Lunes, 25 Junio, 2012 - 08:53

Legisladores del Frente Grande buscan declarar la emergencia habitacional

El proyecto de ley de Bolatti y Trabalón establece, tras su aprobación, un plazo de 24 meses para concretar medidas y recursos para la regularización dominial.

La Legislatura provincial se encuentra debatiendo distintos proyectos relacionados con el ordenamiento territorial, regularización dominial y acceso a la tierra urbana.



Sobre esto, el Frente Grande resaltó que “es necesario avanzar en políticas que permitan el acceso a la tierra con destino a habitación, que promuevan la regularización dominial de los cientos de asentamientos y la planificación de la infraestructura social básica que demanda toda urbanización”.



El partido presentó en el año 2010 el proyecto Nº 4813 por el cual proponían “crear el Banco de Tierras como herramienta para generar oferta de lotes con servicios a las familias chaqueñas y así generar una alternativa a la ocupación de tierras y a las necesarias expropiaciones”.



“Esta problemática
se encuentra en la agenda del Gobierno Nacional y reposicionándose en la agenda provincial, ignorarla o resolverla en forma insuficiente es fuente permanente de injusticias y conflictos sociales”, detallaron.



SITUACIÓN ACTUAL

Desde el Bloque Legislativo Frente Grande, en coordinación con el Programa Territorio Urbano y Fiscalía de Estado, se realizó un informe que busca tener una síntesis para analizar la situación actual de esta demanda social, del que destacaron los siguientes datos:



- Desde el año 1973 se sancionaron 183 leyes de expropiación, de las cuales 5 fueron destinadas a inmuebles rurales y 178 leyes a expropiar inmuebles urbanos.



- Las leyes para inmuebles urbanos expropiaron 870 hectáreas aproximadamente. El Estado Provincial debe abonar unos $ 66 millones para cancelar las leyes de inmuebles urbanos pendientes
y
poder tomar posesión sobre los mismos.



- Se estima que en estos inmuebles viven 60.000 personas, de las cuales 95 % corresponden a inmuebles del Gran Resistencia.



- De las 870 hectáreas, 385 fueron canceladas y fueron transferidas a nombre de la Provincia , 125 tienen acuerdo de pago con los propietarios o se han realizado depósitos judiciales y más de 300 encuentran su leyes
pendientes de ejecución.



- En la Comisión de Tierras de la Cámara de Diputados se encuentran en estudio más de 60 proyectos de expropiación de inmuebles ocupados por familias de bajos recursos.



LA NUEVA PROPUESTA LEGISLATIVA

Esta nueva iniciativa, proyecto 1953/12, busca aportar al debate y al análisis legislativo herramientas para trazar una política adecuada. “Con la declaración de emergencia se busca el reconocimiento del problema y el establecimiento de un plazo de 24 meses para concentrar medidas y recursos que logren cambiar dicha situación”, explicaron.



Adelantaron además que “el objeto de la emergencia es promover la regularización dominial de los inmuebles urbanos de propiedad del Estado Nacional, Provincial y Municipal, de los expropiados y de los declarados sujetos a urbanización en el marco de la emergencia. También se busca obtener el financiamiento adecuado para garantizar el pago de las leyes de expropiación, logrando así alcanzar la posesión del inmueble y su posible regularización”.



También se propone la prórroga automática de las leyes de expropiación durante la emergencia y la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda declarar de “interés social y sujetas a urbanización” un inmueble cuyo proyecto de ley de expropiación tenga estado parlamentario en la Legislatura , dicha declaración y notificación al Poder Judicial suspenderá los procedimientos judiciales que pueda existir por la propiedad, posesión, uso u ocupación del inmueble durante la vigencia de la presente Ley, o hasta la decisión de archivo de la iniciativa por el Poder Legislativo.



Y a modo de conclusión explicaron que “es necesario avanzar en la regularización dominial y en programas que faciliten el acceso a la tierra urbana a las familias chaqueñas, atendiendo las posibilidades de pago dado su ingreso económico. Sin lugar a dudas el acceso a la tierra y a la vivienda es un factor de inclusión social de pendiente aplicación en la Provincia y, entendemos, la iniciativa aporta a su resolución”.