Viernes, 13 Julio, 2012 - 18:48

Bergia dice que se pretendió politizar el tema edificio legislativo

El diputado manifestó su postura sobre el proceso de expropiación de la ex textil Abraham y sobre la decisión del juez de dar lugar a un pedido de amparo.

Juan José Bergía se expresó mediante el comunicado que se transcribe textualmente a continuación:



“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”.

MONTESQUIEU.-



Recientemente se han suscitado una serie de hechos referidos a la Declaración de Interés Público y Expropiación de la Ex Textil Abraham para el establecimiento del Edificio Legislativo. A propósito de este tema, al momento de la votación en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados, emití mi voto por el “mantenimiento en cartera” del proyecto, a fin de que se estudie con detenimiento el aspecto jurídico de la cuestión y se solicite un dictámen a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara a fin de que informe sobre las eventuales implicancias jurídicas que podría traer aparejado expropiar un inmueble sobre el que pesaba un Concurso de Acreedores y una Quiebra desde hace tantos años.



En ese momento, un reducido grupo de colegas legisladores se abstuvieron en la votación por sostener similares inquietudes a las mías.



Como es de público conocimiento, se ha producido un cruce mediático en el cual tanto el Sr. Presidente de la Cámara de Diputados, como otros legisladores, e inclusive un Magistrado, se han manifestado a propósito de este tema.



No considero que me corresponda opinar sobre el contenido de la ley de expropiación de la ex textil Abraham, porque ya al momento de su tratamiento fijé mi postura desde mi Bloque Unipersonal; tampoco me corresponde opinar sobre el contenido del fallo judicial que concediera una medida cautelar de no innovar a uno de los acreedores de la ex textil, porque soy respetuoso de las decisiones de nuestros magistrados y la División de Poderes como principio básico del Sistema Republicano de Gobierno al que todos los ciudadanos (y más aún los funcionarios) debemos someternos; ni tampoco me corresponde opinar sobre los dichos de colegas en la medida de que cada quien es lo suficientemente maduro y responsable como para hacerse cargo de las cosas que se dicen públicamente, así como este legislador se hizo y hace cargo de cada cosa que sostiene. Para eso están los canales legales habilitados por nuestra normativa y nuestra Constitución, y de ninguna manera los agravios ni las descalificaciones públicas.



Amén de ello, considero que nada obsta a que pueda brindar mi parecer sobre algunos aspectos que rodean a este tema, y sobre los cuales he reflexionado últimamente.



En primer término, creo que existe cierta necesidad por comprender de una vez que el término “discrecionalidad”
tiene límites, que los funcionarios tenemos límites, y el Estado también. Debe serse cauto en la administración de “lo público”, lo que pertenece a todos, aquello que es en definitiva soportado por la sociedad en su conjunto. No podemos en forma alguna disponer “discrecionalmente” de las facultades que la Constitución acuerda al Poder Legislativo en la medida que se contrapongan con otros derechos y garantías reconocidos por la misma Carta Magna. En dicho contexto, que un ciudadano se haya sentido perjudicado por una ley emanada de este Poder, y que por ello haya recurrido a una instancia judicial a hacer valer los derechos que considera le asisten me parece no sólo legítimo, sino necesario. Como sostuviere, el ejercicio de los poderes públicos no es ilimitado y los ciudadanos deben acudir a los remedios que la misma ley les brinda para defenderse, lo que creo inclusive resulta ejemplar, toda vez que se ha vuelto una práctica común en la provincia acudir a la fuerza y a la coacción para reclamar antes que a las vías democráticas y republicanas que existen, como ha sido el caso del acreedor al que me refiriere.



En segundo término, me parece que debiera reflexionarse sobre la necesidad de lograr consenso en
base al diálogo, con prudencia y con el tiempo necesario para que al momento de la sanción de una ley se satisfagan intereses de la sociedad que realmente existan y sean alcanzados por la normativa a la que se arribe, porque las leyes son para la ciudadanía y no para los funcionarios, deben satisfacerse intereses del conjunto, no sectoriales, ni mucho menos individuales. No puede ser el capricho el rector ni el factor determinante de las decisiones de gobierno, sino las necesidades que un grupo amplio o la ciudadanía evidencien o demanden. Palabras más, palabras menos, si bien el término “desprolijo” que se leyera en algún medio pueda haber resultado chocante, me tomo la licencia de manifestar que por lo menos en esta cuestión de la ex textil Abraham se ha obrado por lo menos sin habérsele dedicado el debido estudio y análisis, por un apuro que responde tal vez a la necesidad de mostrar resultados prematuros sobre un tema que advertimos, resultaría sumamente sensible por el alto grado de judicialización que desde hace tiempo evidenciaba.



Asimismo, si bien nuestro sistema responde a un esquema de mayorías y minorías, las voces que se manifiestan en sentido diferente, por pocas que éstas fueren, aportan desde su disenso puntos de vista que necesariamente se orientan a enriquecer el debate. Por ello, como adelantare, manifesté oportunamente la necesidad de estudiar más a fondo el tema, pidiendo dictámenes, analizándolo en la Comisión del Edificio Legislativo con detenimiento, buscando asesoramiento verdadero y objetivo, y supeditar las decisiones a lo que efectiva y objetivamente convenga a todos, y no a un grupo, porque los legisladores no nos representamos a nosotros mismos, sino al pueblo, y puede correrse el riesgo de que esa “mayoría” resulte
distorsionada si al momento de votar se vota por lo que uno considera correcto para sí, sin tener en cuenta lo que es mejor para toda la ciudadanía, quien es en definitiva quien termina pagando los costos que este tipo de errores trae aparejado.



No está en mi ánimo, y creo que tampoco en el de los restantes legisladores que no acompañaron la expropiación de la ex textil, hacer leña del árbol caído, pero debe recordarse que al momento de su votación las críticas no se hicieron esperar, y han caído sobre nosotros con el falaz argumento de que no queríamos que se tenga un edificio propio, que se ponían “palos en la rueda”, que se hacía la contra per sé para restar protagonismo a quienes impulsaban la iniciativa, y otro montón de imbecilidades que suelen manifestarse cuando se pretende disimular la propia torpeza. Asimismo, se ha pretendido politizar la cuestión, cuando todo se reduce a: Primero, un minúsculo grupo de seis o siete Diputados que estuvieron en desacuerdo oportunamente y que hoy en día no hacen más que mantener la misma posición que mantuvieron entonces; Segundo, un acreedor de la quiebra de la ex textil que sintiéndose afectado por una ley que considera injusta, recurrió a la justicia provincial y obtuvo un fallo favorable; y Tercero, una cruzada mediática que pretende poner sobre el tapete una supuesta interna partidaria de la que debería hablarse como mínimo dentro de tres años, con lo cual no sólo se le falta el respeto al Sr. Gobernador que lleva siete meses de su segundo mandato, sino también a la ciudadanía en su conjunto, de cuyas necesidades es en definitiva que debemos ocuparnos día a día.