Lunes, 18 Junio, 2012 - 07:46

Este lunes
Federación Económica se reúne con diputados por modificación al régimen de infracciones

Plantearán la necesidad de rever el proyecto que incrementaría las sanciones a los empleadores que infrinjan normas vigentes.

Los representantes del empresariado llegarán se reunirán con distintos diputados; así lo aseguró en diversos medios el presidente del bloque peronista Ricardo Sánchez.



El proyecto enviado por el ejecutivo provincial llegó a finales del año pasado a la Cámara Provincial. En su momento Agostini, ministro de Industria detalló ante la comisión legislativa de Asuntos Constitucionales, los principales lineamientos de la iniciativa mediante la cual se busca que el Chaco adhiera a las modificaciones en el Pacto Federal de Trabajo.



“El objetivo principal de esta ley es fortalecer el régimen de infracciones a las normas laborales en la provincia; con la aprobación del proyecto estaríamos dando un gran paso hacia la universalización del trabajo formal en el Chaco”, afirmó en aquel momento el ministro.

La iniciativa –remitida por el gobernador Jorge Capitanich en diciembre pasado a la Legislatura- propicia la modificación actualizadora de la Ley 4.600 (que data de 1998), que ratifica la adhesión del Chaco al Pacto Federal de Trabajo, y, además, impulsa el fortalecimiento del sistema punitorio laboral.



Entre los puntos centrales del proyecto del Poder Ejecutivo aparecen modificaciones en la ratificación misma del Pacto, con el objetivo de robustecer las sanciones y multas en materia de infracciones a la legislación laboral vigente.



LEY CORRECTIVA

Para el caso de infracciones muy graves se propone -a través de la iniciativa- sancionarlas con multas equivalentes a tres y hasta diez veces el valor del salario mínimo vital y móvil vigente al momento de aplicación de la sanción por cada trabajador afectado por la infracción.



Sin embargo, como el objetivo de la Ley no es recaudatorio sino correctivo de las relaciones laborales, es que se propicia realizar descuentos de hasta un 90% a aquellos empleadores que procedan a regularizar el hecho susceptible de infracción en un plazo no mayor a 30 días corridos.



En la ley vigente, por ejemplo, la sanción para una infracción muy grave como la no inscripción de un trabajador o un caso de trabajo infantil, es una multa de $1.000 y de hasta $5.000 si se detectaba reincidencia.