Martes, 24 Julio, 2012 - 20:32

El STJ denunció crisis financiera "por falta de transferencia de fondos del Ejecutivo Provincial" y suspendió obras

Precisaron que el Poder mantiene $ 5 millones de deuda con proveedores y que la situación obligó a "ralentizar o paralizar las obras iniciadas". Hay preocupación por los salarios.



En un comunicado de prensa el Superior Tribunal de Justicia dio a conocer su preocupación por la actual situación financiera del Poder Judicial:



"El Superior Tribunal de Justicia se encuentra seriamente comprometido en su financiamiento, reconociendo deudas con proveedores tanto por gastos corrientes como por gastos de capital, situación que viene registrando desde los primeros meses de este ejercicio financiero. La misma es ocasionada, sin ninguna duda,
por la falta de transferencias de fondos desde el Poder Ejecutivo provincial".



"Si bien la Justicia ha reconvertido su flujo de fondos, ajustándolo a los créditos presupuestarios autorizados para el presente año (que recordemos fueron disminuidos en un 11 %
en la Ley de Presupuesto lo que implica $ 60.185.000)
y acordado con el Poder Administrador un fondo permanente que le permita atender sus gastos, el Superior Tribunal de Justicia observa con preocupación que aún dentro de estos parámetros de austeridad que son la característica de la gestión de este poder,
el Poder Ejecutivo no ha cumplido con las previsiones de fondos que el mismo Órgano ha comprometido".



"En el
presente año, el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la Ley de Presupuesto, debía
transferir la suma de $ 6.000.000 mensuales al Poder Judicial para atender sus gastos corrientes y de capital –excluyendo sueldos- , reduciéndose dichas transferencias a un importe mensual de $ 5.000.000, que luego elevó a partir de marzo $ 5.550.000, a fin de atender el incremento del valor mensual de reconocimiento de gastos".



"Situación que se vería agravada en el trimestre julio/setiembre toda vez que las últimas informaciones recibidas determinarían una disminución de tal importe a la suma de $ 4.000.000".



"Con esa proyección, en lo que va del año,
el Poder Judicial debió haber recibido la suma de $ 37.750.000, cuando en realidad los fondos de que dispuso la Justicia fueron de $ 32.610.000. La diferencia de $ 5.140.000 se ve reflejada en la deuda que registra este Poder. Esto ha generado de hecho la suspensión de obras que se pensaban iniciar en el presente año (vrg. Fuero Civil Torre III; Juzgado Multifuero Misión Nueva Pompeya;
etc.) y otras que había programado en su Plan de Obras Públicas aprobado por Acuerdo Extraordinario 3201/2011".



"Con esta perspectiva, se está planteando no ya una suspensión a la espera de propuestas serias y cumplibles, sino un sinceramiento de la situación, procediendo a ralentizar o paralizar las obras iniciadas (edificio Tribunales de Castelli,
readecuación edificio Fuero Penal de Resistencia, etc.) y suspender los procesos de licitación de las que se encuentran en marcha (Ampliación Edificio Tribunales de Familia Sáenz Peña y Remodelación del SUM, Resistencia)".



"Además de ello existe notoria preocupación por la necesaria adecuación de los salarios de todos los agentes del Poder Judicial (empleados, funcionarios y magistrados) que fuera comprometida por el Poder Ejecutivo a partir del mes de julio, previas tratativas a llevarse a cabo entre todas las partes en el mes de junio, sin que ella haya sido puesta en práctica por el Poder Administrador, único responsable conjuntamente con el Poder Legislativo de aumentar los salarios a través de una ley especial (como lo establece la Ley 3755) y la consecuente asignación de las partidas presupuestarias pertinentes del Tesoro Provincial para hacer frente a los mismos, debiendo tenerse presente que en lo que va del año, la totalidad de los aumentos salariales para este Poder del Estado fueron de un 7 % a partir del mes de marzo".



"Debe agregarse a ello, la permanente decisión de los gremios de empleados de realizar huelgas en reclamo del cumplimiento de las promesas del Poder Ejecutivo,
y de la existencia de numerosos juicios de amparo presentados por magistrados de toda la provincia los cuales se encuentran en el Superior Tribunal de Justicia a la espera de una definición jurisdiccional,
que ya están en situación de ser resueltos a la brevedad".



"Ha de reiterarse nuevamente que el Poder Judicial no puede ni debe solucionar el problema salarial de todos sus integrantes, pues legalmente no le corresponde, y tal situación queda, exclusivamente, en manos del Poder Legislativo, a través del dictado de la ley correspondiente, y del Poder Ejecutivo, que deberá asignar las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la mentada ley que se dicte".



"Como colofón de lo expuesto, cabe mencionar que el porcentaje de participación del presupuesto del Poder Judicial respecto al presupuesto de la provincia ha ido disminuyendo desde valores que representaban un 7,94 % (año 2002) hasta el 4,95 % actual (año 2012). Lo que queda evidenciado en
planilla anexa que demuestra la evolución de la participación presupuestaria del Poder Judicial desde el año 2000 a la fecha".