Jueves, 24 Mayo, 2012 - 17:55

Panorama económico
Una cuasimoneda llamada "peso"

Las provincias volvieron a su estado natural: el déficit. No debería sorprender la repetida escena de gobernadores reclamando por fondos.

No es más que lo que viene sucediendo hace décadas y cualquiera puede comprobarlo con ver los resultados consolidados desde el año que desee. Sobran los dedos de una mano para encontrar ejercicios con superávit global.



Lo que sí ha cambiado -o mejor dicho, se ha exacerbado- es la presión del Estado nacional en las finanzas de los 24 distritos subnacionales en la distribución de los recursos. Vale la pena aclarar que si las provincias en su conjunto son deficitarias y lo serán cada vez más, no es el resultado de una supuesta conjura de gobernadores que se ponen de acuerdo para administrar cada vez peor sus jurisdicciones. Es la consecuencia lógica, inevitable, de un esquema de relaciones fiscales que poco y nada tiene que ver con el federalismo. Al punto que aquel que ose denunciarlo corre el riesgo de quedarse sin recursos en el cortísimo plazo. Los hechos de los últimos días son un buen ejemplo, ya que tuvo que ser el ex gobernador Hermes Binner (alguien que, al margen de su posición política, ya no carga con el peso de administrar una provincia) quien salió a cuestionar la presión nacional sobre los estados del interior. Binner salió a decir lo que Scioli, De la Sota y Bonfatti no pueden, so pena de quedarse sin fondos para pagar los sueldos de mayo.



¿Por qué el déficit de las provincias es una consecuencia lógica e inevitable? Sin eximir de responsabilidad a muchos gobernadores por las malas administraciones, la situación es el resultado de la falta de correspondencia entre la recaudación y el gasto. Una anomalía que no tiene nada de novedosa, por el contrario se remonta a 1935, cuando se instrumentó el primer régimen de Coparticipación. Desde entonces, con variaciones meramente cuantitativas, las provincias delegaron su facultad constitucional de recaudar impuestos a favor de la Nación, que tomó el compromiso de redistribuir esos recursos. El análisis de lo ocurrido en los 77 años transcurridos sería incompleto si no se tienen en cuenta las transferencias de los servicios educativos y de salud en 1979 y 1992, por los que las provincias pasaron a hacerse cargo de las escuelas primarias y secundarias y de los hospitales públicos. La aclaración que esas transferencias se hicieron "con los recursos necesarios para su atención" no resiste el menor análisis: los gastos en Educación y Salud tienen la dinámica propia de una población que en 33 años creció cerca del 50 por ciento y hace falta una autonomía en la recaudación para hacerles frente.



Este pantallazo podría servir para abordar la situación presente, en la que la disparidad entre provincias y Nación es cada vez más ostensible. La ley 23.548 de Coparticipación que con innumerables parches rige desde 1988 indica que las provincias no pueden recibir menos del 34 por ciento de la masa de recursos tributarios nacionales, sean o no coparticipables (esta última aclaración revela que ya por entonces se temía llegar al actual estado de cosas). Ese piso de garantía se transformó en los últimos años en un techo cada vez más lejano, al punto que los giros al interior que se hacen desde el Banco Nación están casi diez puntos porcentuales por debajo de él. Aunque habrá que admitir algo que podrá resultar incómodo a muchos que reclaman: si se cumpliera con el piso del 34 por ciento, los problemas de las provincias en el mejor de los casos se atenuarían, pero no desaparecerían.



En esta relación que nadie sabe por qué se sigue denominando "federal", existe una enorme disparidad en la posibilidad de acceso a las herramientas para solucionar la situación. Se asiste por estos días a provincias que manejan tres opciones para enfrentar el problema del déficit: aumentos de impuestos (presentado eufemísticamente como "reformas tributarias"), mayor endeudamiento y, en un extremo que se mencionada cada vez con más frecuencia, el regreso a la emisión de cuasimonedas. La Nación tiene resueltos los tres frentes y ni siquiera debe empeñarse en la incomodidad de someterse a una ley. Con la combinación de inflación, aumentos salariales y bases imponibles desfasadas, obtuvo una "reforma impositiva" fabulosa: entre 2003 y 2011, la recaudación impositiva aumentó nueve veces más que la actividad económica.



Para endeudarse, ante la imposibilidad de hacerlo en el mercado de capitales, cuenta con la invalorable colaboración de diferentes organismos del Estado que desinteresadamente proponen suscribir Letras del Tesoro y licuar sus activos a tasas inferiores a la inflación.



Y principalmente cuenta con una cuasimoneda llamada "peso": si hubiera acompañado la evolución del PBI de los últimos nueve años, la base monetaria tendría que ser de aproximadamente 65 mil millones de pesos. Pero al 11 de mayo se ubicaba en 222.797 millones. La diferencia entre ambas cifras podría considerarse la principal herramienta de coerción utilizada por el Estado nacional sobre las provincias: por la peculiar falta de correspondencia entre recaudación y gasto, es la Nación la que con la emisión monetaria obtiene un financiamiento "extra" que no es nada gratuito para el interior, que debe hacerse cargo de gastos corrientes que aumentan con la inflación que esa emisión genera. En el colmo del absurdo, muchas acceden planes de financiamiento que les concede un Estado que hace 77 años recauda los impuestos por delegación de quienes solicitan la asistencia...



En la medida que la dirigencia política en pleno considere que el problema de las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias se reduzca a más o menos puntos porcentuales de la coparticipación, la historia se repetirá año tras año y los déficit provinciales serán cada vez más voluminosos.



Aunque el laberinto tiene una salida: pensar de una vez por todas que las facultades constitucionales están para ser ejercidas, no delegadas.



(*) Subeditor de Economía de la Agencia DyN