Jueves, 24 Mayo, 2012 - 20:49

Para el Departamento de Estado de EEUU, Argentina tiene "instituciones débiles" y "una justicia ineficaz"

Difundieron su informe anual en materia de Derechos Humanos. El mismo menciona diversos casos de presunta corrupción como el de Sergio Schoklender.

En el capítulo "Corrupción Oficial y Transparencia gubernamental, el informe sostiene que "la ley proporciona penas criminales para la corrupción oficial" pero reportes de la prensa sostienen que hay "funcionarios del Ejecutivo, legislativos y judiciales prometidos en prácticas corruptas con impunidad".



En ese contexto habla de "instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado judicial" que obstaculizan la lucha contar la corrupción.



Asimismo, menciona diversos casos de presunta corrupción como el caso por el que se investiga al ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender, la investigación sobre un supuesto esquema de financiamiento de las campañas ilegales del oficialismo de 2007 y la causa que involucra al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por el presunto delito de haber recibido dádivas de empresarios a los que debía controlar.



"El 3 de junio, un juez federal inició una investigación sobre presunto fraude y malversación de fondos públicos relacionados con Sergio Schoklender, el administrador financiero de la ONG Madres de Plaza de Mayo", subraya el informe y especifica que "la ONG había recibido aproximadamente 765 millones de pesos desde 2008 a través de un contrato con el gobierno para construir viviendas de bajo costo en todo el país".



Agrega que Schoklender "también alegó la corrupción gubernamental en la asignación de fondos para obras públicas, afirmando que los fondos fueron utilizados a veces para pagar las campañas políticas y que los proyectos se adjudicaron a menudo sobre la base de sobornos".



Puntualiza que "el 8 de febrero, el juez Norberto Oyarbide acusó a Héctor Capaccioli de 2007 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para recaudar fondos" y destaca el caso del ex secretario Jaime "por supuestamente recibir regalos y favores ilegales durante su mandato".



Menciona entre los principales problemas vinculados a los derechos humanos el "uso excesivo de la fuerza" por parte de la Policía que "a veces culmina con muertes", así como "acciones que ponen en riesgo la libertad de prensa" y las "continuas violaciones en los derechos de los pueblos indígenas".



Advierte sobre las "malas condiciones carcelarias" que incluyen el "maltrato a algunos prisioneros, el arresto y detención arbitrarios de manera ocasional" y cita la preocupación por la "eficiencia judicial e independencia" y la "corrupción de funcionarios". Enciende el alerta sobre "la violencia doméstica contra las mujeres, el abuso infantil, la trata sexual y trabajos forzados -sobre todo en el interior del país- y el trabajo infantil".



Con respecto a lo sucedido durante la última dictadura militar, el informe destaca que "las autoridades continúan investigando y enjuiciando a los individuos implicados en desapariciones, asesinatos y torturas" y lo subraya como "un foco de la política del gobierno argentino en materia de derechos humanos". Comenta que hay "nuevas investigaciones sobre el plan sistemático que tenía la última dictadura", que incluía "la apropiación de hijos de detenidos y el asesinato de los detenidos en los vuelos de la muerte". Según datos del CELS citados por el informe, hay "270 investigaciones judiciales en curso y 734 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar".



Acerca de la libertad de prensa, el informe del Departamento de Estado recuerda que "la constitución asegura la libertad de palabra y de la prensa" y el gobierno nacional "con excepciones", "generalmente respeta en la práctica esos derechos".



No obstante indica que la Asociación Interamericana de Prensa (IAPA) y "otras organizaciones" expresaron su preocupación acerca del gobierno por la relación conflictiva y la censura indirecta" a ciertos medios de comunicación.



Cita que el 18 de octubre la Asamblea general de IAPA visitó al gobierno nacional para -según dijeron- "terminar la escalada de agresión contra medios de comunicación críticos" a la administración central.



Recuerda que el 28 de diciembre, la presidenta Cristina Fernández firmó la ley de medios "que regula la producción, la comercialización y la distribución de papel de papel de prensa, estableciendo un precio uniforme para todo el papel e introduciendo nuevas exigencias de producción”.



"Mientras los abogados de la ley dijeron esto democratiza el acceso al papel de prensa, el IAPA lo describió una violación de la constitución y obligaciones de tratado internacionales, y expresó preocupaciones porque la ley permitiría al gobierno aumentar su parte" de Papel Prensa.



Incluso, recuerda que manifestantes "bloquearon la entrada de las plantas de impresión de Clarín y La Nación, dos de los diarios más extensamente leídos", lo que fue descripto por IAPA "como un ataque contra la libertad de la prensa".



Reseñó que en el Mercado Central, "el gobierno federal, ordenó que sus empleados ponerse ropa con la leyenda Clarín miente, que luego fue utilizada en carteles en otro acto”.



Detalló que el 15 de setiembre del año pasado "un tribunal federal para asuntos económicos ordenó a los periódicos Clarín, La Nación, Ámbito Financiero, El Cronista Comercial, Buenos Aires Económico, y Pagina 12 proporcionar la información de contacto, incluyendo direcciones personales, de cada periodista que había hecho un informe sobre la estadística de inflación del país desde 2006".



"La estadística de inflación oficial había sido criticada en algunos periódicos como inexacto", subrayó.
Fuente: 
Agencia DyN