Domingo, 17 Junio, 2012 - 10:11

Opinan legisladores nacionales
Coparticipación federal y la necesidad de una nueva ley prevista en la reforma del ´94

Hace años la relación era 55% para la Nación, 45% para las provincias; hoy está cerca del 70-30. Algunos dicen que “los recursos llegan” por la AUH, las obras y los planes.



Opinan cuatro diputados nacionales de diferentes espacios políticos y provincias: dos bonaerenses, un mendocino y un santafesino. La intención: analizar la coparticipación federal, sus falencias y posibles modificaciones. Aquí, sus posturas.



“La sanción de un nuevo régimen es una de las asignaturas pendientes más importantes de nuestra democracia. Se ha consolidado un esquema fiscal centralista. El Estado Nacional se ha ido apropiando progresivamente de recursos que corresponden a las provincias y sus municipios. Esto subvierte la esencia del sistema federal”, señala el bonaerense Gustavo Ferrari, del Frente Peronista que lidera Francisco de Narváez. Su análisis apunta a la necesidad de encarar una reforma.



“Es imprescindible un dialogo entre la Nación y las provincias. La nueva Ley de Coparticipación es un mandato de la reforma del ’94 que nunca se concretó. Para avanzar tiene que haber una convocatoria del Estado nacional. Es imposible que las provincias se pongan, por sí solas, de acuerdo”, completa el santafesino Juan Carlos Zabalza, del Partido Socialista. Ambos análisis enfatizan que la creciente concentración de recursos en cabeza del Estado nacional puso a gobernadores e intendentes en una posición de vulnerabilidad financiera. “Los obliga a ceder ante el rigor de la caja, contrariando incluso muchas veces el interés de sus representados”, añade Ferreira.



¿Qué posibilidad existe de encarar una reforma? Según Carlos Raimundi, de Nuevo Encuentro, la posibilidad “depende de la madurez de la relación entre Nación y provincias”. Sin embargo, su visión subraya que las coyunturas tienen un peso fundamental: “Los momentos de desaceleración no son los más propicios, porque la retracción implica que habrá ganadores y perdedores. En momentos de expansión es más fácil que no haya perdedores”, afirma el diputado de extracción bonaerense.



El mendocino Enrique Vaquié agrega que la reforma se presenta como “un problema de difícil solución”. Es por los requisitos institucionales que se deben cumplir. “Primero, el acuerdo entre las provincias y la Nación; luego, la sanción de la norma con la mitad más uno de la totalidad de los miembros de las Cámaras y, por último, la aprobación de todas las legislaturas provinciales”, enumera Vaquié.



LA DISTRIBUCIÓN

Buenos Aires y Mendoza son las dos jurisdicciones que menos reciben en relación al aporte que realizan. Equidad y solidaridad son, una vez más, los conceptos en pugna. “El perjuicio se remonta al ’88 cuando, por un tema de coyuntura política, las provincias más chicas ganaron en detrimento de la más grandes. Para modificar la situación no se necesita una ley convenio”, señala Vaquié. Su afirmación apunta a la distribución de lo recaudado, entre otros ítems, por la vía del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios. “Esto no necesita un trámite extenso”, agrega Vaquié. El diputado mendocino admite, sin embargo, que por este camino sólo se resolverían los problemas que plantea la distribución primaria.



Zabalza tiene una postura más crítica: “Primero, porque no se cumple con los porcentajes. Además, hay deudas que mantiene la Nación por las cajas de jubilación y la retracción del 15 por ciento derivada de los pactos fiscales del menemismo que no fueron refrendados por los últimos gobernadores, desde Jorge Obeid a la actualidad”. Su análisis enfatiza que “hace años la relación era 45 por ciento para las provincias y 55 por ciento para la Nación, relación que hoy está cerca del 70 para la Nación y el 30 para las provincias”.



Según Raimundi, se trata de un mito. “Cuando las provincias tenían un porcentaje mayor, hubo gobernadores que cayeron por corrupción. El clientelismo era la regla. Para poner orden hizo falta una mayor presencia del Gobierno nacional. Además, me parece claro que los recursos llegan. La Asignación Universal por Hijo, las obras de infraestructura y los planes de vivienda son ejemplos. Si no fuera así, el Gobierno Nacional no hubiera ganado las últimas elecciones en las provincias”, plantea Raimundi.



LA PLATA ESTÁ


“El problema es cómo se distribuye y si el recurso llega a quienes tienen la responsabilidad primaria de responder a las demandas de seguridad, educación, salud e infraestructura. Por eso digo que resulta imprescindible discutir un nuevo esquema que integre solidariamente a todas las regiones, atenuando asimetrías. Debe hacerse de manera progresiva y fiscalmente responsable, con metas objetivas, quizá a lo largo una década. Pero debemos empezar ahora”, enfatiza Ferrari.



NUEVOS PACTOS

Ferrari se inclina por consensuar una nueva generación de pactos fiscales. “Una suerte de new deal de carácter fiscal federal. La idea es institucionalizar fondos estructurales de convergencia, los cuales deberían operar sobre variables sociales”, especifica el diputado por la provincia de Buenos Aires. Vaquié es cauto. “Pueden ser una solución parcial, pero insisto en que lo mejor es modificar la ley de coparticipación. Igualmente, en los pactos fiscales también debe ser el Gobierno Nacional el que convoque al dialogo”, dice el mendocino.



TEMA URGENTE

“Mientras tanto, debemos corregir algunas injusticias, particularmente la enorme y progresiva discriminación que padece Buenos Aires”, dice Ferrari. Según el diputado de origen bonaerense, “sólo recuperando los casi 7 puntos de coparticipación cedidos en los ’80, o restituyéndole el 10 por ciento del Impuesto a las Ganancias del fondo de reparación histórica, se contaría con recursos adicionales para cubrir un déficit fiscal que este año rondará los 15 mil millones de pesos”. Raimundi aporta una visión de largo plazo: “Está claro que la provincia, bajo la presidencia de Alfonsín, resignó una parte de la coparticipación que nunca recuperó. Esa es la razón del déficit que arrastra. La cuestión sólo puede resolver por la vía de un acuerdo entre Nación, la provincia de Buenos Aires y el resto de las jurisdicciones”, concluye Raimundi.
Fuente: 
Miradas al Sur.