Miércoles, 4 Julio, 2012 - 20:25

Sancionaron la norma que previene y sanciona el acoso laboral en el sector público

El ámbito de aplicación será todo el territorio de la Provincia frente a todo tipo de relación laboral de derecho público.

Quedando comprendido el personal que presta servicios con carácter permanente, transitorio o contratado en cualquiera de sus modalidades de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados, entidades autárquicas y organismos de la Constitución Provincial.



Para ello, el órgano de aplicación será la Oficina Interdisciplinaria para la Prevención, Tratamiento y Sanción de la Violencia Laboral que se crea en el marco de esta norma.



El texto señala que el Estado tendrá obligaciones como empleador y deberá hacer efectiva su aplicación en el marco de una política de eliminación de todas las formas de violencia laboral en el ámbito del Sector Público Provincial y ejercerá las acciones necesarias y eficaces para poner fin a los actos de violencia ejercidos sobre sus empleados.



También deberá reparar el daño laboral, moral o material que le hubiere ocasionado la violencia ejercida por sí, por sus dependientes o por terceros bajo su responsabilidad y deberá mantener en el lugar de trabajo condiciones de respeto para quienes se desempeñan en la estructura de los poderes del Estado con el propósito de desalentar, prevenir o sancionar las conductas tipificadas, garantizando un procedimiento administrativo adecuado y efectivo tendiente al cumplimiento de los objetivos de la presente ley. A tal fin deberá resguardar la exposición, confidencialidad del trámite y el derecho de defensa.



También menciona que el Estado Provincial, será solidariamente responsable por las acciones de violencia laboral a que se vieran sujetos sus empleados por parte de superiores, terceros o de los empleados entre sí cuando el acto de violencia laboral se hubiere efectuado con el consentimiento del titular o responsable de la jurisdicción de que se trate, o cuando se le hubiere notificado en forma fehaciente el hecho y no adoptare las medidas necesarias para hacer cesar tal conducta.



Se entiende por violencia laboral a toda acción, omisión, segregación o exclusión realizada en forma reiterada por un agente que manifieste abuso de la autoridad que le confieren sus funciones, cargo o jerarquía, influencia o apariencia de influencia, que tenga por objeto o efecto la degradación de las condiciones de trabajo susceptibles de afectar los derechos, la dignidad de los trabajadores, de alterar su salud física y mental y/o comprometer su futuro laboral; o al consentimiento de dichas conductas en el personal a su cargo sin hacerlas cesar; pudiendo ser estas acciones de naturaleza sexual o psicológica, para beneficio propio o de un tercero, bajo las posibles formas de maltrato físico, psíquico o social, acoso u hostigamiento psicológico, acoso sexual, homofóbico o discriminación por género.



La comisión de cualquier acto de violencia laboral configura falta grave en los términos de la ley 2017- Estatuto para el personal de la Administración Pública Provincial-. Lo que establece la presente ley es sin perjuicio de lo regulado por las leyes 23.592 –Ejercicio de derechos y garantías constitucionales- y 26.485 –Ley de Protección Integral de las Mujeres-.



Se considerará que la violencia laboral reviste especial gravedad cuando la víctima se encontrare en una situación de particular vulnerabilidad, por razón de su edad, estado de salud, inferioridad jerárquica u otra condición análoga.



La ley reconoce distintas formas de violencia laboral como el maltrato psíquico y social, el maltrato físico, la discriminación, el acoso sexual, el acoso psicológico y la inequidad salarial.



En el marco de esta reglamentación se creará una Oficina Interdisciplinaria para la prevención y tratamiento de la violencia laboral, integrada por un abogado que revestirá el nivel de Director, dos psicólogos con nivel de Jefe de Departamento, un mediador con nivel de Jefe de Departamento, los que tener una antigüedad mínima de 5 años en el desempeño de la profesión; capacitación e idoneidad en temas de violencia debidamente acreditados y aprobar el concurso de antecedentes y oposición aprobado conforme lo establecido en la normativa vigente. El jurado del concurso deberá integrarse por especialistas reconocidos en la materia.



