Jueves, 12 Julio, 2012 - 11:33

Se agota el manejo unitario de los recursos públicos

El ex mandatario chaqueño analiza la situación actual en materia de coparticipación federal, que califica como crítica.



El pedido de auxilio financiero del gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli al Poder Ejecutivo para afrontar el pago de salarios de la administración pública, revela una crisis con serias proyecciones en muchos planos de la vida nacional.



Esta manifestación de crisis es la que pone al descubierto las consecuencias del manejo unitario de las finanzas publicas que se impuso durante varios años en materia de coparticipación de impuestos, rebasando todos los limites legales, las normas y los principios que rigen la organización federal de nuestro país.



Hasta ahora no había provocado rechazos ni mayores reclamos esa forma de reparto de los recursos fiscales que se profundizó en los últimos años como una herramienta de sumisión de los gobiernos de provincias y municipios
a los designios del poder central.



Pero cuando mas de medio millón de familias bonaerenses deben sufrir postergación y el pago en cuotas del aguinaldo, o se suspende la obra pública, queda en evidencia que ha comenzado un ajuste del gasto público, y que ese ajuste se le hará pagar en primer termino a las provincias y a los trabajadores.



Se dirá que quinientas mil familias son rehenes de enfrentamientos internos del peronismo y que todo sucede por capricho de la Señora Presidente. Pero la verdad es que la situación excede las disputas de poder, con todos los daños que puedan causar al país una mayor inestabilidad política y un mayor deterioro de nuestra democracia.



La absoluta hegemonía y concentración de recursos que habían hecho del poder del Estado el único punto de referencia del justicialismo, ya no garantizan la sustentabilidad del modelo imperante por
efecto de la crisis económica.



Nos preguntamos ahora que debería garantizar mejor los recursos presupuestarios y la gobernabilidad en una provincia o en un municipio ¿Seguir el mismo color político del gobierno nacional y someterse a sus dictados para recibir los favores y remesas discrecionales de fondos como premios y castigos que reparte a su antojo el Poder Ejecutivo Nacional? ¿O sería preferible acaso bregar entre todos por la garantía de reglas de juego y normas estables de coparticipación de impuestos para contar con recursos regularmente distribuidos, que permitan administrar y planificar de manera previsible la acción de gobierno en las provincias y los municipios?



La Constitución Nacional prescribe una forma de gobierno federal del país y establece la “automaticidad en la remisión de fondos de los impuestos coparticipados” que deben allegarse a las provincias promoviendo una distribución de recursos fiscales que “dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.



Los Gobernadores son responsables de plantear a la Nación que no se apliquen discriminaciones a sus provincias; y deben, de la masa de recursos coparticipables, realizar la distribución que les corresponde a cada una de ellas, porque no son simples delegados del poder central.



La coparticipación primaria de impuestos entre Nación y el conjunto de las provincias cuando se restauro
la democracia, debía alcanzar el 57,66%.
Sin embargo se ha ido disminuyendo con los años y por la última Ley de Presupuesto para el año 2012 apenas el 25% de la recaudación de impuestos nacionales se remiten automáticamente a las jurisdicciones provinciales. Lo demás son transferencia discrecionales.



Incluso un 15% de impuestos nacionales se detrae a las provincias con destino a la ANSES sin Ley que lo autorice, ya que el acuerdo de gobernadores que le dio origen a esa retención destinada a sustraer fondos provinciales con destino al régimen previsional en ocasión de haberse privatizado las jubilaciones, no se ha prorrogado.



También la Nación esta girando cada vez menos fondos a las provincias, este año alcanza al 3% del presupuesto, es decir unos veinte mil millones de pesos; paralelamente se acapara mayores tributos por aumentos de valuaciones y tasas sobre inmuebles rurales como se ha hecho recién en Buenos Aires y en Entre Ríos.



La persistencia de este manejo unitario en las finanzas públicas solo prolongará los abusos, la discriminación y los atropellos. Esta situación que se produce en Buenos Aires debe ponernos sobre alerta para exigir correcciones, de lo contrario se puede replicar en varias provincias argentinas.
Fuente: 
(*) Ex gobernador del Chaco