Viernes, 29 Junio, 2012 - 20:52

Justicia valida corte de calles: es un derecho que "no puede ser suprimido arbitrariamente por poder público"

Así lo determinó el juez federal Ariel Lijo quien consideró que "es un modo razonable de ejercer el derecho que tienen los ciudadanos de hacer escuchar sus reclamos y peticionar".

Este pronunciamiento fue efectuado al archivar una denuncia por el corte que unas 80 personas de partidos políticos y organizaciones sociales realizaron en diciembre pasado en la intersección de las avenidas Guzmán y Cano, y en la estación de trenes Federico Lacroze, en el barrio de Chacarita.



"Las molestias ocasionadas a los terceros no fueron mayores que las que suelen tolerar cuando la autoridad autoriza otro tipo de eventos populares como lo es un partido de fútbol o un típico espectáculo musical", sostuvo Lijo.



También señaló que la salida de los trenes sufrió una demora de apenas cinco minutos, que el corte de calles duró unos 40 minutos y que "existieron caminos alternativos que permitieron el paso de un lugar al otro".



"Resulta imposible desconocer que la manifestación pacífica en la vía pública es un modo razonable de ejercer el derecho que tienen los ciudadanos de hacer escuchar sus reclamos y peticionar, y que ese derecho no puede ser suprimido ni vulnerado arbitrariamente por el poder público", consideró.



El magistrado explicó que el derecho a la libertad de expresión y de reunión está amparo en la Constitución Nacional y en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, incorporados a la Carta Magna.



"La historia de nuestro país nos ha mostrado afortunadamente ejemplos de que el derecho a manifestarse pacíficamente es una valiosa herramienta de cambio tanto en gobiernos autoritarios como democráticos y que, por más molesta o ruidosa que pueda ser, de modo alguno puede ser tildada de delictiva", opinó.



Sin embargo, el juez agregó que eso no significa que el derecho a reunión "no tenga límites", ya que "nadie podría ejercer abusivamente el derecho de reunión implicando la afectación de derechos de terceros ni cometer un delito en el marco de una protesta social, pues afectaría bienes jurídicos de otros".
Fuente: 
Agencia DyN