Esta Oficina dependerá jerárquica y funcionalmente de la máxima autoridad de cada uno de los tres poderes, que tendrá un control de gestión de la Oficina Interdisciplinaria para la Prevención y Tratamiento de la Violencia Laboral que se realizará cada 2 años por un responsable o técnico especializado designado al efecto por cada uno de los poderes del Estado.



Las distintas instancias que tendrán tratamiento por esta Oficina estarán protegidas para garantizar la confidencialidad, discreción y resguardo absoluto de la identidad de los involucrados, con un manual de procedimientos y sanciones a aplicar en cada caso, que contempla las reincidencias que pudieren haber que incluyen la creación de un Registro Único de Reincidentes de las conductas tipificadas en la presente ley en el ámbito de la Oficina Interdisciplinaria para la Prevención y Tratamiento de la Violencia Laboral y los involucrados estarán protegidos en el procedimiento relacionado con la violencia laboral.



Finalmente, la nueva sanción legislativa tendrá garantizada la capacitación con el objeto de prevenir actos de violencia laboral y fortalecer las relaciones humanas, deberán instrumentarse los mecanismos necesarios para que los empleados tomen conocimiento del contenido de esta norma y se invita a los municipios a adherir a esta normativa.



LOS FUNDAMENTOS

En la sesión anterior, los legisladores fundamentaron extensamente sobre esta norma sancionada en el día de hoy. En esa oportunidad, la diputada María Lidia Cáceres, una de las impulsoras de la iniciativa, sostuvo que era una definición que tuvo mucho tiempo de análisis en esta Legislatura y resumió el trabajo hecho desde la Comisión de Legislación del Trabajo “que ha demostrado un
compromiso en este tema que es una figura jurídica nueva, si bien
ha habido definiciones judiciales en este sentido, recién se comienza a conceptualizar en
el 1990”.



La legisladora advirtió que hay que tener un
protocolo de intervención en este tema “hay que evitar que personas valiosas abandonen su trabajo y en este sentido el rol de los sindicatos va a ser trascendentes, donde deberá haber personas que puedan recabar las pruebas necesarias”.



Cáceres valoró que ninguna de las iniciativas sobre este tema hayan sido archivadas y se fueron acumulando para que se sancione una normativa tan compleja como esta. Esta norma va a ser ponderada en el ámbito nacional”, expresó y recordó que ha habido muchos casos de suicidio por el acoso laboral y es muy bueno que le podamos dar una norma vamos a generar un ámbito agradable y de contención afectiva para todos en sus lugares de trabajo y un ámbito laboral saludable”.



La titular de la Comisión de Legislación de Trabajo Amelia Clide Monzón informó que el proyecto era una síntesis de los 9 proyectos de ley presentados desde el año 2003 en adelante tras lo cual mencionó a cada uno de los autores que abordaron esta temática en distintas iniciativas. “Desde la Comisión de Legislación del Trabajo este proyecto ha tenido un despacho unánime y queremos destacar el desempeño de los asesores que intervinieron en la confección del proyecto, intercambiando opiniones y aportes, con profesionales especialistas en la materia. Es muy importante el tema que nos ocupa que seguro traerá resquemores para algunas personas pero es hora de jerarquizar a las instituciones valorando el recurso humano”, aseguró.



“La violencia – sostuvo - consiste en el abuso de poder en forma sistemática durante un periodo determinado sobre otra persona en el lugar de trabajo afectando la honra del individuo cuyo objetivo es destruir la fuerza moral del otro afectando su integridad física psíquica y moral. La violencia va en aumento en todo el mundo, el trabajador a pesar de vivir presiones o acosos tiende a aferrarse mas a un puesto de trabajo ya que sufre el temor a perder sus fuentes de ingreso y encontrar otro le puede resultar difícil”.



Monzón advirtió que “no debemos olvidar que hay una consecuencia laboral, con el acoso laboral quien mas pierde es la sociedad toda ya que se crea un
sentido de impunidad, la familia entra en estado de frustración y este proyecto tiene por objeto prevenir sancionar la violencia en el ámbito de la administración pública otorgando con este instrumento legal la protección y garantía de los derechos del trabajador”.