Miércoles, 16 Mayo, 2012 - 19:37

La Justicia Federal unificó las causas de enriquecimiento y de quiebra de la ex Ciccone que involucran a Boudou

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Además el juez Ariel Lijo ordenó ampliar la investigación sobre el funcionario y su entorno.

El juez federal Ariel Lijo unificó hoy las causas en las que se investiga al vicepresidente Amado Boudou por la ex Ciccone Calcográfica y por su presunto enriquecimiento ilícito y dejó como fiscal de ambas a Jorge Di Lello, por lo que así quedó afuera del primer expediente Carlos Rívolo, quien había sido recusado por un amigo y socio del actual número dos del Poder Ejecutivo Nacional.



En tanto, Lijo también avaló el allanamiento al departamento de Boudou en Puerto Madero, donde se encontraron elementos que probarían su relación con Alejandro Vandenbroele -señalado por su ex mujer como presunto testaferro del vice-, y ordenó medidas de prueba para avanzar en la causa por supuesto enriquecimiento, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y bancario y pedidos de informes patrimoniales y de ganancias.



"La decisión del juez es razonable y preserva la prueba que se obtuvo",  dijo Rívolo, en referencia al aval de Lijo al allanamiento.



De esta manera, Lijo pudo apartar a Rívolo de las pesquisas sobre Boudou sin tener que apelar a la aceptación lisa y llana de la recusación contra el fiscal.



Fuentes judiciales informaron a esta agencia que Lijo unificó ambas causas por la "conexidad" que establece el Código Procesal Penal cuando en varios expedientes figuran las mismas personas sospechadas de delitos que "han sido cometidos simultáneamente".



En la causa por la ex Ciccone se investiga a Boudou, Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele, dueño de la empresa que se quedó con la compañía y señalado por su ex esposa como presunto testaferro del vicepresidente, y los tres fueron denunciados por presunto enriquecimiento ilícito junto con Agustina Kämpfer, periodista y novia de Boudou.



La causa por enriquecimiento está a cargo de Lijo y Di Lello, fiscal que ahora se quedó con ambos expedientes, ya que el de Ciccone lo anexó a aquel.



Así, Rívolo, quien había dado importantes pasos para tratar de demostrar la relación Boudou-Vandenbroele y si el vicepresidente había realizado tráfico de influencias para que la empresa The Old Fund, de Vandenbroele, administre Ciccone, se quedó afuera de la pesquisa.



En tanto, en la causa por enriquecimiento ilícito Lijo levantó "el secreto bancario y fiscal de los denunciados" y solicitó 10 medidas de prueba para avanzar, que había pedido Di Lello al impulsar la investigación.



Entre ellas, un pedido a la Oficina Anticorrupción (OA) para que envíe "copia de las declaraciones juradas, incluyendo el anexo reservado, que Amado Boudou hubiese presentado dentro de los 30 días de la asunción de su cargo y anualmente durante el desempeño de la función pública a la que hubiere sido designado".



También solicitó a distintos organismos públicos las declaraciones de compra de muebles, autos y motos, de yates o embarcaciones y aviones y antecedentes societarios de 14 empresas en las que los acusados tendrían participación, como Compañía de Valores Sudamericana SA, la nueva Ciccone; The Old Fund, la empresa de Vandenbroele que levantó la quiebra de la imprenta, y London Supply SA, compañía que aportó 1.800.000 dólares para recuperarla.



Para anexar las causas, Lijo declaró "abstracta" la recusación contra Rívolo que había planteado Núñez Carmona, a través de su abogado Diego Pirota, quien calificó al fiscal de "nocivo" para el expediente.



De esta manera, la causa por la ex Ciccone se quedó sin su juez y fiscal original, ya que el magistrado Daniel Rafecas fue apartado por la Cámara Federal, también a pedido de Núñez Carmona, por un intercambio de mensajes de chat telefónico con un abogado al que le adelantó opinión sobre el expediente.



A pesar de declarar abstracta la recusación, el juez Lijo criticó la actuación del abogado Pirota al señalar que las objeciones a las decisiones de los fiscales deben ser apeladas y que "los atajos injuriosos nunca constituyen una defensa plausible", porque lo contrario "por lo general sólo deja en evidencia la falta de fundamentación".



En ese mismo expediente, Núñez Carmona había pedido la nulidad del allanamiento del departamento de Juana Manso 740, propiedad de Boudou, alquilado a un abogado. Pero se sospecha que allí vivió Vandenbroele, ya que se encontraron pago de servicios a su nombre.

Núñez Carmona objetó que el allanamiento se haya realizado en base a la declaración jurada de Boudou sobre la que, sostuvo, Rívolo no indicó motivos para solicitarla.



"Ninguna de las cuestiones planteadas lesionaría las garantías de su defendido en tanto el domicilio que ha sido sometido al allanamiento cuya validez se cuestiona no es el domicilio de Núñez Carmona y tampoco es un domicilio que haya sido habitado ni alquilado por el nombrado", rechazó Lijo. Y agregó que el allanamiento "no lesiona los derechos de Núñez Carmona".



También sostuvo que pedir declaraciones juradas es facultad de "un juez o fiscal", lo que está reglamentado en el Código Procesal Penal, y que Boudou está imputado en la causa por negociaciones incompatibles.



"El pedido y la utilización de las declaraciones juradas del Sr. Vicepresidente de la Nación, en el marco de este proceso, resultan perfectamente legítimas y no lesionan ni una garantía ni otra regla formal que acarree la nulidad de su introducción y, por ende, justifique la negación de su valor probatorio", concluyó el juez.



Fuente: Agencia DyN