Martes, 10 Julio, 2012 - 21:03

Ponen en marcha el Consejo Provincial de Defensa del Consumidor

La figura ya había sido contemplada en una ley de 2002, pero no se había determinado su conformación definitiva. Tratará con los sectores implicados el mejoramiento de bienes y servicios.

El ministro de Industria, Sebastián Agostini, y el subsecretario de Comercio, Ricardo Marimón, anunciaron la puesta en marcha del Consejo Provincial de Defensa al Consumidor, ente que se ocupará de tratar, con los distintos sectores implicados, cuestiones referentes al mejoramiento de los bienes y servicios disponibles para los chaqueños.



La figura ya había sido contemplada en la ley provincial Nº 5161, del 2002, pero hasta el momento no se había determinado su conformación de manera definitiva. El Consejo estará conformado por la Secretaria de Municipios, entidades como la Cámara de Comercio, la Federación Económica, asociaciones de defensa de consumidores, de sectores de la producción e industria, entre otros. Además, participará un representante de cada municipio de la provincia. “Es necesario afianzar la política de consumo con los municipios, la idea es que se sumen a la tarea de contralor, vigilancia y políticas públicas que lleva adelante el ministerio y el gobierno de la provincia”, dijo Marimón al respecto. Agregó que se realizarán sesiones también en el interior, para discutir políticas de estado con relación al consumo y abastecimiento de productos.



El ministro Agostini resaltó la iniciativa por parte de la Subsecretaría de Comercio, de poner en marcha esta figura institucional, y destacó que brinda la posibilidad de una participación activa de distintos sectores y entidades del quehacer en cuanto a la defensa del consumidor. “Posibilita además la participación activa en cuestiones que hacen a la seguridad alimentaria, que es uno de los ejes de gestión de esta nueva etapa”, agregó.



El Consejo se ocupará de establecer las bases para un mejor control de la calidad de los bienes y servicios que se brindan a los chaqueños, controlar el acuerdo de precios que el gobierno tiene vigente desde el 2007, e impulsar iniciativas para mejorar la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de servicios. “Esta herramienta permitirá pedir informes a distintos organismos públicos y privados, hacer sondeos y muestras, para mejorar la calidad de las prestaciones de servicios”, señaló Agostini.