Miércoles, 27 Junio, 2012 - 20:15

Aprobaron la creación el Registro Único de Beneficiarios del Hábitat

El registro será controlado y administrado por la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial. Esta iniciativa es autoría del Poder Ejecutivo.

La Cámara de Diputados sancionó una norma por la que se creó el Registro Único de Beneficiarios del Hábitat, con dependencia del Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial.



Dicho registro, tendrá como finalidad brindar un instrumento unificado y fiable, donde deberán estar registrados los beneficiarios de planes sociales de viviendas o terrenos: AIPO; SUPCE, PREI (programa de rehabilitación contra emergencia de las inundaciones), PPI (programa de protección contra las inundaciones); IPDUV (programas de mejoramiento barrial y regularización dominial); dirección gestión de tierras, municipios y demás programas con finalidades semejantes, y que aún no hayan escriturado su vivienda o terreno, aquellos que se encuentran ocupando terrenos privados en trámites de expropiación o bien fiscales, ocupantes en situación de desalojo oficial (ubicados en traza de calles, veredas o bien ocupantes ilegales de viviendas) y todas las personas que no cuentan con un espacio para vivir (caso de familias extendidas), así también los propietarios de bienes inmuebles registrados en el registro de la propiedad inmueble y tendrá jurisdicción en los 69 ejidos municipales creados y a crearse en el territorio provincial.



Además, el organismo informatizará los datos, mediante el aporte de información de municipios, Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio de Desarrollo Social, Registro de la Propiedad Inmueble y todo aquel organismo abocado a funciones relacionadas con el hábitat , los cuales suministrarán obligatoria y regularmente esta información. El registro, tendrá la obligación de incorporar a la base de datos, una vez corroborada la veracidad de los mismos.



Los mecanismos, procedimientos e instrumentos de inscripción y actualización de cada familia serán definidos por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial, a través de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial.



Las personas inscriptas en el Registro deberán actualizar sus datos, con carácter de declaración jurada, cada dos años o cada vez que este lo considere necesario.



El Registro brindará obligatoriamente la información sobre la situación en relación al hábitat, sobre personas o familias inscriptas, a todos los organismos que implementen políticas habitacionales. Todos los organismos vinculados con la temática del hábitat, sin excepción, antes de tomar decisiones de adjudicaciones, permisos, constancias deberán pedir información y aval al registro.

A los ciudadanos/as en general se les otorgará constancia de inscripción en este registro.



En los fundamentos, el diputado del Frente Grande Fabricio Bolatti explicó que este proyecto del Poder Ejecutivo se analizó en la Comisión de Tierras de manera conjunta con distintas iniciativas que pretenden diagramar una política para la regularización dominial y la planificación territorial. “Este proyecto plantea un registro único que va a estar bajo el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbanos y busca unificar y hacer un solo padrón de beneficiarios, hay programas vigentes y no vigentes que han beneficiados a muchas familias y hay que tener vigente para no duplicar el esfuerzo del Estado y que llegue a la mayor cantidad de familias”.



“Asimismo, plantea incorporar una nueva problemática y que es registrar a los ocupantes de terrenos y asentamientos de la provincia, terrenos ocupados, no ocupados. Si no contamos con este instrumento será difícil plantear una distribución
justa de beneficios de viviendas de tierras. El Registro de la Propiedad no tiene registrado el boleto de compraventa y el Instituto de Vivienda no podía saber quien era el último dueño. El otro problema es de los asentamientos porque la informalidad de los asentamientos hace que no se sepa quien esta viviendo en ese lugar”.



La diputada Irene Dumrauf señaló que esta iniciativa “de alguna manera busca subsanar un vacío que tenemos en el tratamiento de temas tan delicados como la vivienda y la tierra social. Creo que el objetivo que ha movido al Ejecutivo es el mismo que en su momento planteamos cuando discutimos la ley 5003 de optimizar los recursos del Estado para llegar con
las respuestas necesarias a los sectores mas desfavorecidos de la sociedad. Vemos con preocupación que después de sancionar una ley de expropiación empezaba la venta de los terrenos que habían
sido expropiados y era un negocio para los sectores inmobiliarios. Se incorpora un tema que esa ley 5503 no contemplaba que era las viviendas y las tierras ocupadas ilegalmente, por lo que este registro será una herramienta para hacer justicia”.