Lunes, 2 Julio, 2012 - 08:28

Un año y medio de prisión
La Justicia condenó por corrupción al segundo funcionario en 30 años

Es el menemista Castro Morgan; el único, junto con María Julia Alsogaray, en ser juzgado.

La Justicia impuso una leve condena de un año y medio de prisión en suspenso a un ex secretario de Estado de la Jefatura de Gabinete durante el gobierno de Carlos Menem, acusado de intentar pagar unos 47.000 pesos/dólares en 1999 por un seminario que en realidad había sido financiado por una empresa privada.



El condenado por el Tribunal Oral Federal N° 2 es Alberto Castro Morgan, secretario de Planeamiento Estratégico cuando la Jefatura de Gabinete la ocupaba Jorge Rodríguez, absuelto en el mismo juicio oral.



El asunto sería menor si no fuera porque Castro Morgan es el segundo funcionario de alto rango de la administración nacional condenado por un acto de corrupción en los últimos 30 años, desde la recuperación de la democracia. La que ostenta el récord de ser la primera es otra menemista, María Julia Alsogaray. Ella fue sentenciada a tres años de prisión en 2004 por enriquecimiento ilícito en un fallo en el que se la obligó a devolver 500.000 dólares.



Un estudio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) estableció que las causas por corrupción demoran, en promedio, 14 años. Ezequiel Nino, codirector de la ONG, dijo a LA NACION que hay que encontrar las causas de la impunidad en los casos de corrupción en todos los actores del sistema. Así, Nino achacó a los jueces "falta de voluntad política, de recursos técnicos, o de ser laxos con los defensores que dilatan los casos". A los fiscales les reprochó "falta de voluntad política, de proactividad, de cooperación".



A los peritos de la Corte, "falta de transparencia y de contacto directo con los jueces". A los tribunales orales los cuestionó por "duplicar la investigación de la instrucción y por excesivos formalismos". A los abogados, por dilatar procesos con chicanas.



A pesar de que el gobierno de Carlos Menem fue reiteradamente calificado como una de las gestiones en las que se realizaron más denuncias de corrupción, ningún ministro de su gabinete fue alcanzado por condena alguna y el propio ex presidente fue absuelto en la causa que más lo complicaba por el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador.



Hay funcionarios menemistas que siguen investigados, como todos los que integraron el gabinete de Menem, incluido el propio presidente, por el cobro de sobresueldos.



Siguen abiertas decenas de causas contra el ex titular del PAMI Víctor Alderete, que se acumulan en un tribunal oral a la espera de juzgarlas todas juntas, con el riesgo de que vayan quedando prescriptas por el paso del tiempo.



El propio Menem tiene abierta una causa por falsear su declaración jurada de bienes que está radicada en un tribunal oral desde hace años, sin que se haga el juicio porque las respuestas a los repetidos exhortos enviados a Suiza nunca llegan.



La causa por el contrato para informatizar todas las sucursales del Banco Nación con la empresa IBM se resolvió en un juicio abreviado donde ex ejecutivos de la empresa y del directorio del Banco Nación admitieron su responsabilidad en el pago de sobornos. En otro caso asociado, conocido como IBM-Anses, tras 10 años de trámite se declaró la prescripción por el supuesto cobro de un soborno por US$ 60 millones.



Lo mismo ocurrió en la causa en que se investigó durante diez años a parte de la familia Yoma y a apoderados de la empresa Yoma SA por la cesión de una serie de créditos como garantía de repago de préstamos que le otorgó en Banco Nación. En 2006 adeudaban 180 millones de pesos.



La misma suerte corrió la investigación por la privatización de Tandanor en la década del 90. Fueron 10 años de investigación, pero nadie fue preso porque el caso quedó prescripto y el Estado se perjudicó. Otra causa emblemática del menemismo, por la privatización del espacio radioeléctrico, quedó en la nada.



Otra ex funcionaria menemista que fue absuelta en diciembre pasado, luego de una década de investigación, es Claudia Bello, juzgada por supuestas contrataciones irregulares para contrarrestar el efecto Y2K.



De los casos de la Alianza, no hay funcionarios de primera línea condenados. El emblemático es el de las coimas en el Senado para la aprobación de la ley laboral. Su investigación lleva doce años y el ex presidente Fernando de la Rúa es el principal acusado. El juicio oral comenzará el 14 de agosto.



De los casos del kirchnerismo no hay ninguna condena y a lo sumo hay algunos procesados. Los únicos funcionarios cuyas causas fueron elevadas a juicio oral son Ricardo Jaime, acusado de dádivas; Romina Picolotti, por sus gastos desmedidos, y Felisa Micelli, por la famosa bolsa con 100.000 pesos y 30.000 dólares