Domingo, 8 Julio, 2012 - 10:49

Después de la destitución
Señor Lugo, no se queje

Por qué algunos sectores no aceptan que se violó la democracia en Paraguay. Los intereses en juego y el fantasma del golpe de Estado. Alerta en Sudamérica.

La evicción del presidente Fernando Lugo da, en una ocasión desgraciada, la posibilidad de ver las posiciones de los diferentes actores políticos y organizaciones sobre temas mayores de Latinoamérica: su estabilidad democrática, la existencia o no de mecanismos eficaces para corregir los retrocesos políticos y la posición sobre la injerencia en los asuntos internos de un Estado. De la lectura de las tomas de posición resultan sorpresas y contradicciones. De las acciones que fueron adoptadas nacen dudas sobre su eficacia. Como usted verá, lector, el panorama no es particularmente alentador.



Usted habrá leído las reacciones de dirigentes y partidos políticos que se oponen en términos severos a cualquier forma de acción regional con sanciones hacia Paraguay. Sus posiciones se basan en dos argumentos: no existió golpe y no se debe intervenir en los asuntos internos de otro Estado. Por cierto, la prosa que presenta esta posición es florida, rica en adjetivos y pletórica de invocaciones a principios jurídicos, políticos y morales.



Si bien no hay una definición universal escrita, todos entendemos que un golpe de Estado consiste en el uso de la fuerza para desplazar un gobierno electo. En el Diccionario de Ciencia Política de Norberto Bobbio, uno de los mayores politólogos del siglo pasado, se lee: “No existe golpe de Estado sin la participación activa de por lo menos un grupo militar o la neutralidad-complicidad de todas las fuerzas armadas”. Este no fue el caso en el Paraguay. Por lo tanto, la acción regional no puede justificarse a partir de la condición de existencia de un golpe.



Sin embargo, lo que queremos proteger no es la ausencia de golpes sino el cumplimiento de la voluntad popular expresada en elecciones libres. Son varias las maneras de violar esa voluntad. La tradicional del siglo XX era el golpe de Estado, tal como lo define Bobbio.



Otra vía es el desplazamiento de un presidente por la confluencia de intereses minoritarios que usan los mecanismos constitucionales. Eso es lo que ha sucedido en Paraguay.

Todas nuestras democracias incorporan en sus constituciones al juicio político como mecanismo legal para separar al presidente de sus funciones en caso de grave incumplimiento. En las últimas dos décadas, nuestra región tuvo varios casos. En casi todos, el proceso duraba meses, en los que el Congreso primero formaba una comisión parlamentaria que realizaba un informe y luego votaban la Cámara de Diputados y el Senado.

Nadie, honestamente, puede sostener que ese procedimiento puede iniciarse y concluir en 24 horas. Un ladrón de bicicleta tendría más derecho a la defensa que un presidente electo por una sociedad. El debido proceso es uno de los pilares del estado de derecho y de la democracia. No estamos frente a una cuestión menor. Ese no es un golpe. Es un complot que tergiversa el uso de los mecanismos constitucionales y cuyo resultado es alterar la decisión de la mayoría. Es, por lo tanto, un ataque a la democracia.



Puede no haber militares ni violencia física ni resistencia de los desplazados. Se cambió la voluntad popular para favorecer intereses minoritarios.



Paraguay es el país que posee la concentración más alta de la propiedad de la tierra de todo el mundo (Gini de 0,93). Dos compañías extranjeras productoras de semillas transgénicas no podían colocar sus productos por decisión del gobierno. La posición internacional del presidente Lugo resultaba objetada por potencias mayores. Los partidos habían quedado afuera de la distribución de cargos.



Lector, francamente, ¿qué cree usted que pasó? ¿Piensa usted que asistimos a un juicio imparcial, legal y legítimo para remover al presidente de sus funciones?



El golpe de Estado es una manera de violentar la voluntad popular. Esta es otra. En todo caso, con una o con otra, la democracia paraguaya y su sociedad fueron ignoradas. A pesar de esto, de lo evidente del caso, individuos que ejercieron altas funciones en la región, un partido que gobernó en la Argentina y varias personalidades del continente sostienen que no hay razón para actuar, que nadie tiene el derecho de intervenir en los asuntos interiores del Estado paraguayo.



La cuestión de la intervención para defender regionalmente al sistema democrático es uno de los avances que realizamos en nuestro subcontinente. La llamada “cláusula democrática” está incorporada en todos nuestros mecanismos de integración. Dicho de la manera más directa, en Paraguay se alteró la democracia. Por lo tanto, debe aplicarse con mecanismos previstos en esas cláusulas democráticas.



No esta de más recordar que todos nuestros países son signatarios de la Carta de las Naciones Unidas, que es ley para todos nosotros y en varios países con jerarquía superior a las leyes comunes. Esa Carta, en su Capítulo VII, incorpora la capacidad de intervención militar en un Estado donde se pongan en peligro la paz y la seguridad. Luego de la década de los 90, esa noción se extendió a la defensa de la democracia y los derechos humanos. Por lo tanto, quienes sostienen que no hay derecho a intervenir desconocen que en sus países, por tratado internacional, se aceptó el principio de intervención.



Además, muchos de nuestros Estados intervinieron o intervienen en los asuntos de otros Estados. El gobierno del cual participé como canciller intervino directamente en varios países vecinos. En Chile, concretamente, para acelerar la transición a la democracia, en colaboración directa de Estados Unidos, época del presidente Ronald Reagan, y de Cuba, gobernada por Fidel Castro. Intervinimos por la democracia contra las dictaduras. En Paraguay hoy no hay una dictadura, sólo una usurpación de la voluntad popular.



Lector, es difícil comprender que personas con conocimiento de la política y de nuestra historia afirmen que aquí no ha pasado nada y que, sobre todo, no hay que meterse en la casa del vecino. Es llamativa la creencia de muchos de nuestros dirigentes de que la gente es tonta, que se puede decir con Cándido –el personaje de Voltaire– embarcado en un miserable navío enfrentando la tormenta “todo anda excelente en el mejor de los mundos”.
Fuente: 
Perfil.