de los actores sociales para completar una transformación que lleve a garantizar el empleo decente, para terminar con la especulación y el sometimiento de los mismos a condiciones indignas de trabajo.



Por otro lado, es indudable que “la pobreza sigue siendo una de las problemáticas sociales más graves que padece nuestro país”, y la informalidad laboral fomenta la misma porque excluye a este segmento de la participación en la economía y sobre todo de la seguridad social.



El Estado no puede estar ausente del control que le compete, debe ser garante y vigía de la normativa al respecto y promover políticas activas para terminar la precarización.



Paradójicamente, quien debe ejercer el control de legalidad es quien incumple las normas.



La legislación establece la forma en que un trabajador puede exigir que se lo blanquee. La Ley 24.013 dice que hay que intimar al empleador haciendo constar en la intimación: la fecha de ingreso y el salario pactado. Si el empleador no regulariza la situación el trabajador puede considerarse despedido duplicando su indemnización. También establece multas a favor del trabajador en determinados supuestos. Esta protección de la duplicación de la indemnización tiene aun vigencia. Ahora, la moda es ser monotributista, cualquier organismo provincial, nacional, municipal, toma “empleados” bajo este “bendito” régimen, en donde el contribuyente aporta al Estado en concepto de impuestos, hace los aportes previsionales y a la obra social.



Pero, más allá de este simple régimen, la verdad de todo esto es que las personas que realizan una prestación de servicios en un organismo provincial, municipal o nacional, están ampliamente desprotegidas en cuanto a derechos laborales, debido a que su fuente laboral está regida por un contrato de locación de obra, renovable o no cada 6 meses, las vacaciones no están estipuladas, la licencia por enfermedad tampoco, el derecho a ser indemnizadas en caso de que el contratante decida no renovar “la prestación de servicios” no existe, el acceso al fondo de desempleo tampoco, la licencia por maternidad que la ley estipula en 90 días mínimos, tampoco. ¡Si hay aumentos de sueldos, no tenés derecho a reclamar, porque vos no sos empleado del sector público! En la desesperación de no tener trabajo, agarrás lo que te ofrecen, y firmas tu contrato, firmas tu sentencia, porque firmas tu derecho a no reclamar, a no ser respetado, firmas tu consentimiento para que te echen cuando ellos quieran, firmas cumplir con una cantidad de horas por una magra suma de dinero, firmas no reclamar ante ningún tribunal y firmas porque estás sin laburo.



Hablemos claro, los monotributistas son los nuevos esclavos del siglo 21, sin derechos pero con obligaciones, muchas obligaciones, con la espada de Damocles encima de sus cabezas cada vez que se acerca la fecha en que expiran los contratos. Y si no te alcanza para pagar la AFIP, “ah, bueno, ese es tu problema…”.



Son presas de este régimen perverso y anticonstitucional, porque el tratamiento de un empleado monotributista que está trabajando en un organismo público es altamente discriminatorio comparado con cualquier otra persona que trabaja en el mismo lugar como empleado de planta, por ejemplo.




Así estamos, en pleno siglo 21, esclavos, más esclavos que nunca gracias al monotributo, gracias a los que vieron la excelente oportunidad de tener todo el poder en sus manos para darte la venia o fusilarte. La verdad es que los que trabajan en organismos públicos son empleados del Estado, por más que digan que no.



El Estado dice que lucha contra el flagelo del empleo en negro, pero es el principal empleador irregular en la provincia. Los monotributistas deben firmar contratos para trabajar, que disfrazan una real y efectiva relación de dependencia, con sueldos en negro y sin acceso a una jubilación digna.



Por estas razones es que debemos
seguir luchando hasta que se resuelva la situación laboral en la que se encuentran muchos compañeros y terminar con la precarización laboral en el Estado



(*) Delegado de UPCP