Miércoles, 30 Mayo, 2012 - 09:10

Correo de nuestros lectores
Verdades y mentiras sobre la colegiación de abogados

El 1 de junio vence la última prórroga otorgada a la suspensión de la ley que cedió el otorgamiento y control de la matricula de abogados al Colegio público.

El
pasado 23 de mayo ingresó al ámbito de la legislatura bajo el Nº1691/12, con la firma de los 2/3 de los diputados en ejercicio, un proyecto de ley que deroga la tantas veces suspendida ley de colegiación legal. Podría quedar allí, sin argumentaciones ya que se trata de la crónica de una muerte anunciada.



Pero no puedo ocultar mi discrepancia al leer los fundamentos que distorsionan los objetivos y naturaleza de la colegiación legal, denunciando vicios constitucionales onexistentes y, lo que es peor aun, haciéndole decir a la constitución provincial lo que no dice, simplemente por mencionar sus normas en forma parcializada y adaptándola a modo de conveniencia.



Así, entre otros, los Sres. Diputados mencionan que “evidentemente los argumentos esgrimidos a favor de imponer la ”colegiación obligatoria”, no reflejan el pensamiento y la voluntad de la mayoría de los abogados destinatarios del cambio” argumento basado en la “gratuidad del ejercicio profesional y la no obligatoriedad de asociarse a determinada entidad gremial” agregando que “La colegiación compulsiva no representa el mejor mecanismo para asegurar un correcto y ético ejercicio de la profesión del Abogado”. Desconozco cual puede ser el basamento fáctico que los lleve a tal conclusión, pues en su mayoría no son abogados.



Fundamentalmente, y solo a este aspecto me referiré por ser el eje sustancial de resistencia a
este tipo de organización, destacan un impedimento constitucional impuesto en la reformada constitución provincial cuando garantiza el derecho a ejercer la profesión sin obligación de asociarse a entidad alguna, citando el inc 3 del art. 15 CP, pero omitiendo el segundo párrafo que a renglón seguido dice: “La ley podrá autorizar a los colegios, consejos o entidades profesionales el otorgamiento y control de la matrícula, estableciendo la tasa respectiva y garantizando la gratuidad del ejercicio profesional”.



El conflicto generado alrededor de la constitucionalidad de la existencia de estas entidades en nuestro país ha sido resuelto hace ya muchas décadas, aun cuando no existían normas constitucionales que expresamente contemplaran tal posibilidad como en nuestro caso; lo que hace decaer tal argumentación.



Aunque con características corporativas y feudales, el origen de estas entidades se remonta a la edad media que, con al avance del Estado de Derecho fue modificando su naturaleza producto de la evolución de la relación individuo-estado. Asi, como ejemplo, en Francia en 1961 la jurisprudencia del Consejo de Estado Francés les otorgó el carácter de personas jurídicas privadas encargadas de una “misión de servicio público administrativo”, lo que hoy en nuestro país denominaríamos servicio público de gestión privada.



El Estado cede las facultades
del otorgamiento y control de la matrícula; los profesionales no se asocian a la entidad, se matriculan allí como consecuencia de esta delegación, al igual que respecto de las obras sociales y cajas de jubilaciones, con el beneficio de un control democrático que le otorga, a mi juicio, un valor agregado.

La misma Corte Suprema de Justicia de la Nacion (CSJN) reconoció reiteradamente que se ha demostrado que estos organismos en los cuales se delega el gobierno de las profesiones, con el control de su ejercicio regular y un régimen adecuado de disciplina, son prenda de acierto de su seguridad.



