Viernes, 18 Mayo, 2012 - 18:38

Después de hacerlo públicamente en los medios
Corregido se retractó por escrito "de las palabras que pudieron ofender a algunos diputados"

Lo hizo ante la comisión de Asuntos Constitucionales. Pidió “que el tema se dé por terminado”, en relación a la cuestión de privilegio planteada por el cuerpo.







Además, aclaró que lo hizo por escrito en ejercicio de las inmunidades que le reserva la ley de reglamentación del Instituto, la Constitución Nacional y la de la provincia.



El defensor del pueblo de la Provincia, Gustavo Corregido, se presentó este viernes ante la Legislatura con un escrito dirigido a la Comisión de Asuntos Constitucionales, reiterando su retractación por los términos que originaron una cuestión de privilegio, pese a que hasta el mediodía no había recibido ninguna invitación de ese organismo parlamentario.



En su nota, Corregido afirmó “cumplo en estar presente al requerimiento de los señores legisladores y en el uso de mis facultades e inmunidades reconocidas por las leyes, la Constitución de la Provincia del Chaco y la Constitución Nacional, lo hago por escrito”.



Y subrayó seguidamente que “lo que aquí expreso, es lo que siento y lo que la ocasión amerita. Como ya lo he hecho en reiteradas ocasiones, por todos los medios de comunicación, me presento ahora ante la Legislatura para ratificar mi retractación respecto de palabras que pudieron haber ofendido a algunos integrantes de la Cámara de Diputados”.



Recordó que viene diciendo “en cada oportunidad que me preguntan, que el tema debe superarse. Debe darse por terminado y comenzar a inscribir dentro de la historia de la provincia del Chaco la novel página del Instituto del Defensor del Pueblo”, y sostuvo que “lo hace desde el cargo que ejerzo con toda amplitud, con las facultades que la Constitución de la Provincia me concede”.



Recordó que fue la misma Legislatura la que “en 1993, por Ley 3952, consideró necesario al momento de aprobar la ley de declaración de la reforma constitucional, dotar al Chaco de un Defensor del Pueblo, incorporarlo a la nueva Carta Magna provincial y dotarlo luego, con la Ley 4190, de las mismas “inhabilidades, inmunidades, incompatibilidades y privilegios” de un diputado”.



Precisó que “la Constitución de la Nación dice respecto de las inmunidades de un legislador”, en sus artículos 68 y 69 determina lo que se ha dado en denominar "inmunidad parlamentaria". El texto establece que "ninguno de los miembros del congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador", aclarando incluso que las inmunidades comienzan a hacerse efectivas “desde el día de su elección…”.



Consideró seguidamente que “no había necesidad de esta cuestión de privilegio, que no puede proceder atento lo manifestado más arriba, pero que a la vez es absolutamente innecesaria porque lo que aquí se está reclamando lo he hecho por mi iniciativa, por mis propias convicciones”.



De todas maneras remarcó “no puedo dejar de considerar, bajo de pena de traicionarme a mí mismo, que la ley de estructura de cargos de la Defensoría del Pueblo, sancionada a fines del año anterior, no era una buena ley” y repasó que “posteriormente el Poder Ejecutivo vetó acertadamente” la norma y “motivó que esta Cámara de Diputados aceptara el veto y
sancionara una nueva ley de estructura de cargos innominada”.




Por último, dirigiéndose a los legisladores
reflexionó “la sociedad está demandando acciones. El Instituto de la Defensoría del Pueblo, está comenzando a dar sus primeros pasos. Pido a mis comprovincianos, entre ellos claro, los miembros de esta Honorable Casa, que nos acompañen en esa tarea, que dejemos esta cuestión, a partir de esta formal retractación en el rincón que la historia le tenga reservado, y avancemos hacia el camino que la provincia nos demanda”.