Sábado, 19 Mayo, 2012 - 08:36

Aborto Condicionado

La Iglesia Católica intenta desplegar una ofensiva fuerte a fin de conseguir que las provincias no acaten o deroguen los protocolos hospitalarios para la atención de abortos no punibles.

La Iglesia Católica intenta desplegar una ofensiva fuerte a fin de conseguir que las provincias no acaten o deroguen los protocolos hospitalarios para la atención de abortos no punibles solicitados por mujeres víctimas de violación, en línea con el fallo de la Corte Suprema del pasado 13 de marzo.La estrategia de los obispos -explicaron- no es sólo declamatoria, sino que incluye una campaña "en positivo" para hacer frente a las consecuencias que dicen conlleva la sentencia del máximo tribunal. 



El objetivo de esta iniciativa es atender el "daño moral" provocado a la mujer violada mediante un operativo amplio de contención psicológica y espiritual y apoyar leyes que favorezcan en general la adopción y en particular de bebés fruto de situaciones "violentas y condenables".







Empero la "batalla por la vida" de la Iglesia se plantea desigual y con pronóstico de derrota, dado que varias provincias implementaron por decreto o por ley guías de procedimiento médicos para contemplar estos casos de aborto, sin necesidad de una autorización judicial y con la sola presentación de una declaración jurada de la supuesta víctima.







El principal frente eclesiástico se despliega por estas horas en Tucumán, donde el arzobispo Alfredo Zecca intenta presionar al gobernador tucumano José Alperovich para que no reglamente un protocolo hospitalario, aunque el mandatario adelantó que sumará su adhesión al fallo de la Corte.







El prelado tucumano reunió la semana pasada a dirigentes políticos de diversa extracción partidaria, ante quienes advirtió que la Iglesia "bajo ningún aspecto va a aceptar que se avale el aborto".



Monseñor Zecca planteó un argumento fuerte para rechazar esta práctica: "El embrión no es un lunar que pueda extirparse como si fuera un lifting o alguna otra cirugía estética".







En Entre Ríos, los obispos de las tres diócesis del territorio provincial se unieron para exigir la derogación del decreto del ministerio de Salud entrerriano que aprueba la guía de procedimientos para abortos no punibles, y reclamar la protección integral de las embarazadas que han sufrido violación.







"Lo único que se busca es que se pueda abortar expeditivamente a instancias del Estado y con la complicidad obligada del médico", cuestionaron en una declaración conjunta.







En esta provincia, la discusión del tema estuvo envuelta en una polémica a raíz de que el ministro de Salud, Hugo Cettour, se manifestó en contra del pedido de los familiares de una niña de 11 años, de Concordia, para que pudiera interrumpir el embarazo. El caso se judicializó y la nena, finalmente, no abortó.







En La Pampa, el obispo Mario Poli salió a cuestionar con vehemencia a los legisladores que aprobaron el protocolo, al considerar que "corrieron la línea de la vida hacia el abismo de la muerte" e hicieron caso omiso de la Constitución Nacional que, a su entender, es "más generosa" en el respeto de la vida por nacer.



Aquí también el ministro de Salud, Mario González, causó revuelo político al asegurar que la provincia no iba a acatar el fallo de la Corte Suprema. A tal punto que fue desautorizado en público por el gobernador pampeano Oscar Jorge, quien finalmente firmó el decreto.







La recomendación de la Corte Suprema de redactar protocolos o guías hospitalarias para la interrupción de embarazos en casos de violación sin necesidad de autorización judicial fue puesta en práctica por 14 provincias.



Todavía no se pronunciaron Río Negro, Mendoza, Jujuy, Chaco, Corrientes, Santa Cruz, San Luis, Catamarca, San Juan y la ciudad de Buenos Aires.







Salta es un caso especial, dado que el gobernador Juan Manuel Urtubey firmó -polémica mediante- el decreto correspondiente, pero agregó consideraciones que no estaban contempladas en el fallo del máximo tribunal.
Fuente: 
(*) DyN