Lunes, 11 Junio, 2012 - 11:29

Agrotóxicos
El Frente Grande pide valorizar las comunidades rurales

Resaltan el derecho de algunos usuarios de altas tecnologías y los agronegocios se impone sobre el derecho a la salud.

Sobre esta problemáitica el FG expuso el siguiente análisis:



"Campo Medina y Campo Nuevo: Cada vez son más los fallos judiciales que ponen límites al uso de agrotóxicos y se suman los reclamos de ciudadanos afectados. El último se dio hace semanas en la fiscalía de General San Martín, donde pobladores del la zona de Campo Medina y Campo Nuevo acompañados por la Red de Salud `Dr. Ramón Carrillo´hace dos años denunciaron al Establecimiento Don Panos por fumigar con agroquímicos sobre sus viviendas y sus emprendimientos productivos de autoconsumo.



El repetido reclamo de los pobladores dio a luz la inevitable medida precautoria que obliga a uno de los mayores terratenientes de la provincia a no fumigar con agroquímicos en una distancia 600 metros desde donde vive una familia de pobladores rurales.



La medida judicial y la resistencia de los pobladores generó una reunión que tuvo lugar en la ciudad de Pampa del Indio de la que participaron pobladores, representantes del Establecimiento Don Panos, funcionarios provinciales, el defensor del Pueblo del Chaco, el representante de Defensoría del Pueblo de Nación, referentes de organizaciones ambientalistas, el intendente local y el de Presidencia Roca y un diputado del Frente Grande.



Produjo un acuerdo a medias, ya que los representantes de la comunidad no lo firmaron,
planteando que era un avance este
espacio pero que entendían, que debía ser debatido en
la marco de la
comunidad
y que en 15 días iban a dar una contrapropuesta.



De la experiencia queremos rescatar algunos aspectos que entendemos son aportes al debate que se está dando en la Legislatura y en la sociedad.





Se observa que las instituciones no valoran la opinión de las comunidades afectadas por el uso de agro tóxicos. Ejemplo de ello son
el
tiempo
que se tomó el Poder Judicial para intervenir ante una denuncia que deja ver perjuicios en la salud y en las condiciones de vida de un grupo numerosos de familias rurales. Una medida
que debió ser dictada en forma inmediata, urgente, demoró casi dos años, sin que el fiscal haya realizado ningún tipo de actuación durante ese lapso.



A ello se suma un Poder Ejecutivo que estuvo ausente en los controles y en la aplicación de la Ley vigente, que empieza a reaccionar pero esta lejos de las demandas presentes y del control que exige esta realidad y una Legislatura que no da respuestas, no logra actualizar una ley que rige hace mas de veinte años, cuando el Chaco productivo era otro y
el efecto de los agro tóxicos no
tenia las consecuencias que hoy estamos sintiendo.




Las distancias en la fumigación terrestre deben ser mayores a las propuestas por el Poder Ejecutivo.



El fallo de segunda instancia judicial para el caso de la producción de arroz en La Leonesa prohibió el uso de agrotóxicos en los primeros 1000 metros desde la población, escuelas, cursos de agua por ejemplo y limita a más de 2000 metros las aplicaciones aéreas de estos productos nocivos para la salud. Esta última medida cautelar para la zona de Pampa del Indio estableció una distancia de 600 metros para las fumigaciones terrestres y encuentra resistencia de los pobladores que exigen más distancia, como mínimo 2000 metros, y la prohibición de las aplicaciones aéreas, fueron una de las demandas concretas de la reunión en Pampa del Indio. Un planteo similar realizaron pequeños productores de Colonia Unidas, Colonia Elisa, La Escondida, etc. ante la Comisión de Ambiente de la Legislatura y ante el Ministro de Planificación y Ambiente. Esta realidad nos demuestra que los 500 metros propuestos por el Poder Ejecutivo para la aplicación terrestre y los 1000 para la aérea son insuficientes para atender la demanda básica de los pobladores rurales.




La empresa reconoce incumplimientos y propone no utilizar fumigación aérea

Los representantes del establecimiento Don Panos, en la reunión realizada con pobladores, organizaciones y funcionarios públicos, reconocieron incumplimiento de la legislación en cuanto a las distancia en las aplicaciones y tratamiento de envases. Al igual
que en el caso de las Arroceras,
la empresa de Eurnekian, no se encontraban Inscriptas
en el Registro de
Residuos Peligrosos, lo que deja ver
que
el Gobierno, hasta acá
no controla y mucho menos sanciona estas practicas ilegales.



También la empresa ofreció comprometerse a no utilizar la fumigación aérea como forma de aplicación del tóxico, demostrando de esta manera que no es imprescindible la pulverización para las grandes extensiones de siembra lo que constituye una respuesta a la demanda por numerosas organizaciones para su prohibición definitiva por vía legal.



El agua, ¿próximo debate en Pampa del Indio?

Hemos recogido algunas inquietudes de los vecinos de esta zona, sobre el acuerdo realizado en Pampa del Indio respecto del abastecimiento
de agua a los pobladores de esta
localidad y de Gral. Roca que podría depender de un acuerdo entre el Gobierno y la Empresa Don Panós. Dejamos expresada aquí nuestra preocupación por la
posibilidad de que se aplique un enfoque productivista en este tema, en perjuicio del Dominio Publico del
recurso hídrico, acceder al agua es un
Derecho Social de la comunidad y una responsabilidad del Estado garantizarlo.



Una Nueva Ley


El demorado debate por una nueva Ley de Biocidas, que ponga límites y asegure el control al uso de agrotóxicos en nuestra Provincia, constituye un obstáculo al consenso necesario que permita garantizar la protección de la salud y el uso productivo de los recursos.

A manera de corolario, destacamos que el protagonismo de la comunidad y de las Organizaciones, marca la acción del Estado, en mora en sus diferentes niveles. Y advertimos que las respuestas no pueden ser puntuales y ante los conflictos, sino que deben ser generales y
deben estar enmarcadas en una nueva Legislación que recoja estas demandas. Pero no alcanza solo con una nueva ley sino hay además
un Gobierno y un Poder judicial
con la decisión política de aplicar la Ley con responsabilidad y sin complacencia con los poderosos.