Domingo, 3 Junio, 2012 - 09:39

La prensa, el poder y la pavada

Ejemplos de cómo el periodismo privado no sólo investiga la corrupción política sino a las corporaciones económicas.

Uno de los argumentos repetitivos de la campaña contra el periodismo que promueve el gobierno nacional se apoya en un planteo que muchos periodistas sostenemos desde hace largo tiempo. Esto es, que los trabajos de investigación, sobre todo los que atañen a hechos de corrupción, no sólo deben tener como objeto al poder político sino también al poder económico e, inclusive, a las empresas periodísticas. Este planteo –que es totalmente pertinente en muchos colegas, entre ellos, por supuesto, Reynaldo Sietecase– fue desvirtuado y utilizado con un fin meramente propagandístico en estos años. Se dice: la corporación periodística responde al poder económico, e investiga al poder político sólo como una estrategia más del primero para debilitar su capacidad de acción. Por lo tanto, toda investigación sobre corrupción en el Gobierno es, simplemente, un ariete del poder económico contra el poder político. La prueba de ello –se argumenta– es que nunca, pero nunca, la prensa se mete con el poder económico. Es así como un reclamo legítimo, interno al trabajo del periodismo, es transformado en un argumento para deslegitimar el trabajo de muchos compañeros y crear un paraguas de impunidad para funcionarios. Luego se lo repite hasta el hartazgo y para algunos apresurados empieza a ser verdad.



Lo curioso es que este slogan se da en un período histórico durante el cual el periodismo privado ha dado innumerables muestras de todo lo contrario, es decir, de que ha producido infinidad de investigaciones sobre el poder económico. Imagino yo un lector que simpatiza con el Gobierno leyendo estas líneas horrorizado, luego de años de intoxicación con slogans que dicen lo contrario. Por eso, para evitar este tipo de exasperación, mejor conviene ir a los datos puros y duros.



A saber:



- Pablo Calvo, del diario Clarín, realizó una investigación sobre la utilización de cobayos humanos por parte de la empresa farmacéutica Glaxo –una de las corporaciones más poderosas del mundo– en connivencia con el gobierno kirchnerista de Santiago del Estero (está claro que poder político y poder económico no siempre van separados).



- Distintos sectores de la prensa gráfica y televisiva privada advirtieron mucho antes que el ministro Julio De Vido que la gestión del grupo Cirigliano –una de las mayores empresas de transporte y seguros del país– en el tren Sarmiento ponía en riesgo la vida de miles de trabajadores. Difícilmente se pueda argumentar que la corporación de transporte no es poder económico.



- La prensa privada participó con una libertad que no tuvo la prensa alineada con el Gobierno del debate sobre la minería a cielo abierto, con sectores como el diario La Nación que respaldaron la posición oficial, y otros que la cuestionaron. Pero en ningún lado fue tabú cuestionar a la Barrick Gold, uno de los máximos exponentes de la corporación minera mundial, mientras la Presidenta de la Nación se fotografiaba con el CEO de esa megaempresa.



- Distintos sectores de la prensa privada advirtieron mucho antes que el Gobierno el negociado que se había producido con el ingreso del grupo Eskenazi a YPF, entre otras razones porque el Gobierno estaba involucrado. Y, año tras año, volvieron a informar sobre los resultados que iba produciendo el proceso de vaciamiento, en el mismo momento en que la prensa alineada con el Gobierno, en general, sólo reproducía los elogios presidenciales a la autodenominada “argentinización”.



- Fue la prensa privada la que detalló el surgimiento de un poderosísimo grupo económico comandado por Cristóbal López al calor del favoritismo estatal en distintas áreas. Esto incluye, obviamente, su desarrollo en el mercado del juego, que se extendió a niveles inimaginables, en manos de un socio, como si se tratara de recaudar por esa vía a expensas de una enfermedad que padecen, mayoritariamente, integrantes de los sectores más humildes.



- También fue la prensa privada la que discutió extensamente los negocios que el Gobierno concedió al grupo que conduce la gestión aeroportuaria y la que dio amplia difusión y micrófonos a la comisión interna de la multinacional de alimentos Kraft, durante el sonoro conflicto gremial del 2009. Hace quince días, la Presidenta posaría con directivos de esa misma empresa mientras existen reclamos pendientes.



TBA, Repsol, Barrick Gold, Aeropuertos Argentina 2000, Grupo Oil, Glacso, Kraft, son sólo algunos de los símbolos del poder económico. Ninguna persona seria puede decir que han sido encubiertos por la prensa, ¿Dónde se escucharon, por ejemplo, reparos serios en esta semana a la adjudicación del Sarmiento al grupo Roggio? ¿En la prensa privada o en la pública?