Sus propios miembros están en condiciones de ejercer mejor la vigilancia permanente e inmediata, con un incuestionable sentido de responsabilidad, porque están directamente interesados en mantener el prestigio de la profesión y se les reconoce autoridad para vigilar la conducta ética en el ejercicio de ella. (CSJN, Fallos: 203:129) citado por el Dr. Ricardo Tirigall Casté- investigador área jurídica Universidad de Mar del Plata en “LOS FUNDAMENTOS DE LA COLEGIACION PROFESIONAL OBLIGATORIA EN LOS FALLOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION”



Con argumentos similares en
1985 la misma CSJN reconoció que el Colegio es una entidad de derecho público con fines tales como: gobierno de la matricula, control del ejercicio profesional, dictado de normas de ética, resguardo del ejercicio profesional, entre otros; pero sobre todo que “no es una asociación sino una entidad destinada a cumplir fines públicos que originariamente pertenecen al Estado y que ésta normativamente transfiere a la institución que crea para el gobierno de la matricula”, esto al resolver una oposición a la creación del Colegio Público de Abogados de Capital federal (CPACF).





Es importante que estas cuestiones trasciendan a la opinión pública, para que se sepa que: el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA otorga la matrícula a los profesionales pero no controla las faltas de ética que no están determinadas. NO EXISTE UN CODIGO DE ETICA que regule la conducta de los profesionales del derecho en nuestra Provincia; la sanción prevista en la ley 25 (que rige actualmente) solo procede cuando un juez condena con
inhabilitación por la comisión de un delito. De alguna manera, la inexistencia de un tribunal que analice y juzgue la ética profesional garantiza cierta impunidad. De la falta ética al delito existe una distancia considerable que no permite asimilación alguna.



Por otro lado, argumentan los Sres. Diputados que no es aplicable el sistema colegialista por las características del ejercicio de la profesión de abogado atendiendo a la confrontación de los colegas en defensa de los intereses contrapuestos de sus clientes, por lo cual se restaría imparcialidad
en el eventual caso de tener que ser juzgada su conducta por ellos. Esto evidencia un absoluto desconocimiento de la actividad que desarrollamos, pues el conflicto no nos pertenece, y no confrontamos con nuestros colegas por ellos, o mejor dicho no debemos; solo somos instrumentos para resolverlo de la mejor manera posible pero respetando las normas de conducta que nos impone la ética, desconocida por muchos, lo que nos ha valido eternas críticas, además de duros e irreproducibles calificativos. Si la memoria no me traiciona solo en 2 o 3 provincias, incluyendo la nuestra, no existe este régimen.



La comparaciones con tributos, aportes y contribuciones
que efectúan no son serias, pues una cuestión es la responsabilidad fiscal como contribuyente ante el Estado o como trabajador respecto de la obra social y jubilación (delegada por el Estado), y otra totalmente distinta respecto al pago de la matricula. En consecuencia, no corresponde subordinar la viabilidad de estos organismos a una cuestión económica que es perfectamente subsanable.



A modo de ejemplo el COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE CAPITAL FEDERAL percibe como matricula anual una suma que no supera los $450 y los dos primeros años de ejercicio de la profesión esta bonificada.



Hasta es posible que muchos que se oponen a la Colegiación aquí aporten su matricula en otras jurisdicciones sin cuestionamiento alguno. Prudente sería informarse y hacer comparativos, pero no deslegitimar sin ellos la posibilidad de existencia del organismo.



Sres legisladores, salvo la petición de derogación de una ley que a esta altura no tiene razón de ser, la colegiación legal es sustentable
y legítima; y en nada contrapone disposiciones constitucionales.



Esto en la medida que se garantice razonabilidad en su integración,
funcionamiento y atribuciones, exposición clara de las normas de conducta que rijan su ejercicio y garantía del derecho de defensa, conducción democrática y representativa de la totalidad de profesionales que se desempeñan en el ámbito de la provincia, todo ello bajo la premisa de la existencia de un régimen colegiado que deviene incuestionable.



Quienes argumentan en contra implícitamente denuncian imposibilidad de alcanzar un nivel de madurez para ejercer la gestión responsablemente, o que no están dispuestos a aceptar el control del ejercicio de la profesión en un marco de ética y dignidad. No lo comparto.



(*) Abogada.