Miércoles, 16 Mayo, 2012 - 08:09

Policías Autoconvocados en contra de la ley de Seguridad Pública

Mandá tu info, fotos, videos o audios al 3624518042

Critican que desconoce derechos y genera inseguridad jurídica a los policías.

La Asociación de Policías Autoconvocados por un Salario Justo del Gran Resistencia, luego de deliberar en una Asamblea junto a compañeros retirados de General San Martín, La Leonesa y Basail,
fijaron posición sobre la ley 6976 de Seguridad Pública promulgada recientemente por el Poder Ejecutivo:



Al respecto, objetan la ley fue legitimada con el consenso mayoritario de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, producto de acuerdos de los bloques legislativos. Se modificaron
e incorporaron nuevos artículos al proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo, en aproximadamente un 50% del texto aprobado. "Hemos hecho aportes participando en la consulta pública, y a través de documentos que con críticas y propuestas presentamos en su oportunidad ante la Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad de la Cámara de Diputados".



"Disentimos con el apuro y la técnica legislativa utilizada desde la concepción misma del proyecto en el seno del Poder Ejecutivo y en el tratamiento en la Cámara de Diputados, tanto en su aprobación en general como en particular. Una gran parte de la ley se aprobó prácticamente a libro cerrado sobre la base de un acuerdo político y sin debate público, lo que no permitió conocer los fundamentos y el espíritu de la ley en muchos pasajes. Existen baches y lagunas normativas, falta de realismo e incongruencias, y en algunas partes exceso legislativo,
superposición y contradicción con varias leyes vigentes. Advertimos que esto traerá conflictos de interpretación y de aplicación de la norma, e inseguridad jurídica para los policías, al mantenerse vigentes sin derogar las leyes 4987 (Orgánica Policial) y 1134 (del Personal Policial), y sus respectivas reglamentaciones".



Consideran incomprensible que tanto el Poder Judicial, como el sector policial, organizaciones y entidades directamente vinculadas con la Seguridad Pública y la Policía Judicial,
no hayan sido convocados para opinar y exponer en la Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad, como lo indican las buenas prácticas legislativas y el sentido común.
"La ley 6976
se hizo sin los policías y en gran parte cuestionando a la institución policial, sin derecho a defensa. Se impuso una mordaza institucional y no fueron autorizados a participar y a opinar durante el proceso de tratamiento del proyecto de ley".



Postulan que la seguridad pública es un tema vital para la comunidad que no puede dejarse solo en manos de la Policía, "pero también es cierto que no se puede hacer seguridad pública sin
policías y menos en contra de los policías".
Tampoco justifican la actitud de pasividad y silencio por parte de las autoridades superiores y órganos colegiados de la Fuerza." Una situación que no merecía nuestra gloriosa Policía del Chaco, ahora relegada a cumplir funciones operacionales como un subsistema de menor categoría dentro del Sistema de Seguridad Pública"



 

"Nos causa una profunda desazón, sobretodo cuando desde la declamada concepción democrática de la seguridad pública, constatamos la intransigencia de los bloques legislativos para no debatir el derecho a la sindicalización policial, y no permitir prácticas democráticas en la Policía. Es contradictorio que se haya definido en el texto de la ley 6976 que la Policía es una institución civil, que va a ser conducida y controlada por funcionarios sin estado policial, y en la que ingresarán personal civil sin estado policial para trabajar en tareas de apoyo, y no se admita al mismo tiempo la sindicalización. Esta situación discriminatoria
hace presumir que existe una intención solapada de afectar negativamente los derechos del personal policial, sin permitir que se puedan discutir condiciones de trabajo y salarios del personal policial con la patronal.



También nos llamó la atención que los bloques de la Alianza Frente de Todos, Nepar y Libres del Sur, se mostraron muy críticos en la sesión donde se aprobó en general la ley de Seguridad Pública y en apariciones mediáticas, y durante el tratamiento en particular aprobaron prácticamente todo sin formular mayores objeciones, con la sola excepción del diputado Varisco de Bases y Principios, que votó en contra
aproximadamente 80 artículos que tratan sobre la orgánica policial y el régimen profesional de los policías, aduciendo que en los términos que fue concebida y redactada la ley
6976, esta es arbitraria e irreal, cuestión que compartimos. También coincidimos con el oficialismo y la oposición en advertir que la ley 6976 por sí misma no solucionará en el corto plazo el acuciante problema de la inseguridad pública, y es mas vemos con preocupación que inclusive se pretende desconocer la crisis a partir de un diagnóstico parcial y equivocado de la situación actual.



Lamentamos la falta de participación y pronunciamiento público de las asociaciones civiles y mutuales policiales con personería jurídica de nuestra provincia, que se despreocuparon y abandonaron a su suerte a los afiliados frente a un Gobierno que avasalla nuestros derechos, generando
un manto de dudas sobre los verdaderos objetivos e intereses tutelados por esas organizaciones y sus dirigentes.





 Alertamos una vez mas al personal en actividad y retirados y a toda la familia policial, que el Gobierno viene ejecutando un proyecto de desguace institucional, ahora profundizado por la promulgación de ley 6976. Que asimismo no escatima en denigrar al personal de la Institución, con el objeto de cercenar nuestros derechos, con una actitud discriminatoria y violatoria de los mas elementales principios democráticos. Se nos niega el derecho a peticionar y obtener respuestas de las autoridades, y a defender nuestros intereses colectivos a través de la herramienta sindical. Y también se nos continúa castigando a través de la política salarial de pobreza e indigencia, fijándose por Decreto sumas en negro -inconstitucionales e ilegales- de entre un 37% y un 22% del sueldo del personal en actividad y con el incumplimiento sistemático e impune de la ley 1134, que provocan quitas salariales tanto a activos como retirados, sumiendo en un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica a todos los policías y penitenciarios de la provincia del Chaco".