Los ejemplos son muchos. Diez días atrás, desde su tapa, el diario La Nación detalló las increíbles ganancias que obtuvieron los bancos en estos años. No es una nota que deje tranquilos a sus accionistas porque su sola publicación ejerce cierta presión sobre el Gobierno para que intervenga en esa área. Por supuesto que los ejemplos deberían ser más y cada cual tendrá su nómina de reclamos pendientes. En mi caso, hubiera preferido que la prensa privada realizara una profunda investigación sobre los vínculos entre el grupo Blaquier y el gobierno nacional, como sí lo hizo la novedosa revista Crisis.



Pero hay un contraste muy fuerte entre todas estas coberturas y lo que se observa, grosso modo, en la prensa alineada, donde el poder económico comienza a ser investigado sólo cuando tiene un conflicto con el Gobierno y sólo mientras este no se resuelve. Un ejemplo de eso ocurrió cuando la Presidenta denunció que un grupo económico había utilizado un crédito del Bicentenario para comprar dólares. Rápidamente, medios oficialistas apuntaron contra Blaquier, sin preguntarse cómo era que semejante personaje, con las denuncias que tiene en su contra por complicidad con el genocidio, recibía esos créditos. Hay otros: Repsol, Techint, el glifosato o Clarín sólo existen, en general, sólo son investigados por la prensa alineada cuando son señalados como enemigos por el Gobierno. Antes no. Después tampoco.



Para quienes hemos vivido los últimos 25 años de periodismo, todo este fenómeno es un avance. No siempre ha sido así. Pero la experiencia de la década del ’90 forzó a elevar los estándares del ejercicio profesional. Cualquier memorioso puede recordar tres libros de aquellos años que fueron ejemplares. Uno fue Robo para la Corona, de Horacio Verbitsky, con su minuciosa descripción del escándalo privatizador. Otro fue Los dueños de la Argentina, de Luis Majul, con la mejor descripción del origen italiano del grupo Techint, muy elogiada por otra parte por el propio Verbitsky en su momento (a mi entender, El Dueño es una buena continuidad de aquel trabajo). Y el tercero fue la monumental historia del Citibank en la Argentina, escrita por Marcelo Zlotogwiazda.



En estos años, muchos colegas que no participaron de esas investigaciones suelen repetir que al menemismo se lo denunció por “razones estéticas” o que las denuncias en los ’90 eran sólo de corrupción política y que no se tocaba al poder económico. Es un disparate tan grande que no resiste análisis. Hubo denuncias e investigaciones muy rigurosas que afectaban entre otros a: IBM, Oca y todas las empresas de correo privado, McDonald’s, Citibank, Banco República, Loma Negra, ATT, Repsol, Aeropuertos, Banco de Galicia, Banco Patricios, Banco Mayo, Ciccone Calcográfica, Banco General de Negocios, Telefónica, Telecom, Aerolíneas y todo el sistema de AFJP. La investigación sobre los sobornos en el Senado fue destapada por Joaquín Morales Solá en La Nación y afectaba el trámite de una ley reclamada insistentemente por los empresarios y el FMI. El golpe más duro al prestigio de la corporación eclesiástica en la Argentina fue la investigación que involucró a Julio César Grassi, el cura más popular de la Argentina, en el abuso de menores, realizada por Miriam Lewin y difundida por Telenoche Investiga. Las propias empresas de medios han sido denunciadas por periodistas no alineados con el Gobierno. Las investigaciones y denuncias contra el Grupo Clarín, por ejemplo, fueron realizadas por Julio Ramos, Jorge Fontevecchia, Jorge Lanata y Pablo Llonto, mucho antes de que este gobierno iniciara el conflicto actual, y entonces, súbitamente, apareciera una legión de ex empleados de Clarín dispuestos a sobreactuar su conversión.



En todos estos casos, fueron trabajos muy respetables. Algunos de ellos fueron apoyados por las empresas donde trabajan. Otros no. Sostener, en este contexto, que la prensa privada no afecta al poder económico es una pavada. Se podrá decir que no lo investiga lo suficiente, que no hay equipos de investigación destinados a seguir a fondo hechos de corrupción en corporaciones privadas –como debería haberlos–, que su mirada muchas veces está contaminada por prejuicios neoliberales o que su postura extremadamente crítica hacia el gobierno nacional le hace perder perspectiva respecto de los poderes que, a veces, en contadas oportunidades, este enfrenta. O que el conflicto desatado por la ley de medios hizo que muchos medios perdieran el equilibro.



En ese sentido, el reclamo de muchos colegas es legítimo.



La defensa de la credibilidad de nuestro oficio obliga a corregir una y otra vez esos déficits.



Pero una cosa es una cosa, y la otra el disparate, la consigna barata o el intento de utilizar los defectos de los medios para deslegitimar sus virtudes, que son muchas.



Mejor no confundir arena con gofio, como se decía antiguamente: hace como mil años, cuando ocurrió todo.
Fuente: 
InfoNews.